Luis Losada Pescador

Felipe González decidió violar el cadáver de Montesquieu con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Frente al gobierno de los jueces por los jueces estableció un reparto de cromos en un modelo bipartidista obligando al consenso de tres quintas partes. El Constitucional bendijo la reforma a pesar de su abierta contradicción constitucional. Argumentó que podía ser constitucional si no se producía reparto de cromos sino consenso. Regular actitudes siempre es garantía de fracaso… Voilá.

Pero ahora el gobierno pretende una nueva vuelta de tuerca. Pretende modificar la ley que exige una mayoría reforzada de tres quintos por una mayoría simple. De esta manera lograría renovar el CGPJ y de paso el Tribunal Constitucional.

El as en la manga sería eliminar el test de idoneidad requerido para los candidatos al Constitucional. Un test que no pasarían ninguno de los dos candidatos propuestos por el gobierno. Uno porque el haber sido ministro del gobierno tendría que inhibirse en al menos 15 asuntos pendientes del Alto Tribunal. Y la otra porque las reformas que pretende contradicen la letra y el espíritu de la Carta Magna.

Si no pueden pasar el examen, eliminamos el requisito del examen. Soluciones Pedro Sánchez que tiene el cuajo de presumir de institucional.

Y a todo esto, ¿por qué tanto interés del gobierno en controlar el Constitucional? Más allá del orgullo y del deseo de que no haya una instancia que le desautorice un día sí y otra también, está el deseo de contentar a ERC con un referendum pactado y un nuevo estatuto abiertamente contrario a la unidad nacional. Y para eso necesitan un Constitucional ‘a modo’.

Pero el Constitiucional también tiene su botón nuclear: declarar inconstiutucional la ley que secuestra al CGPJ caducado impidiéndole nombrar vacantes. Y también podría declarar inconstitucional la reforma del Poder Judicial que pretenden colar dentro de la reforma del delito de sedición.

Casualidad -o no, que diría Rajoy- el asalto al poder judicial se pretende en el mismo vagón que la eliminación de la sedición. Es el pack completo del desmantelamiento del andamiaje institucional.

Nunca el Constitucional había sido tan relevante como ahora. Esperemos que esté a la altura de su responsabilidad institucional.

El anzuelo del pescador

    Malversación ‘made in ERC’. La rebaja de delito de malversación que pretende ERC tiene como objetivo la amnistía encubierta a los golpistas del procés. ERC se compromete a hacer círculos cuadrados y que el perímetro de aplicación no se extienda. ¿Podrá?

    Barones inquietos. Page, Vara, Lambán siguen preocupados con la deriva sanchista. Sobre todo por la acumulación de chantajes pagados a los nacionalistas. Pero ninguno votó contra sedición. Y Sánchez les ha prometido que todas las reformas polémicas terminan con las uvas.

    Nepotismo Calviño. Patrimonio escondió información a los otros candidatos al puesto que ocupa ahora el marido de Nadia Calviño, la supuesta tecnócrata del gobierno.