Luis Losada Pescador

La muy feminista Irene Montero llegó al ministerio de Igualdad con un objetivo supuesto: combatir el abuso sexual y proteger a las mujeres. Por eso lanzó la llamada ley “sólo sí es sí”. Es decir, si la mujer dice no es que no; todo lo demás es abuso.

La inseguridad jurídica introducida en el ámbito de la intimidad está servida. Porque es imposible probar el consenso. Por eso la ley prevé que baste con el testimonio e la mujer para criminalizar al varón. ¡Toma igualdad!

Pero resulta que hay algo todavía peor: la ley es tal chapuza legislativa que permite que los depredadores sexuales logren rebajas en sus penas o incluso librarse de la privación de libertad. De momento son ya 13 los violadores beneficiados por la ley Montero-Sánchez. Pero hay una verdadera avalancha de violadores que ya han presentado sus recursos para beneficiarse de la nueva legislación.

Irene Montero y su secretaria de Igualdad, Rodriguez Pam -la de la “diarrea legislativa”- no reconocen error alguno. La culpa ni siquiera es del chá-chá-chá sino de los jueces fachas que aplican mal su beatifica legislación.

Los jueces, como es lógico, están que echan las muelas. Hasta los izquierdistas de Jueces para la Democracia piden su rectificación. Y el CGPJ ha tenido que emitir una nota de condena del obus ejecutivo contra el judicial.

Dicen que Montero anda ahora desquiciado buscando responsables. El enemigo está en casa. Hasta 22 informes alertaron de lo que lamentablemente está ocurriendo. Pero la prepotencia y la arrogancia hicieron que no fueron escuchados. Tampoco escuchó el ministerio de Justicia, coautor de la ley. Ni el Consejo de Ministros que colegiadamente aprobo el texto. Ni los diputados del PSOE y Ciudadanos que votaron a favor en el Congreso. Ni los cuatro diputados del PP que también avalaron la ‘diarrea’ podemita. A saber: Beatriz Álvarez Fanjul, Joaquín María García Díez, Antonio González Terol y Ricardo Tarno Blanco.

Algunos iletrados del PSOE como Patxi López proponen corregir endureciendo las penas retroactivamente. Una inconstitucionalidad que revela además de una profunda ignorancia jurídica, una preocupante pulsión totalitaria.

El presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior Grande Marlaska prefieren confiar en que sea el Supremo quien solvente la cuestión. El problema es que el Supremo no puede legislar. El ahujero es tan grande que no puede ser tapado con jurisprudencia. De hecho las sentencias que están rebajando las penas están siendo dictadas por jueces ‘progresistas’ y expertos en violencia de género.

Podrá corregirse la ‘diarrea’. Pero ni será inmediata ni corregirá el daño. Porque sólo se podra aplicar desde que entre en vigor en adelante. Los actuales violadores quedarán rebajados en sus penas gracias a la muy feminista ninistra Irene Montero. Paradojas posibles gracias a la ignorancia, la soberbia y la prepotencia ideológica.

El anzuelo del pescador

Lawfare. Es la tendencia a criminalizar a los jueces cuando dictan sentencias que no son del agrado. Se quiebra primero la autoridad judicial para después sustituir a los jueces por jueces de probada afinidad. ¿Estado de Derecho?

Cuponazo. El PNV logra negociar un nuevo cuponazo vasco chollazo. El resumen es que el déficit de las pensiones vascas y navarra lo pagaremos el resto de los españoles. ¿De verdad que quieren ser independientes?

Bronca Trabajo y Seguridad Social. Escrivá sostiene que hay trabajos con deficir de trabajadores por lo que propone abrir la puerta a trabajadores extranjeros. Yolanda Díaz se niega: no es que no haya trabajadores para esos trabajos, es que no los hay para esos sueldos. Si cerramos la puerta al extranjero elevamos el sueldo para el nacional.