Ya era hora. Han interpuesto una querella contra las cinco mujeres de la plataforma Femen que el pasado domingo interrumpieron la Marcha por la Vida.

El Código Penal español, en su artículo 514.4, expone que “los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturben gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita, serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años, si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de  prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo”.
 
Según María Moreno, portavoz de Enraizados, “en un régimen de libertades todos pueden defender sus opiniones. Pero si queremos vivir en un Estado de Derecho, la defensa de dichas opiniones debe respetar los derechos fundamentales de los demás y en todo caso las leyes vigentes justas. La ley prohíbe que un grupo pueda contramanifestarse impidiendo o perturbando una manifestación legal. Eso es lo que ocurrió el pasado domingo, donde gente corriente, incluyendo familias con niños, fue perturbada por un grupo de mujeres. Algunas de ellas portaban cargas explosivas para, al menos, asustar a los manifestantes, mientras que otras agredieron a algunos asistentes”.
 
“Todo ello exige una actuación judicial que proteja a la sociedad de esta escalada de violencia y violación de la ley. Asimismo, debe estudiarse si el llamado Grupo Femen está debidamente constituido y si es posible que sea un plataforma nacida para delinquir, pues constantemente se hacen presente violando las leyes”, explica Moreno. “España debe decidir si quiere que los violentos tengan los mismos derechos que los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente.