Miguel Massanet Bosch.

La magnitud de la operación de desgaste contra aquellos que tienen la obligación de juzgar a los acusados por los presuntos delitos de los que están acusados, perpetrados con ocasión del ilegal referendo del 1.O; ha sido preparada con gran detalle, utilizando todos los medios al alcance de quienes tiene interés en que, los inculpados puedan sacar ventaja de una supuesta parcialidad del TS, pensando que, ante Europa y ante el TEDH, cuando llegase el momento de recurrir contra la sentencia dictada por el TS, el denunciar parcialidad les iba a proporcionar argumentos lo suficientemente sólidos para presentar a la Justicia española como de poco fiar. Lo mismo que pretendieron insinuar los tribunales alemanes y los belgas con ocasión de la fallada extradición de Puigdemont.
Mucho nos tememos que, lo que comenzó con una reunión entre los representantes del PSOE y los del PP en la que, rara avis, consiguieron ponerse de acuerdo sobre la designación del futuro presidente del TS y del CGPJ, el señor Marchena, incluso antes de que fueran nombrados los vocales ( también consensuados) que, en teoría, tendrían que nombrar a quien dirigiera dichas instituciones; tuviera truco, escondiera una trampa y nada más fuese una más de las artimañas del señor P.Sánchez para desprestigiar al nuevo presidente del PP, señor Casado, al que alguien le hizo creer que, con tal nombramiento, a pesar de quedar en inferioridad de votos, aun contando con el de calidad del presidente, dada la distinción, la preparación y el prestigio del magistrado Manuel Marchena, hacía suponer que, el resto de los componentes del alto tribunal, respetasen su opinión y no se dejasen arrastrar por sus respectivas ideas políticas a la hora de juzgar; algo que no tenemos porqué poner en duda cuando se trata de personas de reconocidos méritos a lo largo de su vida profesional.
Fuere como fuere y sean ciertas o no nuestras suposiciones, la evidencia de que aquellos acuerdos, que deberían haber sido secretos, pronto fueron aireados por alguien que, evidentemente, tenía interés en crear problemas a los que intervinieron en aquel pacto, especialmente los que acudieron en nombre del PP que, en realidad, han sido los que han salido peor parados, incluso para sus simpatizantes y votantes, que lo han considerado semejante convenio como un mal concierto en el que, quien sacaba la máxima ventaja era, sin duda , el PSOE del señor Sánchez. Por si fuera poco los de siempre, los que tienen por misión embrollar las cosas, crear disgusto entre la ciudadanía y criticar, cargando las tintas, al nuevo líder del PP, Pablo Casado, la primera pieza a abatir de los partidos separatistas y de izquierdas, sabedores de que se trata del principal enemigo al que se deberán enfrentar si quieren poder hacerse con España sin que ello se les convierta en una proeza imposible.
Lo que sucede es que, a este equipo que apoya los proyectos de P.Sánchez, si bien se le atribuye una cierta preparación y ha sido reclutado de entre lo mejor del socialismo español, no se caracteriza por su discreción, habilidad y prudencia a la hora de deshacerse de aquellas personas que no comparten sus modos de actuar. La tres veces reprobada ministra de Justicia, señora Dolores Delgado, acaba de retirar “por falta de confianza” al abogado del Estado, señor Edmundo Bal que representaba a la Abogacía del Estado en la causa del 'procés', en la que, finalmente, el Gobierno decidió a través de la abogacía del Estado, limitarse acusar a los encarcelados catalanes sólo por sedición y no por rebelión, una postura que, este abogado del Estado se negó a aceptar negándose a firmar el correspondiente documento.
El señor Sánchez se encuentra, aunque intente disimularlo, en una situación muy delicada al no conseguir que, los partidos separatistas, especialmente los catalanes, no quieran apoyarle los PGE para el 2019, sabiendo que ya se los están reclamando desde Bruselas, donde, por cierto, se le han formulado objeciones respecto a la credibilidad de la recaudación que tienen prevista por los impuestos y los gastos, muy elevados, que han contraído para intentar cumplir con sus promesas electorales algo que, según Bruselas, no parece que cuadre. Tanto ERC, como la CUP o la CDECat no parecen dispuestos a dejarse convencer si antes el Gobierno no hace algunos gestos encaminados a anular los juicios contra los detenidos por lo del 1.O, y dejar en libertad a todos ellos. Naturalmente nada de esto está en las manos de Sánchez pero sí, y es por eso que lo intenta, intentar manipular a fiscales, abogados del Estado y jueces para que rebajan sus peticiones de condena y se limiten a juzgar por aquellos delitos menores para los cuales las penas sean más reducidas. Les quedan los indultos, pero esto supone tomar unos riesgos que no sabemos si están dispuestos a aceptar.
La fiscalía fue la que desde el primer momento se mostró más dispuesta a aplicar a los investigados las penas máximas, incluida la de rebelión. No obstante, la entrada de una nueva fiscal general del Estado, la señora María José Segarra, aunque en un principio dio la sensación de que iba a seguir la misma iniciativa de su antecesor en el cargo, no sabemos si, últimamente,  se puede haber dejado convencer para que los fiscales del caso rebajen sus acusaciones sobre determinados delitos o pidan penas de menor entidad para los mismos. Tenemos la esperanza de que nada haya cambiado y de que, como es su deber y obligación, los representantes de la Justicia a los que se les ha encomendado el juzgar a los implicados en los hechos del día 1 de Octubre, en Catalunya, no dejen que tiemble su pulso a la hora de decidir, con absoluta justicia e independencia, a quienes presuntamente cometieron uno de los delitos más graves que se puede encontrar en nuestro CP.
No obstante, el hecho de que la señora Segarra no quisiera hablar de “una causa general” y se limite a que los encausados sean juzgados uno a uno, evitando hablar de delitos colectivos, nos advierte de por dónde van a ir los tiros y nos tememos que vamos a tener sorpresas cuando salgan las correspondiente condenas, si es que las hubiera, y nos encontremos ante una situación en la que todas las algaradas, manifestaciones, insultos colectivos, amenazas, escraches, invectivas, desobediencia a las leyes españolas, enfrentamientos a las fuerzas del orden público, quemas de banderas y de fotografías del Jefe del Estado ( ya sabemos que, para determinados tribunales, no son más que mero ejercicio del derecho de expresión) para la Justicia no sean más que expresiones “legítimas” de la opinión de los ciudadanos.
Nos hemos cansado, durante años, de ir advirtiendo de que el tema catalán se había enfocado de una forma errónea y que, poco a poco, ante las continuas cesiones por parte de los gobiernos que han tenido que enfrentarse a él, se ha ido enquistando, aumentado de volumen, consiguiendo más adeptos hasta que, finalmente, se han sentido lo suficientemente fuertes para enfrentarse al Estado; máxime cuando, como está ocurriendo actualmente, se ha encontrado con gobiernos que lo que están intentando es mantenerse en el poder y, para ello, como es el caso del gobierno socialista actual, necesita urgentemente recibir el apoyo de todos aquellos partidos que, con su apoyo, le hicieron ganar la moción de censura contra M.Rajoy.
España se está convirtiendo, ante la evidente inopia de los políticos, en un terreno de nadie, donde van proliferando asociaciones, grupos de presión, comunidades de vecinos, antisistema, okupas, anarquistas y toda una serie de personajes que intentan hacerse famosos utilizando los lenguajes más soeces, las expresiones más desagradables y antipatrióticas, la amenaza explícita o velada y la negación de la autoridad aunque, en su fuero interno, lo que tienen en mente es alcanzar el poder, desde el cual poder medrar y enriquecerse ya que, la mayoría de ellos, nunca en su vida podrían salir de lo más bajo del estamento social por su falta de preparación y conocimientos para ocupar puestos de relevancia. No olvidemos que muchos de los mayores tiranos de la Historia, han salido de entre los desheredados de la fortuna.
Pero, no podemos despreciar el peligro que comporta para España que sus actuales gobernantes esté conspirando para ir formando grupo con los bolivarianos del señor Iglesias, intentar dar el cambiazo para derrocar a la corona ( desde hace un tiempo la agenda el Jefe del Estado parece quedar muy vacía) para lo cual ya tiene a sus voceros, los de Podemos, que no cesan de intentar sacar a relucir los defectos que encuentran en la monarquía, lo cual les ha llevado al punto más débil de la institución monárquica, el rey emérito Juan Carlos I, una persona que, si bien fue muy querida en España y muy eficiente durante su reinado tuvo, desgraciadamente, comportamientos poco edificantes en su vida privada que, en muchas ocasiones, lo colocaron en situaciones comprometidas de las que tuvo que ser rescatado por los gobiernos de turno. Los “podemitas” ya han empezado a explotar este filón, enviándole cartas en las que se le conmina para que se presente en el Congreso para dar explicaciones sobre su conducta.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos el presentimiento de que nos quedan por delante momentos en los que vamos a necesitar de toda nuestra serenidad, fortaleza de ánimo, patriotismo y, si fuera preciso, voluntad de luchar, tino y prudencia para evitar que se nos pudieran imponer regímenes totalitarios y dictatoriales como los que, desgraciadamente, existen en otros países donde hay dictadores que no reparan en masacrar a sus adversarios para mantenerse al frente del poder omnímodo.