Redacción Madrid. 20 de diciembre. 

  Al menos 70 inmigrantes iberoamericanos han denunciado haber perdido en los últimos meses su vivienda, pero siguen obligados a pagar su hipoteca, tras haber sido víctimas de una estafa inmobiliaria ideada por una consultoría que hasta hace unos días operaba en la Gran Vía madrileña, denunció a Europa Press la asociación 'América España Solidaridad y Cooperación' (Aesco).

   Los afectados, la mayoría ecuatorianos, pero también colombianos y bolivianos, habían comprado hace unos pocos años una vivienda en propiedad, estaban pagando una hipoteca y atravesaban actualmente por dificultades económicas. Muchos de ellos se habían quedado en paro y a otros le había subido tanto la cuota mensual a pagar en los últimos meses, que no podían afrontarlo.

   Por ello, acudieron, en muchos casos recomendados o aconsejados por el 'boca a boca', a contratar los servicios de una empresa dedicada a estudios financieros, que en teoría resolvía este tipo de situaciones y que tenía sede en la Gran Vía madrileña.

   Tal y como destapó con cámara oculta el equipo de Reporteros de Televisión Española (TVE), allí eran atendidos primeramente por una secretaria, Teresa, y, más adelante, por el supuesto cabecilla del asunto, Fernado Navas, que les prometía comprarles el piso y dejarles permanecer en él en régimen de alquiler: 900 euros al mes y otros 1.800 de fianza.

NO SUBROGÓ LAS HIPOTECAS NI PAGÓ LAS CUOTAS

   Como prueba fehaciente de la operación, el empresario entregaba al inmigrante un documento notarial que atestiguaba que les había comprado el piso y que, por ende, se hacía cargo de la hipoteca. Además, en las claúsulas del contrato, indicaba claramente que les alquilaba el piso por un periodo de entre tres y cinco años, lugar donde vivirían hasta verse arreglada su situación económica.

   Lo que no sabían los estafados es que el empresario no había comunicado ninguna de estas operaciones al banco donde tenían concedidas las hipotecas y tampoco había realizado ninguna subrogación de las mismas, por lo que la entidad bancaria desconocía las compraventas y continuaba reclamando la cantidad mensual de la letra a los perjudicados.

   Pasado un tiempo, los bancos comenzaron a reclamar por vía legal los impagos, momento en el que los estafados descubrieron la trama. Entonces, en la mayoría de los casos, ya era demasiado tarde para reclamar. Ahora, los bancos consideran morosos a los primeros propietarios, han denegado la solicitud de compraventa cuando se han enterado de la operación, y han iniciado los trámites para subastar públicamente las viviendas.

   Mientras, los afectados siguen pagando la hipoteca y han perdido el dinero de la fianza del alquiler y de las mensualidades satisfechas, tanto de la compra como del arrendamiento. Las fraulentas compraventas comenzaron a tramitarse entre abril y septiembre, mes en el que empezaron las denuncias.

"PUEDE HABER MUCHOS MÁS CASOS"

   El representante de Aesco y asesor legal de gran parte de los perjudicados, Gustavo Fajardo, señaló a Europa Press que han denunciado todos los casos conocidos, en torno a 70, "aunque puede haber muchos más cuando salga a la luz pública esta situación".

   Fajardo considera que se ha producido una estafa y se ha utilizado "un artificio de maquinación fraudulenta" por parte de una persona con dinero "que se ha aprovechado de un estado de ansiedad muy fuerte, debido a la imposibilidad de afrontar una hipoteca, y en medio de una crisis económica".

   En este sentido, no consideró anecdótico el hecho de que todos los estafados fueron inmigrantes y lo achacó a que este colectivo "es el más desprotegido ante este tipo de situaciones". "No tienen tanta información y no tienen personas que les apoyen o un círculo familiar en el país sólido que les ayuden a seguir pagando la hipoteca", agregó.

   El asesor legal indicó que, a día de hoy, sólo dos personas han conseguido que el supuesto estafador les devuelva la propiedad del piso, aunque manifestó que en la mayoría de los casos el banco está poniendo a subasta los inmuebles.

   "Hablé directamente con el señor Vara para que devolviera las cantidades cobradas ilegalmente y para que otorgara nuevas escrituras a los afectados, que anulen la operación realizada y que la reviertan a la situación inicial. Él se comprometió a devolver el dinero a toda la gente, pero desde entonces no sabemos nada, y ya no coge ni el teléfono", reveló.

   De hecho, el supuesto estafador se ha mudado de la oficina de la Gran Vía y su secretaria, que hacía las veces de apoderada, ya no atiende al teléfono. Ahora, la única solución es denunciar penalmente. Aunque Fajardo reconoce que demostrar que la compraventa es fraudulenta será difícil, "ya que vendieron la casa ante notario".