Pedro Sáez Martínez de Ubago Una cita de la Vulgata antigua, la traducción de la Biblia realizada por San Jerónimo por encargo del papa Dámaso I en 382, que fue confirmada en el concilio de Trento como versión oficial de la Biblia de la Iglesia Católica y estuvo en vigor hasta la revisión de 1979 ordenada por Pablo VI, afirma: “Perversi difficile corriguntur et stultorum infinitus est numerus”, lo que traducido quiere decir que los malos se corrigen con dificultad y el número de los necios es infinito (Eclesiastés 1.15).

Ahora, con la abstención de GBai y el voto a favor del PSN, Podemos, EH-Bildu y E-I, la bandera de ese régimen golpista (porque golpe de estado es cambiar un gobierno nacional por el resultado, además sesgado y parcial- de unas elecciones municipales, azuzando a las calles a bandas de matones de la izquierda que se dedicaron a los actos revolucionarios del saqueo, el incendio y el crimen político) culpable de la persecución y el asesinato de cerca tres mil navarros -la tricolor roja, gualda y morada- podría haber ondeado en el Parlamento foral, el próximo 14 de abril, aniversario del golpe de estado junto con las banderas que deben hacerlo, aunque de manera no oficial, sino como se ha hecho con otras en diferentes ocasiones, por ejemplo el arco iris con motivo del Día LGTB.

Volvemos así a ver el revanchismo y odio sectario de quienes nos gobiernan actualmente. Los herederos del 14 de abril de 1931 y los herederos y amigos de esa banda terrorista que acaba de fingir la pantomima unilateral de su disolución, sin una palabra de arrepentimiento, una petición de perdón ni el más mínimo atisbo de ayudar a esclarecer los 245 atentados con 312 muertos sin esclarecer ni condenar a sus autores, muchos de los cuales podrían ocupar en la actualidad distintos puestos oficiales en nuestras instituciones.

La Constitución no dice nada sobre el escudo de España, definido por la Ley 33/81 de 5 de octubre; tampoco dice nada sobre el escudo y bandera de Navarra, definidos por la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto; sin embargo sí es muy clara en su Artículo 4. 2, que establece: “Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales”. Si esta ocasión “no oficial” hubiera constituido un presunto incumplimiento de la Constitución y la LORAFNA o una hábil argucia jurídica para abusar de un hipotético vacío en nuestra legislación, no es algo que corresponda a dilucidar aquí.

No obstante, el poder judicial, al que correspondía pronunciarse sobre tal decisión del legislativo, lo ha hecho y, por esta vez, a tiempo. Ahora sabemos que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha acordado suspender la decisión de la Mesa y Junta del Parlamento de Navarra por la que se había aprobado la colocación de la bandera republicana el 14 de abril en el balcón de la fachada principal del Parlamento; y, al mismo tiempo, el Parlamento ha sido condenado a pagar las costas judiciales tras la reclamación efectuada por la Abogacía del estado. Son reprobables el agravio comparativo y doble rasero en nuestras autoridades a la hora de tratar los símbolos de nuestra tierra.

El ejemplar original de la Constitución de 1978 que se exhibe en el Congreso de los Diputados tiene el águila de San Juan; previamente a la promulgación del Amejoramiento, el Consejo de Estado establecía que “el escudo de Navarra sigue ostentando la Cruz Laureada de San Fernando”. Sin embargo todos hemos visto cómo escudos y banderas con estos símbolos, plenamente vigentes en 1978 -frecuentemente catalogados como bien de interés artístico, histórico, cultural, patrimonial por las leyes vigentes- y plenamente constitucionales han sido retirados de nuestras banderas, monumentos o edificios. Verdad histórica es que durante la I República española (11-II-1873 – 29-XII-1874) la Bandera nacional fue la roja y gualda establecida por Carlos III, la misma bajo la cual se alzara Rafael Riego en 1820, aunque ahora, quienes enarbolen la bandera tricolor acostumbren a entonar también el titulado Himno de Riego, compuesto en 1820 con música de José Melchor Gomis y Colomer y una letra de Evaristo San Miguel Valledor que hoy no se podría considerar progresista.

En la hoy denominada bandera republicana, que numerosos y frecuentemente turbios elementos vienen usando como alternativa a la enseña roja y gualda, es una bandera, adoptada por el gobierno de Alcalá Zamora, que, con la inclusión del tercer color buscaba el reconocimiento de Castilla como parte vital de un nuevo estado, bajo el supuesto de que los colores rojo y amarillo representaban a los pueblos de la antigua Corona de Aragón, y creyendo -erróneamente- que la bandera de Castilla había sido morada. Quizá sirviera como precedente que, en 1821, durante el trienio liberal que siguió al pronunciamiento del teniente coronel Riego existió una sociedad secreta conocida como Los Comuneros, que ya recogía la bandera morada con un castillo como emblema.

Quien esto escribe vive en Pamplona, ciudad célebre, entre otras cosas por sus tradiciones taurinas y cuya plaza con un aforo de 19.720 espectadores para una población de 201.311 habitantes, la convierte en una de las mayores plazas de toros de España en términos absolutos y la mayor del mundo en la relación entre aforo y población. Y esta plaza de toros, ubicada en pleno corazón de la ciudad, por donde miles de personas transitan a diario y que es vista en retransmisiones televisivas por millones de personas de todo el mundo, está presidida por un escudo republicano de la ciudad en el que se ven dos coronas murales.

Recuérdese que la “corona mural”, que en España se ha usado en los dos periodos de régimen republicano, era en su origen un premio o distinción en forma de corona de oro que desde tiempos de la República Romana (509 a. c. a 27 a. C) se otorgaba al soldado que escalaba primero el muro en el asalto y toma de una fortaleza. Este escudo de nuestra Monumental, en vez por de la corona real que dispone el Privilegio de la Unión, se ve timbrado por una corona mural, aunque pueda parecer contradictorio, corona republicana. Igualmente ocurre, en el interior del escudo, en la corona que, citando el Privilegio, “sobre dicho león, en la endrecha de su esquina, habrá en el dicho campo del dicho pendon una corona real de oro, en seynnal que los reyes de Navarra suelen, y deben ser coronados en la iglesia catedral de Santa María de nuestra dicha muy noble ciudat de Pamplona”.

Dicho escudo es una obra en piedra de considerables dimensiones, emplazado en 1935, como lo corrobora que, entre los asientos contables de la Casa de Misericordia, propietaria de la plaza, se halle uno del 9 de marzo de 1935 - la factura nº 95 del año 1935 por importe de 54,95 pesetas- donde el administrador de la Casa incluye en la cuenta de “Explotación de la Nueva Plaza de Toros” el gasto siguiente: Asurmendi y Compañía por arreglos en el escudo de la puerta principal de la Plaza de Toros. Esto se incluye igualmente en la relación de facturas presentadas a la aprobación en la sesión de 12 de marzo de 1935 y Borrador de la sesión de 12/03/1935 con el acuerdo correspondiente, de los “Vocales asistentes: T. Mata, presidente, N. Cayuela, G. Angulo, E.M. de Ubago, F. Echeverría, F. Alfaro, P. Martín, P. Guerendiáin, I, Fuentes, S. Goñi, J. Artola, J. Subiza.”

A la mentalidad alicorta de hoy debería sorprender que este escudo sobreviviera a los años de gobierno del Generalísimo Franco, ya a la “pequeñas reformas” 1942 y 1952 ya a la gran reforma de 1967, dirigida por Rafael Moneo, entonces un joven arquitecto de la tierra que apuntaba maneras, quien proyectó el graderío alto que amplió el aforo en 5.799 espectadores. Sin embargo sí debería sorprender que, cuando la Constitución de 1978 garantiza la igualdad ante la ley, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público, haya normas, como, por lo que respecta a Navarra, la hoy derogada Ley Foral 24/2003, de 4 de abril, de Símbolos de Navarra, o, ya de ámbito nacional, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como “Ley de memoria histórica” a cuyo amparo se perpetran graves tropelías sin fundamento intelectual posible.

Con tan feble excusa ya han sido destruidos o retirados símbolos que eran bienes de interés histórico artístico y cultural: cruz del antiguo instituto Ruiz de Alda, labras de las laureadas de los escudos del altar de la capilla del palacio de Navarra o del Hospital de Navarra o el Escudo de la Delegación del Gobierno; y, también, se ha cambiado unos determinados nombres de calles o edificios, a menudo sin razón: la calle Mártires de la Patria (Hoy Castillo de Maya) estaba dedicada a los caídos en la III Guerra Carlista (1872–1876); Sanjurjo tenía su estatua desde 1929 por su heroísmo en la Guerra de África; Lucio Arrieta fue un empresario, promotor del ensanche y pionero de la aviación.

Bien podría ser que este escudo “despistado” de la plaza de toros de Pamplona, refleje y diera testimonio, extrapolando nuestro caso particular a la realidad histórica nacional, de que quienes gobernaron España durante esos 40 años que ahora algunos se afanan, con fruición y salvajismo talibán, en borrar a golpe de martillo o dinamita de nuestra historia, eran personas más preocupadas por construir y edificar que por destruir y manipular y que debían de tener más graves preocupaciones de gobierno que los actuales iconoclastas. Resulta insultante que, mientras el 50% de los jóvenes no tiene trabajo; mientras el paro afecta a la quinta parte de la población activa; mientras la deuda nacional supera el PIB; mientras cada vez más españoles no llegan a fin de mes y sobreviven de la caridad y los subsidios… los políticos pierdan el tiempo discutiendo bizantinismos de banderas, escuditos y otras necedades de banderías.

Dice Tito Livio en el Prefacio de su Historia de Roma que “lo que el conocimiento de la historia tiene de particularmente sano y provechoso es el captar las lecciones de toda clase de ejemplos que aparecen a la luz de la obra; de ahí se ha de asumir lo imitable para el individuo y para la nación, de ahí lo que se deba evitar, vergonzoso por sus orígenes o por sus resultados”. Pero, para esto habría que estar formado en historia, latín y otras disciplinas de Humanidades que los planes de estudios de hoy desprecian y reducen a lo máximo, quizá porque no interese a las autoridades formar ciudadanos con la debida capacidad crítica.

Fuere como fuere, retomando la cita bíblica del inicio sobre la infinitud del número de los necios, creo que no resultaría demasiado descabellado, al pensar en quienes ahora gobiernan la Comunidad Foral y dilapidan sus recursos en contenciosos como el que ha llevado al fallo de TSJN, evocar también lo que Ortega y Gasset decía sobre los tontos y los malos: “No hay modo de desalojar al tonto de su tontería, llevarle de paseo un rato más allá de su ceguera y obligarle a que contraste su torpe visión habitual con otros modos de ver más sutiles.

El tonto es vitalicio y sin poros. Por eso decía Anatole France que un necio es mucho más funesto que un malvado. Porque el malvado descansa algunas veces; el necio, jamás”. Lejos de mí afirmar que nuestras autoridades sean malas, aunque indicios puedan dar. Pero, lo que sí parece pertinaz e incontrovertible es su afán y obstinación en no descansar nunca. Que cada quien saque su conclusión.