Pedro Sáez Martínez de Ubago. Tras los pasados comicios municipales y autonómicos, constituidos ya los ayuntamientos y gobiernos, y ante la inminencia de las elecciones generales, no es de extrañar que los españoles, ciudadanos de un país con cinco millones de parados, un salario mínimo interprofesional de 641 € mensuales, una renta per cápita en torno a los 16.500 € y cerca de un millón y medio de hogares en los que no se registran ingresos, hagamos constantes conjeturas sobre lo que cobran nuestros políticos.
Al mirar los datos oficiales que se publican, encontramos que el Presidente del Gobierno de España, después de bajarse el sueldo, percibe 78.185 € anuales, los ministros en torno a los 87.500 € y los directores generales en torno a los 82.500 €. Es decir, multiplicando todos por 5 la renta per cápita media, no deja de ser sorprendente que los ministros y directores generales cobren más que el Presidente del Gobierno.
Si descendemos al plano autonómico, vemos que hay comunidades, como Cataluña y Madrid, cuyos presidentes perciben unos 108.600 y unos 89.600 € hasta comunidades como Navarra o Valencia, cuyos presidentes vienen a percibir en torno a los 70.000 €. Es decir, también vienen a aproximarse o superan en un 40% el salario del Presidente del Gobierno de la nación. Y en el plano municipal el caos es ya completo, así nuevo el alcalde de Pamplona, ciudad de 197.488 habitantes, cobrará 65.338 € brutos al año.
Sin duda alguna, aunque estos datos no incluyan otros ingresos como los que se perciben en conceptos de dietas, gastos de representación, pertenencia a sociedades y empresas públicas, ingresos provenientes de su condición de diputados o senadores o lo que perciben de sus partidos que, también se financian con los Presupuestos Generales del Estado, resulta tan incomprensible que un subordinado perciba haberes más altos que su superior, como que se equipare el salario de quien está al frente de una región con quien está al frente de la nación entera.
Esto no sucedería posiblemente con una administración racionalmente unificada, en donde la ley electoral no favoreciera a los partidos nacionalistas o regionalistas y éstos no tuvieran en las Cortes Generales un poder en escaños que no se corresponde con su número de votos y que, con frecuencia, obliga al Gobierno de la Nación a pactar con ellos y hacer la vista gorda ante el derroche, por no hablar de la duplicidad de gastos, que los 17 reyezuelos de las taifas autonómicas con sus correspondientes cortes suponen para toda la nación española.
Al margen de esto, cabe preguntarse si es adecuada o no esta diferencia atendiendo al nivel de responsabilidad del cargo. Téngase en cuenta que un funcionario de la administración pública del nivel VII viene a percibir unos 64.700 € anuales. Y que estas cifras se superan con creces en el mundo de la empresa privada. Cuando a los primeros se les exigen toda una serie de requisitos académicos, oposiciones etc. y a los segundos una continuada demostración de su capacidad productiva y de gestión en la empresa. Sin embargo, para estar al frente del gobierno, de un ministerio, de una comunidad… sólo hace falta ser incluido en unas listas cerradas o ser designado a dedo. Así nos encontramos con presidentes y ministros con simples estudios de FP o bachiller o ministros que han sido expulsados por su incompetencia de entidades como en centro de estudios del BBVA. 
Independientemente del debate de los sueldos de los altos cargos, entiendo que existe un descontento generalizado, originado por los criterios que  vienen primando a la hora de seleccionar a las personas que ocupan dichos puestos de máxima responsabilidad. La realidad y los hechos – una nación que se ha empobrecido un 30% en los 8 últimos años- demuestran que los "valores primados" han estado muy alejados de la profesionalidad, experiencia, gestión y valía demostradas.
¿Será que quien se halla capacitado hace su carrera al margen de la política y sólo, salvo excepciones, son los espíritus tan ambiciosos como mediocres o incapaces de otra cosa quienes descubren su vocación de servicio desde la “res publica”? Así no es de extrañar que tanto inútil se lucre en puestos políticos, a base de soportar insultos, desconfianzas y ataques y acechanzas permanentes, etc.  que un buen profesional no está abocado a tolerar. Esto daría la razón a Jaime Balmes al afirmar que “lo que se llaman pasiones políticas suelen ser pasiones comunes”.