Redacción.  Sor María Gómez Valbuena, de 87 años de edad, imputada por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, esto es, por el robo de bebés,  se ha negado a hablar este jueves en Madrid ante el Juez Adolfo Carretero. Sin embargo, ha enviado una carta a los medios asegurando que los hechos que le imputan son «completamente falsos». Además, ha añadido que le «repugna» la separación bajo amenazas de un recién nacido de su madre.

La religiosa manifiesta en la carta que "Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas". Y añade, “He dedicado mi  vida a ayudar a los más necesitados, como forma de hacer realidad mis profundas convicciones religiosas".

Sor María agradece "de corazón" a todas las personas e instituciones que la han apoyado con muestras de afecto, respeto y consideración. Y espera que la situación “se resuelva a la mayor brevedad”.

Antes deberá enfrentarse a las acusaciones de María Luisa Torres, quien le acusa de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982. El viernes están citados para declarar como testigos los padres adoptivos de esa supuesta "niña robada" y tiene previsto practicar nuevas diligencias.

La defensa de su inocencia está en manos de su abogado, José María Calero Martínez, el letrado que defiende en Sevilla a la familia de Marta del Castillo.

¿Cuál es el motivo por el que Sor María, de las Hermanas de la Caridad, se acoge al derecho de no declarar? Según fuentes judiciales, toma esta decisión debido a que han transcurrido 30 años de los hechos que se le imputan, por lo que "no recuerda nada y le parece descabellado todo el relato, además está muy frágil de salud".

En relación con el caso, y como resultado de una reunión que los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de Sanidad, Ana Mato, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, junto con el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que han mantenido con varios representantes de asociaciones de afectados, el Gobierno ha manifestado que va a crear un censo de posibles afectados por el robo de niños ocurrido entre los años 40 e inicios de la década de los 90. Además, piensa proponer a la Unión Europea que se facilite el acceso y tratamiento de los datos sanitarios cuando tenga como objetivo determinar la filiación natural.