Amy De Rosa. (C-FAM) Mientras que los grupos de trabajo del comité que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (en inglés, CEDAW) se reúnen antes de que dé comienzo una sesión en julio, la pequeña nación asiática de Timor Oriental ha sido víctima de coacción, porque continúa reconociendo el aborto como crimen. El nuevo código penal del país, que entrará en efecto el mes próximo, penaliza la práctica, incluso en casos de violación e incesto, aunque estipula que se pueden hacer excepciones si la vida de la madre corre peligro.
En su informe dirigido al Comité, el Estado asiático afirma: “El aborto es todavía un tema extremadamente delicado en Timor Oriental, particularmente después de los traumáticos hechos acaecidos en los últimos años”. A posteriori, el informe detalla ciertas prácticas culturales timorenses que van en contra de la “salud reproductiva”. La anticoncepción es, por lo general, mal vista en ese Estado de mayoría católica, ya que tanto hombres como mujeres consideran que es una manera de fomentar la promiscuidad y las enfermedades de transmisión sexual, y que, además, disminuye el número de niños.
Timor Oriental, nación independiente desde 2002, considera que aún está en proceso de recuperación tras veinticuatro años de ocupación indonesa, tiempo en el que se vio forzada a aplicar programas de planificación familiar que eran ampliamente rechazados por la población local. Tanto hombres como mujeres manifiestan sensibilidad ante cualquier sugerencia de abortar o de restringir el tamaño de sus familias.
A pesar de que la mayor parte de la población timorense apoya la penalización del aborto, un número de organizaciones no gubernamentales (ONG), como la Fundación Alola y Rede Feto, están causando agitación en el pueblo, para que se reconsidere el estatus legal del aborto. La Fundación Alola, ha recibido el apoyo de ciertos organismos de las Naciones Unidas, como ser el Fondo de Población y UNICEF. Si bien la CEDAW no se expide acerca del aborto, los miembros de la comisión lo han impulsado ocultándolo bajo el pretexto de promover “igualdad de género”.
Timor Oriental señala que considera un entrometimiento el hecho de que las ONG promuevan la igualdad de género, ya que muchos timorenses, hombres y mujeres, piensan que las distinciones de género son importantes, porque protegen la integridad de la familia, institución valorada en el país, y porque, además, la pérdida de estas diferenciaciones podría ir en detrimento de las mujeres. Según el informe, muchos pobladores expresan su adhesión a la adat, sistema local de justicia, si bien en él las mujeres no son consideradas iguales a los hombres. La adat es uno de los elementos culturales a los que adhiere la población, y que forman parte de sus muy arraigadas tradiciones. La “legislación extranjera” es considerada irrelevante frente a la tradición, y, por consiguiente, resulta inefectiva.
Las reiteradas menciones a sus costumbres largamente tradicionales, la desconfianza ante la influencia extranjera y el análisis de los abusos sufridos por las timorenses a causa de los “derechos reproductivos” en tiempos de dominación indonesa parecen haber encontrado la oposición o el escepticismo del comité de la CEDAW. Éste llamó a la población a comprometerse con la “modificación de las costumbres y prácticas” que considera “discriminatorias”. También reclama que se especifique de qué modo ciertas provisiones de la CEDAW han sido implementadas en la Corte.
La 44ª sesión de la CEDAW se llevará a cabo en Nueva York del 20 de julio al 7 de agosto. Japón y Tuvalu también están entre las once naciones que deben ser examinadas por la Convención en julio.