Rafael Nieto, director de Sencillamente Radio en Radio Inter Una de las características más visibles de la sociedad española de hoy, que se viene gestando en los últimos treinta años, es el nivel tan elevado de odio y de agresividad que demuestra de múltiples formas y maneras. Desde un incidente de tráfico, donde no es raro ver a conductores sacar del maletero un bate de béisbol, a cualquier tertulia de TV, donde la nueva inquisición de los opinólogos exigen sangre fresca todas las noches. Exigen culpables y chivos expiatorios, porque habiendo unos pocos culpables, la mayoría (empezando por ellos mismos) queda absuelta.

La sociedad española de hoy, y me atrevo a decir que también la europea y occidental, se ha acostumbrado a dictar sentencias desde la opinión particular, sin tener conocimiento profundo de los temas, sin haber accedido a la información más elemental, casi por una simple cuestión de simpatías y antipatías. "Éste me cae mal es culpable; éste me cae bien, o es de mi partido, lo absuelvo". Pero la Justicia poética, e incluso la que dictan los tribunales, se basa en hechos y en pruebas fehacientes, reales, y no en meras suposiciones o en la imaginación del que opina.

La sentencia del pasado viernes que absuelve a la Infanta Cristina y condena a algo más de seis años de cárcel a Iñaki Urdangarín contiene párrafos lo bastante claros para quien los quiera entender, es decir, para quienes quieran opinar de acuerdo a los hechos, y no a la imaginación. La Audiencia de Palma sostiene que «no resulta acreditada la participación» de la Infanta «en la ocultación» que llevó a cabo Urdangarín. El tribunal razona que no basta con que Cristina de Borbón fuese socia no administradora de Aizoon para convertirse automáticamente en cooperadora o cómplice de los delitos fiscales del duque de Palma, sino que habría sido necesario «un acto sin el cual el delito no se habría cometido» o que hubiera contribuido «a su ejecución con actos anteriores o simultáneos». Y de eso consideran que no hay ninguna prueba.

Además, los jueces señalan que «ninguno de los testigos atribuyó a la acusada intervención alguna en la gestión de la mercantil», ni que «de un modo u otro influyera en la toma de decisiones» de su esposo. No hay, por tanto, ni prueba documental, ni testimonio oral que haya podido demostrar la participación culpable de la hija del rey emérito en los delitos por los que ha sido condenado a más de seis años de cárcel Iñaki Urdangarín.

Ésta es la realidad. Esto es lo que dice la sentencia. Son 742 folios, que he tenido ocasión de repasar, y que a su vez resumen las decenas de miles que componen el sumario del caso Noos, tanto en su versión balear, que es la que acumula la comisión de los delitos que se han demostrado, como las de Valencia y Madrid, donde los jueces no han hallado culpabilidad alguna en los responsables de Aizoon.

A pesar de la claridad de la sentencia, esa nueva inquisición a la que antes aludía, la que exige culpables, haya pruebas o no, para alimentar a la bestia de la opinión pública (siempre sedienta de víctimas y de chivos expiatorios), empezó el mismo viernes a repudiarla porque no se ajustaba a lo que esperaban, que por supuesto era una condena de la Infanta Cristina. Insisto, haya pruebas o no las haya. Eso, en la España de hoy, da lo mismo, porque ahora todos somos culpables hasta que podamos demostrar lo contrario.

¿Debe ser condenada una persona por ser hija de Reyes, como opina Podemos? ¿Deben los tribunales dictar sentencias ejemplarizantes, para que el pueblo tenga no temor de Dios, que eso hace tiempo que lo perdió desgraciadamente, sino "el temor del justiciable"? ¿Es de verdad medianamente serio pretender que haya culpables sólo por las presunciones, imaginaciones, especulaciones o deyecciones mentales de algunos agitadores sociales, y no por hechos demostrables y pruebas fehacientes? A nosotros nos parece que no.