Redacción Madrid. 14 de diciembre.

Los turcomanos van a votar hoy en unas elecciones parlamentarias en las que más del 90 por ciento de los candidatos pertenecen al partido Democrático del presidente Kurbanguly Berdymujamedov, líder de un país considerado por Reporteros Sin Fronteras como el Estado más degradante de los derechos de la libertad de expresión -empatado con Corea del Norte-, en el que no existen partidos de oposición registrados y donde la mayor parte de los críticos del Gobierno se encuentran encarcelados o en el exilio.

   Sin embargo, tanto la Comunidad de Estados Independientes (CEI) como la Unión Europea han puesto sus esperanzas en que estos comicios desemboquen, de alguna forma, en un futuro proceso de aperturismo democrático. En este sentido, Berdymujamedov inició, tras su llegada al poder, una serie de medidas de carácter liberalizador en lo económico, que no en lo social, y acompañadas de una nueva Constitución bajo la promesa de desvincular del país de la sombra de su antecesor, el legendario Saparmurat Nizayov, prácticamente deificado por la población a lo largo de sus 21 años de mandato.

  La nueva ley electoral turcomana ha permitido, por primera vez en los 17 años de historia del país, la publicación de las listas de los candidatos. Además, las elecciones se han anunciado al mundo como un ejemplo del nuevo cambio de rumbo en el país, en el sentido de que el Gobierno ha invitado a un gran número de observadores internacionales para supervisar el desarrollo de las elecciones.

   El pasado 25 de noviembre, una delegación de la CEI encabezaba una misión internacional en la que se espera la intervención de una delegación parcial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), así como del Fondo Internacional de Sistemas Electorales y varias organizaciones pro Derechos Humanos. La misión de la CEI elaboró un informe preliminar "muy positivo" de los preparativos de los comicios, que describió como "abiertos y transparentes". Además, el enviado especial de la Unión Europea, Pierre Morel, destacó en su visita de principios de mes el "impresionante aperturismo desarrollado recientemente en el país".

   No obstante, hay que puntualizar que la propia OSCE se ha abstenido de enviar una misión completa al considerar "imposible" la celebración de una campaña "libre y justa" en la antigua República soviética, cuyos funcionarios electorales se han asegurado de cribar a todos los candidatos a través de cuestionarios personalizados para garantizar su lealtad al régimen del presidente turcomano.

   Independiente desde 1991, Turkmenistán es un país en el que se practica mayoritariamente el islamismo suní dentro de un estado oficialmente secular formado por una mayoría de turcomanos, acompañados de uzbecos, kazajos, ucranianos, armenios y azeríes; y que contiene algunas de las reservas de hidrocarburos y gas natural más grandes de todo Asia y que tiene en Rusia a su principal comprador, mientras desarrolla planes para la construcción de sendos gaseoductos para exportar gas a China, y posteriormente a Europa una vez se termine de empalmar ambos lados de la llamada "Línea Nabuco", respondiendo a los planes del presidente Berbymujamedov de potenciar las relaciones económicas con el exterior.

   La ampliación del Parlamento (o Majilis) se corresponde con esta nueva política. La nueva cámara contará a partir de este año con 125 escaños, con objeto de aumentar su peso en las decisiones gubernamentales. Los críticos del régimen de Berbymujamedov argumentan que, de esta forma, el país logra esconder sus deficiencias sociales y legitimar un falso sistema democrático para ganar las atenciones de la comunidad internacional.

   Para la organización humanitaria Human Rights Watch, Turkmenistán sigue siendo uno de los países "más represivos y autoritarios del mundo, en el que cientos de personas, quizás más, languidecen en sus prisiones tras juicios irregulares basados en cargos por motivos políticos" y en el que aún permanecen en vigor "restricciones draconianas sobre la libertad de expresión, asociación, movimiento y religión".

   "Simplemente es un fraude", indica el activista pro Derechos Humanos Farid Tujbatulin. "El presidente quiere presentarse como un reformista democrático, pero en realidad no quiere cambiar el sistema existente", añadió coincidiendo con la opinión de un compañero de oposición, Tujbatulin, quien asumió que "estas elecciones no aportarán un cambio significativo" y que todo se trata "de una reforma cosmética destinada a ganarse el apoyo de Occidente".

   El presidente concedió la amnistía el pasado 7 de diciembre a un destacado activista social, Valeri Pal, de 59 años, condenado a doce años de prisión el pasado mes de mayo por un delito de malversación, un cargo que, según sus partidarios, fue manipulado por motivos políticos.

   "El Gobierno debe liberar inmediata e incondicionalmente al resto de activistas, cuyo único crimen es su trabajo personal por los Derechos Humanos", afirmó la organización en un comunicado. "Cientos de personas, puede que más, languidecen en las prisiones turkmenas después de juicios injustos por cargos aparentemente políticos", añadió.

   El responsable de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), François Petre, va más allá al considerar, directamente, que el cambio de régimen no ha desembocado en mejora alguna de la situación humanitaria en el país. "Esa evolución es pura fachada", declaró Petre. "Parece que Turkmenistán se ha empeñado en dar una buena imagen al extranjero", añadió, antes de recordar que el estado de los Derechos Humanos en el país ha estado sujeto a la competencia de varios procedimientos en las altas instancias de Naciones Unidas.

   "Lo que debería hacer el país es comenzar a poner en práctica las recomendaciones emitidas por el Comité para los Derechos Humanos de Naciones Unidas", instó Petre, "ya que el país ha sido objeto de numerosos procedimientos a este nivel", añadió.