31 de julio de 2024.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado este mes los resultados de su encuesta Determinantes de la confianza en instituciones públicas. Aunque también se realizó en 2021, esa primera edición no contó con datos de España. En total, se han analizado 30 países de la OCDE, con aproximadamente 2.000 personas encuestadas por país. La encuesta investiga la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones públicas, como el Gobierno central, los partidos políticos, la policía o el sistema judicial. Además, investiga las brechas que existen entre diversos sectores de la población, prestando atención a las diferencias de género, nivel de estudios o edad.

Para el año 2023, el porcentaje de personas en España que confía en el Gobierno es del 37% (un 63 % de los españoles no confían en su gobierno), algo por debajo de la media de la OCDE, con un 39%. Sin embargo, esta media esconde diferencias significativas. Así, hay 42 puntos de diferencia en el nivel de confianza en el Gobierno entre quienes responden negativa o positivamente a que el sistema político de su país les permite opinar sobre lo que hace el gobierno. Otras variables, como el nivel educativo alcanzado y la identificación partidista, también dan lugar a brechas relevantes de confianza en el Gobierno.

Por otro lado, aunque los indicadores para España se mantienen en la media de los países de la OCDE, los datos sobre la percepción ciudadana respecto de la toma de decisiones públicas muestran algunas conclusiones preocupantes. Así, sólo el 27% de la población en España cree que el Gobierno rechazaría propuestas de grandes compañías que pudiesen afectar negativamente al interés general y únicamente un 37% opina que se tienen en cuenta las aportaciones recibidas en las consultas públicas (aunque este dato mejora el 32% de la media de la OCDE). Por tanto, parece existir cierto escepticismo sobre la capacidad del Gobierno de elaborar políticas públicas de manera equilibrada e inclusiva. El estudio también muestra bajos niveles de confianza en el correcto abordaje de políticas concretas, como la regulación de las nuevas tecnologías (42%) o la reducción de emisiones de efecto invernadero (44%).