La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) instó hoy a Marruecos a retirar los cargos criminales presentados contra un activista por los Derechos Humanos y contra un reportero de televisión, acusados ambos de difundir "informaciones falsas" en relación con los supuesos abusos cometidos por la Policía durante las manifestaciones que se celebraron a principios de junio en la localidad de Sidi Ifni.

   El jefe de la oficina de la cadena Al Yazira en Rabat, Hassan Rachidi, y el defensor de derechos humanos Brahim Sabalil comparecerán hoy ante el tribunal de primera instancia de Rabat. Sabalil fue detenido por la Policía el pasado 27 de junio, un día después de participar en una rueda de prensa en Rabat en la que presentó pruebas sobre supuestas violaciones de Derechos Humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que tuvieron lugar el 7 de junio en Sidi Ifni.

   "Las autoridades deben querer conocer la verdad sobre la amplitud de los abusos policiales en Sidi Ifni", declaró la director para Oriente Próximo y norte de África de Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson. "Deben permitir una discusión abierta sobre los incidentes en lugar de utilizar las leyes represivas para matar al mensajero", añadió.

   Sabalil es presidente de la sección de Sidi Ifni del Centro Marroquí para los Derechos Humanos, una organización independiente que denuncia abusos en este antiguo enclave costero español (situado a 750 kilómetros al sur de Rabat) en el que han estallado importantes manifestaciones en protesta por los problemas económicos.

   Las manifestaciones degeneraron en violencia el pasado 7 de junio y algunos vecinos han acusado a la Policía de homicidios, violaciones y daños a la propiedad en las viviendas. Las autoridades han admitido que ha habido heridos entre civiles y policías, pero han negado los homicidios. Varias organizaciones de Derechos Humanos y una comisión del Parlamento se han trasladado a la zona para investigar los hechos.

   Dos semanas antes de su detención, las autoridades habían acusado a Sabalil de difundir "informaciones falsas" por haber denunciado la muerte de varios vecinos de Sidi Ifni a manos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones del 7 de junio. Rachidi, el periodista de Al Yazira, está acusado de los mismos cargos por informar de estas denuncias. Las autoridades le han retirado la acreditación.

   El artículo 42 del código de prensa de Marruecos establece que "la publicación, difusión o reproducción con mala fe de informaciones falsas que puedan causar disturbios en el orden público o provocar pánico se castigan con penas de cárcel de entre un mes y un año y una multa de entre 1.200 y 100.000 dirhams (entre 105 y 8.750 euros)".

   No obstante, HRW recordó que el artículo 19 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificada por Marruecos en 1979, establece que cada Estado debe proteger la libertad de expresión, lo que incluye la libertad de "buscar, recibir e impartir informaciones de cualquier tipo".