Miguel Massanet Bosch. Es algo incuestionable, la presión que el Gobierno de la Generalitat, está ejerciendo sobre el Gobierno Central presidido, por el señor Rodríguez Zapatero condiciona la política española. Todos sabemos las causas de que este chantaje de los nacionalistas, y entre ellos  el PSC (que, en cuestión de exigir dinero, no se queda atrás del resto), presidido por el señor Montilla, que, a pesar de la condescendencia de ZP y las atenciones que se tiene con Catalunya; en realidad, no tiene otro objetivo que ir minando, día a día, la influencia de la capital de España y de la Administración Central sobre la autonomía catalana. La claudicación del Ejecutivo del señor ZP ya se ha manifestado en diversas ocasiones, como ha sucedido con la aprobación de un Estatut, a todas luces destinado a dar un paso más en cuanto a la autonomía de lo que el Tripartit denomina como “els Paísos Catalans” ( que, para ellos, abarcan todos los territorios comprendidos por la actual autonomía aragonesa, la valenciana, la balear y Andorra, amén de la parte meridional de la República francesa); con el consentimiento tácito y, sin duda, complaciente con estos referendos locales en los que se plantea la separación de Catalunya de España o, con la sintomática presión del gobierno Central sobre el TC para alargar ad infinitum la resolución de los recursos pendientes respecto a la posible inconstitucionalidad de Estatut catalán; sin olvidarnos del trato, escandalosamente preferente, que se le ha dado a Catalunya en la fincianción autonómica donde, ella sola, se ha llevado más de un tercio de los 11.000 millones de euros que se presupuestaron para tales ayudas; dejando para el resto de autonomías, cualesquiera que fueren sus necesidades reales, la parte restante, aunque ésta resultara insuficiente y supusiera un agravio comparativo y una injusticia manifiesta respecto a los derechos que les correspondían, en derecho, a algunas comunidades en situación mucho más precaria.

Pues bien, una de las últimas “hazañas” del Tripartit catalán, como ya se denunció en su día, consistió, no sólo en hacer oídos sordos al clamor popular en contra del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sino, en un alarde de totalitarismo y de falta de respeto por los ciudadanos, sino en anunciar que, no sólo no se iba a suprimir ni rebajar dicha imposición sino que se aumentaría y, de paso, se pidió a Madrid y les fue concedido por ZP, que las mejoras que otras comunidades, como la madrileña, habían arbitrado para disminuir el importe de tal impuesto o, incluso, suprimirlo a sus residentes; fueran retiradas; de forma que, en toda España, se tuviera que cotizar según el modelo catalán, el más oneroso de toda el país,. De nada valieron lar argumentaciones de economistas, políticos y partidos políticos de la oposición porque, la Generalitat, no estaba dispuesta a perder una fuente de ingresos tan saneada, aunque no fuera más que para dilapidarla en viajes del señor Carod, en aperturas de supuestas “embajadas catalanas” en otros países y en escandalosos pagos de sueldos millonarios a los enchufados destinados a tales delegaciones. Es evidente que, la moderación de gastos que en periodo de crisis debiera ser el norte de todo gobernante, no tiene predicamento alguno entre los funcionarios y capitostes políticos del tripartito de izquierdas, que ya han dado abundantes muestras de no llevar una vida acorde con lo que predican desde sus escaños.

Sin embargo, Dios es providente y no siempre abandona a los que creemos en él. Hete aquí que nos ha llegado una noticia de la UE que puede que marque un antes y un después respeto a la petulancia, osadía y desvergüenza de quienes nos gobiernan en esta comunidad y, es muy posible, que ponga coto a este afán desmedido de desplumar a los ciudadanos y de imponer la voluntad partidista de los gobernantes sobre las justas peticiones del pueblo que, en realidad, es quien debiera fijar las pautas políticas a las que quiere someterse y no, por supuesto, ser los políticos quienes, por lo que estamos viendo en los últimos tiempos, a lo único que parece que se dedican, con verdadero ahínco, es a aprovecharse de sus cargos para hincharse los bolsillos; sin prestar atención alguna a la vox populi, que, como todos sabemos y lo dijo Hesíodo, es vox Dei.

Y es que, la Comisión Europea,  permitirá elegir a un ciudadano el Impuesto sobre Sucesiones que más le favorezca, pudiendo optar entre el país de residencia o el de origen. Todos sabemos que, por presiones de la Generalitat, el Estado obligará a las CC.AA a mantener una presión fiscal homogénea en todo el país en lo que respecta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, además de restringir y limitar las ventajas tributarias que conlleva el traslado de residencia a otra comunidad. No obstante la UE mediante su norma aporta flexibilidad, fomenta el concepto de libertad de movimiento y la competencia fiscal ( al contrario que la pretensión de nuestro Gobierno de hacerla más rígida, poniendo trabas a la libertad de movimientos de personas y dificultando la competencia fiscal) O sea que, según afirman en la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar: “seguimos el camino inverso”. Para la Comisión europea se trata de “facilitar la vida al ciudadano”, para la Generalitat se trata de agobiar, saquear e incautar los bienes del ciudadano, que ya ha pagado sus impuestos por ellos, e impedirle trasmitirlos a sus hijos libremente porque, con este objeto, se ha sacrificado por ellos en lugar de despilfarrarlos.

El objeto de la propuesta comunitaria es el siguiente: incrementar y garantizar la seguridad jurídica; ofrecer a los testadores una mayor flexibilidad en la elección de la legislación aplicable y garantizar los derechos de los herederos, legatarios y otras personas interesadas. No hay duda de que al Gobierno español le va a resultar difícil mantener la complejidad administrativa actual, porque de persistir en sus objetivos, se dará la circunstancia de que un ciudadano catalán tendrá más dificultades para elegir Madrid como lugar de residencia para tributar por Sucesiones que cualquier ciudadano extranjero perteneciente a un país de la UE. Pensemos en las consecuencia que una política semejante pude entrañar para empresas que desearan establecerse en Barcelona y sus empleados se vieran obligadas a tributar por los coeficientes escandalosos que rigen en la actualidad para el IS a causa del empecinamiento del Tripartit. Y es que, si como dicen, los separatistas quieren que Catalunya sea una nación independiente dentro del seno de la UE, no tendrían más remedio que aceptar las reglas del juego so pena de quedar reducidos a un mero corpúsculo aislado en medio de países que la superarían en todos los ámbitos económicos. Absurdo ¿verdad? Si señores, tan absurdo como pretender vivir a costa de España pero, al mismo tiempo, que se les permita abjurar de ella. Es evidente que ZP va a encontrarse, en esta cuestión, entre la espada y la pared; máxime, si como está a punto de suceder, se va a tener que hacer cargo de la presidencia del Parlamento Europeo a principios de año. Y es que, el señor Montilla, el pobre, debiera de haber aprendido, hace tiempo, que no se puede abusar de la paciencia de los españoles, aunque, de momento, esté arropado por su mentor y jefe, el señor Rodríguez Zapatero. Tempus fugit y no hay mal que cien años dure. No debieran olvidarlo.