Sin contar con que, por obras en el Palacio del Congreso, los actos han tenido lugar en el Palacio del Senado, una institución que muchos españoles no nos explicamos, al igual que la mayoría de los senadores, si recordamos que el pasado 22 de febrero, éstos acordaron por unanimidad reformarlo antes del verano de 2013 –quedan 6 meses- para convertirlo en una Cámara "útil y necesaria" o en unos años se plantearía su cierre; parece mucho más significativo el hecho de que ningún miembro de la Familia Real, acuda a los actos, ya que este año, el trigésimo cuarto aniversario, es una efemérides sin mayor relevancia.

 

Modestamente creo que, o nos vamos a los números redondos, por ejemplo los aniversarios primero, décimo, vigésimo, trigésimo y otros como puedan ser las bodas de plata, oro, diamante…  o todos los aniversarios, puesto que sigue tratándose de una fiesta institucional y laboral, son igualmente importantes.

Quizá bajo esta excusa se quiera ocultar que la Monarquía está pasando sus horas más bajas desde su restauración en 1975. Así lo avala una reciente encuesta del Barómetro de opinión del Real Instituto Elcano, que mide en esta ocasión qué personalidades, instituciones o iconos valoran más los españoles por su capacidad de proyectar una buena imagen de España en el exterior, según la cuál la Reina consigue la nota más alta, con un 7, seguida por Don Felipe, con un 6,8, y por el Rey, con un 6,5. 

 

Curiosamente este año se ha celebrado, también y por motivos cinegéticos con más pena que gloria, las bodas de oro de don Juan Carlos y doña Sofía, quien vino a vivir a España en 1962. No deja de ser una paradoja constitucional, si se compara el caso de la Reina con el de inmigrantes o deportistas, lo mucho que le está costando a nuestra “mejor embajadora” el aprendizaje nuestro idioma, cuando la Constitución, que hoy se celebra, establece en su artículo 3 que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

De otro lado está el plante de la denominada “clase política”, de la que sólo 525 de sus 616 representantes en las Cortes Generales no van a boicotear la jornada con su ausencia. Se podría interpretar que las encuestas del CIS tienen razón al afirmar que, para los españoles, los políticos son otro problema y no una solución.

 

Y, para terminar, repasemos un poco la actual situación de España y el contenido de la Constitución, donde se consagra (Artículo 14) que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, pero se acaban de imponer las tasas judiciales; (Artículo 15) “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes” que parece no incluir entre los españoles a las víctimas del terrorismo o del aborto; (Artículo 16) que “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley”, pero existe una Ley de Memoria Histórica y todo un proceso de represión a la Iglesia; (Artículo 19) “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”, pero son miles los vascos que tienen que abandonar su tierra porque el Estado no quiere protegerle de las mafias con que pacta en, por ejemplo, Argelia o el Faisán; (Artículo 20) “Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, como a los generales Mena (por el PSOE) o Pontijas Deus (por el PP); (Artículo 31) “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, pero acaba de darse una amnistía fiscal a los grandes defraudadores;  (artículo 35) “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”…

 

Sin olvidar, aunque no se citen textualmente otros artículos como el 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud;  el 44 que obliga a los poderes públicos a promover y tutelar el acceso a la cultura; el 47, que habla del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; el 50, que obliga a los poderes públicos a garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad., y con independencia de las obligaciones familiares, promover su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio…

 

A la luz de todo esto, habrá quien no pueda menos que preguntarse, si hay todavía algún motivo para seguir celebrando el Día de la Constitución o, viendo los frutos de la misma, aprovechar la jornada para afirmar de nuestra incumplida y burlada Constitución de 1978, lo que en su día ya dijera Edmund Burke: “Las malas leyes son la peor especie de tiranía”.