Lo que muchos no saben. Hay reconocidos hasta 47 dialectos del español. desde el madrileño hasta el chilote, el andino o el rioplatense y jergas como el cheli. 
Un espectáculo lamentable: Jueces y Fiscales perdiendo la compostura
Miguel Massanet. Verán ustedes, cuando uno vuelve la vista atrás para intentar sacar consecuencias de cuales puedan ser las causas de que la sociedad española haya llegado a la situación en la que nos encontramos en la actualidad; no puede menos que encontrar algunos ejemplos poco edificantes, escasamente comprensibles y, por supuesto menos entendibles, si es que nos atenemos a la clase de colectivos a los que se les pueden aplicar. Lo cierto es que, en numerosas ocasiones, nos hemos referido a la división de poderes dentro de un Estado, a aquellos poderes conferido por los ciudadanos, a los que se refería Rouseau en su Contrato Social cuando afirmaba que, el Estado, es la unión de todos para todos y no será otra cosa que el pueblo representado en forma colectiva y llamado al mismo tiempo “ciudadano” visto desde el punto de vista individual. Este Estado viene a formar un cuerpo único pero instituido, investido de esta gran voluntad, que otorga fuerza y libertad entregada por todos los ciudadanos y que pactan un Contrato Social en beneficio de ellos mismos. En su obra, Rouseau, no sólo defiende al hombre como hombre, como ente social-político de un Estado integrado por éstos, sino que asimismo, defiende a sus instituciones, a la separación de poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, cada uno de ellos autónomo, independiente y con la misión de vigilar que cada uno de los otros actúe dentro de lo que se llama Estado de Derecho.
Si hemos estado defendiendo, a capa y espada, la necesidad de evitar que uno de esos tres poderes pueda interferir en la libre actuación de los dos restantes o en la de uno de ellos; criticando los intentos del Ejecutivo de mediatizar al poder Judicial, de infiltrar entre sus miembros a franco tiradores que sean capaces de torcer la recta acción de la Justicia para obligarla a prostituirse, a perder su virginidad o a torcer el verdadero sentido de las normas emanadas del Legislativo, con la evidente intención de favorecer a determinadas facciones políticas; tampoco deberemos dejar de denunciar cuando sean los miembros del poder Judicial, los que, de alguna manera y por justas que puedan parecer sus reivindicaciones, en las funciones que son propias del Ejecutivo, máxime, cuando un evidente estado de crisis, de emergencia nacional o de establecimiento de prioridades, en muchas ocasiones difíciles de ser entendidas por la ciudadanía de a pie pero que, sin duda, son necesarias para el bien común de la sociedad el ponerlas en práctica aunque, para ello, sea preciso marginar, perjudicar, suspender los derechos o establecer limitaciones que, para algunos colectivos, puedan parecerles desatinadas o irresponsables.
Debemos reconocer que, durante las dos pasadas legislaturas en las que el PSOE del señor Rodríguez Zapatero y su equipo de gobierno, dirigieron los destinos de la nación, el común de la ciudadanía tuvo ocasión de comprobar las deficiencias y las carencias del poder Judicial que se manifestaron, claramente, en todos los ámbitos de la aplicación de la Justicia, desde las sonadas y cuestionadas resoluciones del Tribunal Constitucional discutidas por expertos y constitucionalistas (hablamos de la legalización, con pequeños retoques, del Estatut catalán que tan nefastas consecuencias viene causando a la unidad de España; a los injustificados y politizados retrasos para evitar dictar resoluciones en momentos que podían haber perjudicado a determinadas formaciones políticas o a la evidente lucha de poderes entre miembros progresistas y conservadores, en una competencia absurda y poco profesional que, en modo alguno, pude ir en contra de la recta, imparcial, objetiva y, evidentemente, ajustada a los principios constitucionales, interpretación de la Carta Magna); hasta las cuestionadas y erróneas sentencias judiciales y actuaciones de fiscales que han tenido la virtud de dejar al descubierto que, por encima de la aplicación justa y adecuada de las normas, el hecho de que, en muchas ocasiones, hayan podido primar las convicciones políticas o partidistas de quienes las dictaron o ejecutaron.
Y prueba evidente de que todo lo que digo está basado en la experiencia y forma parte de una de las preocupaciones de los ciudadanos es que, en las encuestas de opinión pública llevadas a cabo por las entidades especializadas en la materia, como es el CIS; entre las cuestiones que más preocupan al hombre de la calle, junto al terrorismo (hoy ya relegado a un segundo plano) y la crisis, está la falta de confianza de los españoles en la Administración de Justicia a la que se la considera lenta, politizada y, en algunas ocasiones, poco rigurosa en la aplicación de las leyes, lo que ha venido ocasionando alarma social que, a veces y ante determinados fallos, ha llegado a las calles, donde han sido puestas en cuestión determinadas decisiones y algunas interpretaciones legales evidentemente carentes de la más mínima justificación moral, ética o jurídica.
Sin embargo, estos señores que, durante años, han limitado sus reclamaciones al ámbito de sus organismos representativos ( el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo,); ante los intentos del señor ministro de Justicia, señor Gallardón, han decidido salir a la calle para cuestionar las reformas que pretende llevar a término, ante la evidencia de que, la Justicia, ha venido a caer en el colapso, debido al excesivo uso y abuso que los ciudadanos hacen de ella, en muchas ocasiones sin la menor probabilidad de conseguir una sentencia favorable a su reclamación, simplemente con el objeto de utilizarla para, ante su lentitud y su evidente retraso, retrasar el pago o cumplir con la obligación que les fue impuesta. Esto es difícil de explicar a nivel de ciudadano de a pie, pero para los jueces y fiscales, no debería ser difícil de comprender. Otra cosa es que, por cuestiones corporativas, por recortes salariales y por supresión de horas extras o, simplemente, como un medio de exteriorizar una ideología política ( algo que no hicieron ante parecidos problemas que les afectaban, durante las legislaturas del señor Zapatero) con la intención de socavar la credibilidad de un Gobierno que quizá se pueda equivocar en determinados aspectos, pero que ha hecho más por conseguir sacar a la nación de la quiebra que todos los gobiernos que lo precedieron.
Simplemente, por lo que representa la presencia de jueces, juezas, fiscales y el propio juez Pedraz, gritando eslóganes por las calles como si fueran miembros de la UGT o CC.OO; resulta poco estético y menos tranquilizador para quienes podamos pensar que, en alguna ocasión, pudiera que tuviéramos que caer en manos de alguno de estos alborotadores, para que nos impartiera Justicia. El que “Sus Señorías” se comporten como meros alborotadores, con togas o sin ellas, nos hace pensar que, en este país, ya se han perdido las formas, se han puesto en cuestión las normas de funcionamiento y los medios de hacer llegar las protestas por los cauces legales y se nos han pegado determinadas costumbres más propias de países bananeros que de naciones civilizadas, donde la democracia orgánica establece quienes han de gobernar libremente, quienes han de promulgar las leyes y quienes han de impartir Justicia, todos ellos dentro de sus respectivas competencias. Flaco ejemplo el de estos jueces y fiscales alborotando como simples agitadores profesionales. O así es, señores, como valoro yo este tema.