Miguel Massanet Bosch

Es propio de este Gobierno que padecemos, incurrir en contradicciones que a uno, como simple ciudadano, le hacen reflexionar sobre si, en realidad, sus actuaciones tienen sentido, si siguen una determinada lógica o si, por el contrario, cada una de ellas se produce de acuerdo con la necesidad de ir salvando obstáculos, algunos de ellos imprevistos, que van surgiendo a lo largo de la legislatura; de modo que, es imposible que exista una relación de parentesco, al menos en cuanto a una orientación o filosofía básica de gobierno, que permita relacionarlas de acuerdo con una determinada pauta o línea maestra de actuación política. Tenemos la sensación de que, quienes nos gobiernan, no aciertan, incluso cuando lo hacen de buena fe, con la fórmula adecuada que logre compaginar la proposición y aplicación de una medida legal determinada, con la demanda ciudadana que la justifique; con el momento más adecuado para implantarla y con la moderación, sensibilidad, justicia y, por encima de todo, el respeto a los derechos fundamentales de aquellos a los que pudiera afectar; como condición indispensable en cualquier democracia que se precie de ocuparse de sus ciudadanos.

La tentación de aquellos gobiernos de orientaciones totalitaristas, especialmente cuando se hallan en dificultades, su popularidad va en descenso y van constatando que su interés último, que es perpetuarse en el poder, puede estar en peligro; es la de utilizar la demagogia, promulgar un sin fin de leyes presuntamente para favorecer al pueblo y procurar escurrir el bulto en aquellas cuestiones que ven que son incapaces de resolver. Podemos decir que, el señor Rodríguez Zapatero y su Ejecutivo, se encuentran, precisamente, en esta situación y ello ha hecho que, desde varios ministerios, se hayan puesto a la tarea de irnos invadiendo de leyes, todas ellas prescindibles y poco oportunas, pero que les permiten lanzar cortinas de humo con las que intentan engañar y dar una sensación falsa de que están trabajando por el bien de los ciudadanos. Lo que sucede es que, cuando las cosas van mal dadas empiezan a asomar, con más o menos publicidad, en los llamados mentideros políticos, dentro de los entresijos del partido, entre los llamados barones, que sopesan la temperatura de la militancia y valoran el grado de satisfacción de las bases; la inquietud natural de quienes puedan ver sus puestos amenazado; sus retribuciones en peligro; la pérdida de un estatus determinado o la oportunidad de enriquecerse con el mínimo esfuerzo. Entonces ha llegado el momento de que, los que ven la posibilidad de asumir el mando, de aspirar al liderato, decidan anticiparse y empiecen a actuar.

Ha llegado el momento de los franco tiradores, que van por libre y buscan el protagonismo. Nadie se puede extrañar que, en un corto espacio de tiempo, la Leire Pajín haya implantado, manu militari, con una improvisación que denota su falta de cintura política y poniéndose enfrente a un sector tan importante como es el turístico y los servicios de restauración del país; la famosa ley antitabaco. Si existiera un momento más inadecuado para esta cacicada sería, de verdad, difícil encontrarlo. En plena crisis, cuando España intenta potenciar todos los sectores productivos y se las ve y se las desea para buscarles trabajo a 4.500.000 parados, de los cuales una parte importante ya están en vísperas de agotar sus prestaciones o ya las han agotado; la señora ministra de Sanidad, señora Leire Pajín, decide que es el momento más oportuno para implantar una prohibición que puede ser muy saludable, que puede satisfacer a aquellos a los que les encantan las prohibiciones, especialmente si afectan a sus vecinos, pero que entraña el peligro de un aumento del paro y del cierre de muchos establecimientos que no pueden permitirse que, una parte de sus clientes, puedan decidir no volver a visitarlos.

No quedan aquí limitadas las prohibiciones porque, la misma ministra, ya ha anunciado otra “ley de igualdad de trato y no discriminación” que se presentó en el último Consejo de Ministros. El objetivo: “que nadie sea humillado”. Esto quiere decir que, de aquí en adelante, deberemos cuidar nuestra forma de expresarnos, incluso cuando estemos enfurecidos, porque la señora ministra ha decidido que llamar feo al vecino o el decirle que es un pazguato, constituye una humillación y, la broma, nos puede costar una multa que nos deje baldados. Es decir que, ni el derecho al pataleo nos van a dejar, en esta pretensión de convertir al país en una especie de cementerio de la expresión, donde todos vamos a tener que expresarnos según las normas que nos dicten desde el gobierno. Supongo que esta nueva Inquisición va a ordenar quemar el Diccionario Secreto de Cela y van a volver a aparecer los libros de nuestras abuelas sobre Urbanismo y buenas maneras. Ya le anticipo a la señora Pajín que, antes de promulgar esta ley, se preocupe de reforzar la Administración de Justicia porque, si ha de dedicarse a juzgar los casos de “humillación” que diariamente se producen en esta tierra española, le garantizo que los juzgados van a quedar colapsados el primer día de su vigencia. De hecho, estaremos entrando en el famoso estado policiaco en que se convirtió la desaparecida URSS.

Y ahora otra contradicción. Porque, si ante tanta legalización y regulación de la vida cotidiana, observamos atónicos como, por otra parte, nuestro Ejecutivo con ZP a la cabeza, se muestran tan complacientes y permisivos con algunas autonomías y, en especial, con la Catalana, cuando de forma fehaciente, sin enmascaramiento alguno y con la temeridad de aquel a quien no le importa saltarse las leyes a la torera, resulta que en casi 900 ayuntamientos catalanes las páginas web se escriben, únicamente, en catalán; lo que impide que, el que quiera hacer uso de ellas para efectuar las gestiones previstas en las mismas, pueda utilizar los correspondientes formularios en castellano, a pesar de ser la lengua oficial del Estado. Nadie, sin embargo, se debería maravillar de que sea así si, el propio señor Mas, el President de la Generalitat, ha manifestado públicamente que él va a seguir con la inmersión lingüística en Catalunya y que, por supuesto, no va a hacer el más mínimo caso de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se obligaba a dar clases en castellano a aquellos alumnos cuyos padres lo solicitaran. ¿Juzgarán a los controladores por un simple plante, con todos los efectos económicos que se les quieran atribuir y dejarán que, en una autonomía, se rete al Estado de Derecho y se infrinja de lleno la vigente Constitución de 1978?

Pero, no se engañen, debajo de todas estas actuaciones subyace una propósito único que, desde hace un tiempo, importantes personalidades socialistas están tramando. Quieren intentar salvar lo que se pueda del PSOE, a pesar de Zapatero. Se habla de una caída de 2.000.000 de sus votantes y sigue en descenso a pesar de que ha entrado en la lid política el señor Rubalcaba, el fontanero oficial del partido, intentando resucitar en los que ya han decidido cambiar su voto la confianza en su antiguo partido. Demasiado tarde, demasiadas mentiras y engaños; demasiados errores y demasiados casos de súbitos enriquecimientos de algunas de sus figuras. Mucho deben de cambiar las cosas para que se recupere el trabajo para los 4’5 millones de parados porque, ni el propio ZP, se cree sus optimistas presagios de crecimiento del 2 o 2’5 por ciento del PIB en los próximos años, hasta el 2015 y, como es sabido, se precisan incrementos semejantes para que se anime el empleo, algo muy difícil de que se produzca. Lo malo es que, el PSOE y ZP, pueden hacer mucho daño a España antes de dejar el poder. Blasco Ibáñez dejó escrito: “Calma y mala intención que todo llegará”.