Redacción. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones la parte proporcional de la paga 'extra' y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el decreto 'antidéficit' del Gobierno.

   Se trata de la primera condena en firme a la Administración General del Estado (AGE) por la retirada de la paga 'extra'. Hasta ahora, todos los pronunciamientos judiciales se habían producido a nivel autonómico y local.

   Según el sindicato de funcionarios CSI-F, la sentencia no deja lugar a dudas, pues censura "la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima".

   Por otro lado, el juez no ve necesario llevar el asunto al Tribunal Constitucional, tal y como planteaba el abogado del Estado, al considerarlo "superfluo tanto en términos lógicos como de economía procesal".

   El sindicato presidido por Miguel Borra afirma que esta sentencia supone un colofón de una cadena de pronunciamientos judiciales a lo largo y ancho del Estado y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico.

   "De entrada, los criterios de la sentencia serían aplicables al conjunto de funcionarios de Interior, es decir, Policías, Guardias Civiles, Funcionarios de Prisiones y administrativos, entre otros. Y, desde luego, al resto de los funcionarios de la AGE", añade.

   Por ello, CSI-F considera que el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga 'extra', por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos.