Miguel Massanet Bosch. No hay manera. Es imposible que, con su actual composición, con las presiones políticas que están recibiendo, con las campañas intimidatorias llevadas a cabo por los partidos catalanes y con los intereses creados alrededor de este bodrio legal que es el Estatut catalán, pueda salir del Tribunal Constitucional una sentencia medianamente creíble, ajustada a derecho y a los verdaderos fines de la Constitución, que merezca el beneplácito, por su rigor y transparencia, de toda la comunidad jurídica y de los propios ciudadanos españoles que, con tanta parafernalia, tanto retraso, tantas disputas internas y tan evidentes muestras de las interferencias de los partidos, en las labores de los magistrados; ya han dejado de merecer que se confíe  en ellos y ya no se espera más que un apaño, mal parido, si se me permite la expresión que, en el mejor de los casos, siga manteniendo a Cataluña dentro de España, como una comunidad más, larvada del virus de la independencia.

Sería necesario que, el Gobierno y oposición, antes de que este sainete pase a convertirse en un drama, se pusieran de acuerdo para disolver el actual cónclave que compone el TC y lo recompusieran de nuevo, pero, eso sí, no con magistrados, abogados o juristas designados por los partidos políticos, en función de su representación en las Cortes, sino que fueran elegidos por las propias organizaciones profesionales de la magistratura de entre los magistrados mejor valorados en cuanto a sus conocimientos jurídicos, su trayectoria profesional y personal y su honestidad; excluyendo, por supuesto, a aquellos que hubieran desempeñado alguna función pública de carácter político con anterioridad o, aquellos otros, que se hubieran destacado por su marcadas simpatías hacia una determinada formación política. No creo que sea tan importante que la sentencia que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Estatut, se prolongue por unos meses más  antes de ser emitida – en realidad el mal ya está hecho, los artículos de esta Ley ya se están aplicando y sus efectos nocivos ya son prácticamente irreparables –, siempre que, su contenido, por su sensatez, ajuste a las normas constitucionales y ausencia de cualquier interferencia, que no sea el estricto cumplimiento de la normativa vigente, devuelva la los españoles la fe en aquel órgano que tiene la misión de obligar a que todas las leyes se ajusten al mandato constitucional.

Las consecuencias que, para España, pudiera acarrear una resolución en falso, una sentencia amañada para contentar a tirios y troyanos o que dejara en evidencia una interpretación torticera de los preceptos de la Constitución, no llevaría más que a enconar todavía más, si cabe, el enfrentamiento entre los que nos consideramos españoles y aquellos que buscar descuartizar España. Es impensable que, para apaciguar los ánimos levantiscos de unos pocos; es inconcebible que, para contentar a unos políticos separatistas, a los que se les ha permitido hacer una labor de proselitismo e incitación a la ciudadanía a desobedecer las leyes estatales y a prescindir del Gobierno Central; se legisle en contra de la unidad de España, su integridad y  la igualdad y solidaridad de todos los españoles. Es antipatriótico que, en base a una serie de martingalas, legalismos, triquiñuelas y alambicadas interpretaciones legales, propias de leguleyos oportunistas, se desvirtúen las normas constitucionales, para hacerlas coincidir con las ambiciones de determinados grupos de presión, de conveniencias del Ejecutivo o  de un grupo minoritario de partidos que, por ambiciones políticas, buscan sacar la tajada mayor de su posición de privilegio, al constituir la clave de las mayorías en el Congreso de Diputados.

Es una vergüenza que, lo que debiera haber sido una deliberación estrictamente de carácter jurídico; un contraste limpio y documentado de opiniones entre los magistrados; una lectura sin redondeos ni falsas interpretaciones de los preceptos constitucionales y un análisis pormenorizado de cada uno de los artículos del Estatut objeto de de los recursos presentados en contra de su legalidad constitucional; se haya convertido –en virtud de los apuros del Gobierno para conservar su mayoría en el Parlamento, de las necesidades del señor Zapatero de contentar al señor Montilla que, para no ser apeado de su poltrona,  necesita mantener en marcha al Tripartit y eso no lo puede conseguir si no es aparentando ser más nacionalista que la propia ERC del señor Puigcercós y del inefable Carod – en una especie de carrera de resistencia donde el resultado final va a depender más de lo que sean capaces de resistir los componentes del TC antes de rendirse y tirar la esponja, más por agotamiento físico y cansancio intelectual que por convencimiento de que lo que se acabe por acordar sea lo correcto.

Qué duda cabe de que, sobre cada uno de los magistrados y demás miembros del TC, desde las bambalinas, les están llegando toda clase de “recados”,”recomendaciones”, “ofrecimientos de puestos lucrativos”, “amenazas” e, incluso, “presiones” sobre sus parientes y familiares, para que abjuren de sus convicciones y cedan en sus posturas, para así conseguir la mayoría necesaria para sacar adelante esta resolución que tanto se hace esperar. Los que cedan antes, los que no puedan resistir más la presión, los que se consideren sin fuerzas para continuar manteniendo sus posiciones, pueden ser los causantes de que salga una resolución injusta, a sabiendas de que lo es y a esto, en lenguaje legal, se le llama “prevaricar”. Si, señores, estas son las consecuencias de darle largas a una cuestión que, como máximo, debió de haber durado un año y que, por conveniencias del Ejecutivo (recuerden la prolongación del mandato de la presidente, señora Emilia Casas, por un decreto muy oportuno) se ha ido prolongando por causas tan absurdas como: alegar la inconveniencia de que la resolución apareciese en tiempo de votaciones. Es tanto como si, el dejar claro el tema de la unidad de España y de las limitaciones de las facultades de las autonomías, fuera algo que no pudiera discutirse en periodo electoral, para exponerles a los ciudadanos los pros y contras, así como las irregularidades cometidas por algunas formaciones políticas para arrimar el ascua a su sardina, aún a costa de ponerse la Constitución por montera.

Ahora se habla de cambiar de ponente, un medio para prolongar más esta “agonía”, al menos desde el punto de vista de la ciudadanía así se podría considerar, de este TC que parece que ha conseguido la práctica unanimidad de los españoles, en cuanto hace referencia a su incapacidad para cumplir con su cometido, su evidente politización y su falta de solvencia al ser incapaz ( y de ello tiene una gran culpa su Presidenta, por dejarse manejar por los políticos de su partido, los socialistas; como quedó claro el día en que la señora De la Vega la abroncó  en público, el día de la celebración del día de las Fuerzas Armadas) de enfrentarse a los partidos políticos, reclamar a voces destempladas su independencia y autonomía y denunciar, públicamente, a quienes intentaban presionarlos, para así dejar claro ante el pueblo español que no se dejaban achantar por nadie en lo que fuere el cumplimiento de su deber. Por desgracia, esta actitud no se ha producido y, hoy por hoy, mucho nos tememos que lo mejor que le pudiera ocurrir a España es la desaparición de este Tribunal especial, con el traspaso de sus funciones al propio Tribunal Supremo que, posiblemente, ejerciera con más efectividad y rapidez la función de preservar el cumplimiento de nuestra constitución de 1.978. Al menos esta es la opinión de este ciudadanos de a pié que les escribe.