Rafael González. 7 de diciembre. 

La diversidad de criterios con que hemos celebrado los 30 años de nuestra Constitución no se habían reflejado en cumpleaños anteriores. Algunos, sin ambages, no han dudado en afirmar que no tienen motivos para celebrar nada. Y es una pena. Se le está atribuyendo a la Constitución la culpa de la desastrosa situación a la que el Gobierno de Zapatero está llevando al país. Y eso no es justo. La culpa del desgobierno que sufrimos sólo es de Zapatero y de sus ministros.

Hace 30 años, el pueblo español supo dar un ejemplo de civismo que pocas veces se da en nuestra historia. Teniendo en cuenta la cantidad de veces que nuestra ferocidad cainita se ha desatado en nuestra historia, 1978 debe ser marcado como uno de esos años esplendorosos, de iluminación general, en el que parecía que nuestros ancestrales defectos se habían superados. Pletóricos de esperanzas, supimos aparcar nuestras diferencias, y con gran generosidad redactamos (porque aunque fueron 7 los encomendados, el hálito de muchos millones fue recogido en la redacción, mediante lo que se ha dado en llamar espíritu de la transición) una Carta Magna que responde a la voluntad de superar el pasado, de vivir juntos, de respetar nuestras peculiaridades, de vivir en un régimen democrático y, sobre todo, a erradicar para siempre los viejos enfrentamientos que jalonan nuestra historia.     

Nuestra Constitución no es perfecta; no lo es. Se sabe desde que jubilosamente se votó hace 30 años. Pero nunca ha dispuesto el pueblo español de un instrumento jurídico y político como éste, gracias al cual le haya sido posible lograr, en palabras del Rey,  "el más largo e intenso período de modernización, progreso, estabilidad y convivencia en democracia y libertad",  y de "recuperar el papel de España en Europa y en el mundo".  Los derechos fundamentales de las personas están en ella perfectamente tutelados, y hasta ahora ha cumplido una función integradora y de garante de los derechos y libertades de los españoles.

Cosa bien distinta es que, en los últimos años, y por la nefasta dejación de un Gobierno sin escrúpulos, se estén perpetrando múltiples violaciones a muchos de esos derechos consagrados en la Constitución. De tal desafuero son víctimas no pocos españoles. Pero el que se permita violar la ley, cualquier ley, no quiere decir que la ley sea defectuosa.

Otra cosa es también que nuestra Constitución necesite reformas. Ya he dicho que desde su proclamación se sabía que no era perfecta. Pero entonces se convino que era preferible echar a andar así, aprovechando aquel espíritu, que perder la gran oportunidad de iniciar todos juntos el camino incluso con esas deficiencias.

Ahora se han desatado las críticas achacándoles a la Ley de Leyes calamidades que no son inherentes a ella sino a un Gobierno interesado en volver al espíritu cainita que siempre nos ha caracterizado, atribuyendo todos nuestros males a la etapa franquista, como si Franco hubiese el padre Adán, y antes de él sólo existiese el Paraíso terrenal deshabitado. ¿O es que no es culpa del Gobierno que algunos Estatutos de Autonomía hayan supuesto un quebrantamiento de la Constitución, puesto en peligro la unidad de España con un nuevo modelo territorial distinto al definido en la Carta Magna? ¿No es culpa también del Gobierno que muchos españoles vean mermados sus derechos en algunos territorios nacionales?

Todos esos quebrantamientos, más que defectos de la Constitución son debidos a la traición de su espíritu en que han incurrido los responsables máximos de la política nacional. Y corresponde a la sociedad española volver al espíritu de 1978, que tanto beneficio nos aportó, y castigar con su voto a quienes no respeten ese espíritu, que para mi tengo que sigue latente en la conciencia de nuestro pueblo.