La verdad sobre la democracia española solo es una: respeto a la Constitución y al Estado de derecho de la nación española, de acuerdo con la voluntad de todo el pueblo, expresada a través de las urnas.

Miguel Massanet Bosch. Nos cuesta admitir que  una señora, completamente abducida por su soberanismo radical respecto a la comunidad catalana, pueda seguir desbarrando a gusto, cada día y desde su columna en un conocido periódico de carácter nacionalista catalán, perteneciente al grupo de los Godó, titulado como “La Vanguardia”; se la siga permitiendo seguir vertiendo impunemente, desde su colaboración, las mentiras, infundios, bellaquerías, injurias y calumnias contra España, sus representantes nacionales y sus instituciones, sin que nadie tome medidas para exigirle responsabilidades y sea llamada al orden, precisamente por aquellos que decidieron, con el apoyo del TC, poner en práctica el Artº 155 de la Constitución, para evitar que el secesionismo catalán pudiera seguir progresando hacia una situación que se preveía que, a medio plazo, tenía todas las posibilidades de resultar irreversible.

Cuesta llegar a entender que, esta periodista catalana, que ha venido viviendo a costa de su fama de enfant terrible del periodismo republicano de la comunidad catalana, como adicta al partido ERC, un ente caracterizado por su lucha constante en pro de conseguir la independencia de Cataluña; haya conseguido salir indemne, como también les ha ocurrido a la TV· y a Cataluña Radio, de una medida como es la aplicación extraordinaria del 155, encargada de neutralizar el progreso del nacionalismo catalán; sabiendo que, si alguien ha contribuido al lavado de cerebros de parte de la ciudadanía catalana, en favor de imbuirles por todos los medios a su alcance, sin excluir las marrullerías, embustes, tergiversaciones, acusaciones falsas y desacreditaciones, el fomento de un odio visceral hacia la nación española, sus autoridades y el resto de ciudadanos que venimos apostando por una España unida y sin diferencias regionales;  ha sido, sin duda alguna, la labor chapucera, malvada, mal intencionada y fratricida de estos a los que nos venimos refiriendo, caracterizados por su dedicación, sin contemplaciones, desabrida, belicosa e intoxicante, a la destructiva labor de propaganda demagógica en favor de una Cataluña convertida en república , independiente y libre de cualquier lazo con el resto de la nación española.

Pero, donde esta vieja periodista catalana se cubre de gloria, es cuando emite una de sus opiniones cargadas de toda la mala uva de la que es capaz esta dama, que es mucha, al decir que: “España comete el grave error de intentar aplacar la causa catalana destruyendo su propia democracia”. Veamos si somos capaces de entender esta incomprensible afirmación. Y es que, según esta experta en democracias que no lo son, se da el caso de que: todo lo que está haciendo el Gobierno español para impedir que, una parte de España, se separe del resto de la nación, simplemente porque menos de la mitad de los catalanes lo estén pidiendo, resulta ser para la inefable Pilar Rahola,  que, lo que está intentando el Estado español y los tribunales de Justicia, incluso el TC, que lo apoyan, es actuar de una forma autodestructiva o sea, que lo que pretende ¡ es acabar con su propia democracia! No para mientes, esta pretendida entendida en temas políticos, que lo que está diciendo se cae por su propio peso cuando los revolucionarios, los que se han rebelado contra las instituciones del Estado y han decidido no cumplir las leyes de los tribunales españoles son, precisamente, ellos mismos los que se atreven a acusar al Estado de poco democrático. ¿ Y a esto pretenden ellos considerar, de forma maniquea y antinatural, ¡ejercer sus derechos democráticos!, cuando en realidad lo que debieran decir es “ pretender incumplir con el ordenamiento jurídico español, burlando las leyes y cometiendo, como funcionarios que son los cabecillas de este movimiento revolucionario, deslealtad, traición, y desobediencia a todo aquello que, cuando accedieron a sus cargos, juraron o prometieron cumplir la Constitución española, obligándose a respectarla y obedecerla. Todos han cometido perjurio, algo que no reconocen.

Sólo alguien que carece de vergüenza y que no admite réplica alguna cuando participa en las tertulias de sus propios correligionarios, en TV· o Cataluña Radio; alguien que, a quien osa dudar de sus afirmaciones, que siempre considera que son axiomáticas, o intenta hacerla entrar en razón, como se ha evidenciado en todos los casos en los que esta circunstancia se ha producido, ha salido trasquilado y humillado por la reacción incontrolada  de esta furia de la naturaleza que no para en barras cuando se trata de impedir a quien la pone en cuestión la más mínima defensa. Los desplantes y numeritos que esta señora es capaz de organizar cuando se la irrita, son ya legendarios en toda Cataluña y, su mala educación, también.

 Cuando uno puede leer, en lo escrito un colaborador de La Vanguardia, un tal Francec-Marc Álvaro, unas frases tan cargadas de desprecio hacia la persona del juez Llarena, con la intención manifiesta de descalificarlo y presentarlo ante la ciudadanía como un sujeto decidido a acabar con Cataluña, no se puede dejar de pensar que Cataluña, por desgracia para los que la habitan, está invadida por quienes son incapaces de entender que, si consiguieran la independencia que piden, no tardarían en arrepentirse de ello. Los primeros, los industriales, burgueses, adinerados o comerciantes ya que es evidente que, el gobierno que se haría cargo del nuevo utópico estado no serían precisamente los conservadores de lo que se pudiera considerar el partido más  de derechas de Cataluña, el PDCat, sino un partido de izquierdas que, con toda probabilidad, acabaría siendo alguno del grupo de Podemos o similares. En fin, el mencionado articulista habla en su escrito de que “antes teníamos un Guerra (Alfonso Guerra, del PSOE) en primera línea y ahora un juez Llarena; es una gran diferencia: el primero pasaba por las urnas… el segundo forma parte de una estructura que tiene vida propia y disfruta de protección corporativa”.

Es decir, según este señor, que se permite emitir juicios temerarios de intenciones sobre la judicatura del Estado, el tercer poder que, como ha demostrado fehacientemente, ha intervenido sin temor alguno en casos que afectaban al PP, lo mismo que a los que afectaban al PSOE o a cualquier otro partido o institución que fuera sospechoso de haber cometido cualquier tipo de delito, sólo porque a su  interés le conviene o le resulta favorable a quienes apoya o piensa que enlodazando la fe en la Justicia es su forma de añadir su grano de arena a la causa independentista, sin tener en cuenta ni valorar que, si el señor Alfonso Guerra pasó por la legitimación que proporcionan las urnas para ejercer de representantes de un grupo de personas, las que lo votaron ( mejor dicho: votaron a toda una lista de aspirantes en la que estaba incluido); en el caso del juez Pablo Llarena su curriculum es más técnico, exige más preparación, estudio y haber desarrollado una carrera previa, la de Derecho y, posteriormente haberse sometido a la criba de unas oposiciones, muy duras, para ganarse la posibilidad de poder juzgar a las personas y no sólo a las de un grupo concreto de ciudadanos, sino que, potencialmente, a cualquier español o extranjero que, en España,  sea acusado de haber cometido algún delito; algo que, si lo pusiéramos en un platillo de la balanza de los méritos, sin duda se inclinaría, sin desmerecer para nada al señor Guerra, hacia el lado del mencionado juez.

Lo cierto es que va resultando patético y digno de la “comedia de las artes” y de sus complicadas y disparatadas secuencias, este drama que se está representando en Cataluña en el que, el reparto de actores no puede ser más desafortunado y los papeles que, a cada uno de los principales actores de la trama, menos lucidos, simpáticos y. evidentemente, menos beneficiosos para el  colectivo al que representan. Los que han decidido desafiar a España, una democracia reconocida en todos los países del resto del mundo, con una Constitución votada y aceptada por todos los españoles, incluida Cataluña donde fue votada por más del 80% de los ciudadanos; intentando venderla como una dictadura, un lugar donde no se puede expresar libremente lo que se piensa y que, por añadidura, se “oprime” los ciudadanos que pretenden ejercer “libremente sus derechos democráticos”; no hacen sino que desacreditarse a ellos mismos, porque cualquiera de los  40 millones de turistas que nos visitan cada año, son testigos de que, lo que informan los independentistas catalanes, no es más que una vergonzosa y estúpida trola, fruto de la mala fe, el odio y  la desesperación de los separatistas catalanes; que han visto que, ninguna de las naciones a las que han acudido para obtener apoyo, se lo ha concedido; aún más, todos ellas les han advertido a aquellos que han pretendido vender a España, que su proyecto no tenía cabida dentro de la Europa comunitaria y que, en el hipotético caso de que, por un hecho milagroso, consiguieran su propósito, Cataluña iba a quedar apartada de la UE, sin posibilidad de recibir ninguna de sus ayudas ni subvenciones bancarias y sin participar de la libertad de comercio y de tránsito de la que gozan todas las naciones que forman parte de la misma, con la particularidad de que las transacciones que pretendieran llevar a cabo con Europa iban a quedar gravadas por los impuestos y tasas impuestas al resto de naciones no pertenecientes a la UE.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos vemos moralmente obligados a comentar las sandeces e inconveniencias de estos representantes de la prensa, la radio y la TV, catalanes que, por desidia e incompetencia del actual gobierno de España, no se les ha puesto freno y siguen, con plena libertad para ello, actuando de quinta columna del separatismo, al que intentamos combatir con la puesta en marcha del 155, de modo que ante los oyentes, espectadores o lectores, pueden continuar la campaña de desprestigio, engaño, calumnias y demás ofensas contra España y el pueblo español, ante la pasividad, a nuestro entender incomprensible, absurda y desleal para con la patria, de quienes nos gobiernan y del resto de partidos a los que se considera constitucionalistas, que dan la sensación de no atreverse a enfrentarse al desafío separatista con todo el vigor que ,sin duda, se les podría demandar por sus votantes. Resulta de todo punto censurable que, estando Cataluña intervenida en virtud del 155, se permita a propagandistas del delito de secesión y sedición, que sigan actuando con plena indemnidad.  No entendemos cómo se puede consentir semejante incongruencia en un Estado de derecho.