Pedro Sáez Martínez de Ubago. Este pasado martes el Gobierno vasco, presidido por Patxi López aprobaba un decreto sobre presuntas víctimas de abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978, cuyos beneficiarios van a poder comenzar a ser reconocidos e indemnizados a partir de mediados del mes de julio. Es decir, algo parecido a la memoria histórica, pero que en vez de favorecer a los comunistas, socialistas y anarquistas del Frente popular, favorece a los terroristas de la txapela, el pasamontañas, el coche bomba o el tiro en la nuca a quienes desde las altas esferas del partido socialista del señor López, según parece, se ha ayudado presuntamente en acciones tan vergonzantes como el “Caso Faisán”.
Dicho decreto del gobierno vasco, hasta hace muy poco sostenido gracias a los votos del Partido Popular, ha propiciado una declaración de la AVT según la cual “Nos encontramos ante una nueva fase en la ofensiva del Lehendakari Patxi López y de su Dirección de Víctimas de humillar a todas las víctimas del terrorismo y, en especial, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con este decreto se tergiversa la historia del terrorismo, se intenta neutralizar el significado del sufrimiento de las víctimas del terrorismo y se busca contentar las exigencias de ETA”.
Y para más INRI, se ha sancionado semejante aberración tres días después de que el sábado 9 de junio, se celebrara la primera concentración contra el terrorismo y la política penitenciaria de la era de gobierno del Partido Popular. Concentración que secundaba la convocatoria realizada por la plataforma Mujeres por la Justicia, adscrita a la asociación Voces Contra el Terrorismo, para protestar por el plan de reinserción de presos etarras puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Y todos pudimos notar, bien “in situ” bien a través de los medios y la escasa atención prestada, que esta clase de actos a la que concurrían cifras millonarias de personas, apenas pudo cubrir la madrileña plaza de Colón, en la que se echaban en falta dirigentes del PP que siempre se dejaban caer, cuando se trataba de protestar contra los actos del gobierno socialista. Excepción sea hecha por la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, quien tampoco es un cargo destacado de los populares, quien dijo "Estoy aquí porque ETA asesinó a mi hermano, Alberto Jiménez Becerril, y a Ascensión García Ortiz, en Sevilla, en 1998. Estoy como víctima de ETA, pidiendo el cumplimiento íntegro de las condenas".
Otra crítica al gobierno de Rajoy y desde sus filas fue la hecha por el exparlamentario vasco del PP Santiago Abascal al afirmar que "la inmensa mayoría de la sociedad española desea la derrota del terrorismo sin ningún tipo de atajos y sin ningún tipo de concesiones. Por lo tanto, no se comprende que el Gobierno hoy pueda poner su énfasis en los planes de reinserción y no dedique todos sus esfuerzos, como habría de ser, en la ilegalización de Bildu".
Finalmente Francisco José Alcaraz, presidente de la asociación, declaraba que la convocatoria respondía a "una obligación moral" y que "no sería de recibo" no salir ahora a la calle a protestar por la “vía Nanclares”, después de haberlo hecho con el PSOE. Según Alcaráz –quien parece tener la moral más sensible que los dirigentes populares ausentes en esta ocasión, "Estaríamos traicionando a los nuestros si no hiciésemos exactamente lo mismo manteniéndose esta vía con el actual Gobierno" y "Había que hacerlo por principios y por coherencia", pues el objetivo de la concentración no era sino "no ser cómplices por acción u omisión del proceso que está beneficiando a los terroristas".
Es decir, de la ausencia de dirigentes significativos del PP, de la escasa movilización de sus bases, así como de la miserable cobertura informativa dada por los medios de comunicación, bien puede deducirse que nos encontramos ante una nueva mentira del PP o, más eufemísticamente dicho para no dañar susceptibilidades, de una nueva reinterpretación de sus promesas electorales, de tal forma que donde los pobres españolitos creímos entender que dijeron digo, Rajoy y sus corifeos estaban diciendo Diego y quién sabe si también Jaime, Jacobo y Santiago.
¿Se podría hablar de una doble moral, la que se postula en la oposición y la que se ejerce desde la mayoría absoluta? Si así fuera, resultaría que las víctimas del terrorismo, serían también víctimas de los políticos de turno y, en tal caso, convendría traer a la memoria las palabras de Alessandro Manzoni: “Todas las cosas contrarias a una ley reconocida, y que, no obstante, se toleran como excepciones a esta regla, son ilícitas. Con el sistema de las excepciones, ocasionado por el cálculo de la utilidad, se destruye toda idea moral”.