Francisco Torres García. Tras leer las diversas informaciones aparecidas, después del reportaje-denuncia de una revista sensacionalista, sobre lo que está aconteciendo en y con el Valle de los Caídos, sólo cabe cuestionarse seriamente sobre hasta dónde está llegando la capacidad de un gobierno, con aval parlamentario, para cercenar la libertad.

España debe ser el único país democrático en el que se prohíbe por ley rendir tributo a los muertos por razón política. Hasta en Alemania es posible realizar actos por los caídos de cualquiera de las unidades que combatieron en la II Guerra Mundial, sin que eso se considere un acto de exaltación política. Hoy en España es imposible hacerlo en el cementerio en el que reposan decenas de miles de caídos en la guerra civil e incluso fuera de él. El gobierno ha llegado al punto más alto de la bajeza y la miseria política: utilizar la ley para constreñir hasta el límite de lo imposible las visitas a un cementerio. Porque el Valle de los Caídos es precisamente eso, una Basílica creada para ser el lugar de descanso eterno de todos los creyentes, de un bando y de otro, caídos en la guerra civil; y fue así por deseo expreso del fundador de la misma, de Francisco Franco.

Hoy, por razones de índole política, el gobierno de España prohíbe, con el apoyo en este punto del Partido Popular, que se celebren oficios religiosos convocados públicamente por el alma de dos de las personas que allí yacen enterradas: Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Ignorando ambos partidos que un oficio religioso tiene muy poco de exaltación política y que un gobierno carece de atribuciones para prohibirlos. Ignorando además que no puede prohibir el homenaje, en el lugar donde descansa, al fundador de un partido legal en España, cuyos símbolos están legalizados y que, por tanto, no pueden ser objeto de persecución por ley alguna.

Hoy el gobierno de España prohibiría, igualmente, cualquier oficio religioso colectivo por el alma de los caídos, en los frentes de combate y en la retaguardia republicana, que descansan en el Valle de los Caídos, lo que supone una clara discriminación y una vulneración de la propia Constitución que consagra el principio de la no discriminación por razón de credo o ideología. En este sentido la denominada “Ley de la Memoria Histórica”, que en realidad es la “ley para la venganza histórica”, vulnera la Constitución en la teoría y el gobierno lo hace en su desarrollo legal.

El gobierno tiene como objetivo la destrucción del Valle de los Caídos. Destrucción moral que busca propagando la tergiversación y la mentira sobre la razón del monumento (rezar por el alma de los que allí reposan). Destrucción mediante el engaño pues el Valle de los Caídos no fue construido por presos condenados a trabajos forzados o a trabajar allí, los pocos presos que trabajaron lo hicieron al acogerse a la redención de penas por el trabajo, lo que aunque pudiera parecer igual es absolutamente distinto. Destrucción física, dejando que se deteriore para así poder mantenerlo cerrado por “medidas de seguridad”.

El esperpento, el estrambote ha sido el intento de profanación, porque esa es la calificación que merece, perpetrado con nocturnidad y alevosía, de la cripta donde descansan decenas de miles de españoles, con la excusa de que se buscan nueve cadáveres de anarquistas en virtud de la ley de la Memoria Histórica.

Hoy el Valle de los Caídos es un lugar en el que no rige la ley, en el que el respeto es una entelequia, en el que no existe la libertad. Un lugar secuestrado, sometido a la más espantosa de las tiranías, la que nace del ánimo de venganza sustentado por quienes jamás se arrepintieron de uno sólo de los crímenes que cometieron en la guerra civil, por lo que suenan a insulto las peticiones del comunista Joan Herrera. Entre quienes propugnan la venganza y quienes prefieren la oración me quedo con los segundos.