Redacción Madrid. 7 de enero.

    El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha remitido la investigación sobre los denominados 'niños perdidos del franquismo' a siete Juzgados decanos de España, en concreto los situados en Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza, según se desprende de un auto del magistrado al que ha tenido acceso Europa Press.

   En su auto, fechado el pasado 26 de diciembre, el juez acuerda inhibirse de la causa sobre la memoria histórica a favor de los juzgados de instrucción territoriales, en aplicación de la decisión tomada por la Sala de lo Penal que declaró su falta de competencia para instruir sobre las muertes y desapariciones producidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.  

   Garzón envía además la causa --"en la medida en la que a cada uno de corresponde en función de los hechos acontecidos en su respectiva jurisdicción", especifica-- a los Juzgados de Instrucción de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, Alicante, Valencia, Manacor y Palma de Mallorca.

   Se inhibe también a favor de los Juzgados de Instrucción Decanos de las localidades de Herrera del Duque (Badajoz), Pamplona (Navarra), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León) para que sean estas dependencias judiciales las que den respuesta a "las exhumaciones solicitadas".

   Este nuevo auto de Garzón sigue al dictado por el juez el pasado mes de noviembre en el que ya tomaba la decisión de inhibirse habida cuenta del fallecimiento de los altos cargos del régimen de Franco a los que imputaba un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encajaba, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad.

   El juez especifica que la inhibición acordada entonces se materializa ahora "según lo decidido por la Sala" por lo que "serán los juzgados que resulten competentes los que tendrán que asumir o no asumir dicha calificación y la continuidad o no de los procedimientos", incluidos los relativos a las desapariciones "legalizadas", sustracciones y cambios de identidad de menores de edad durante los años del franquismo.

   'NIÑOS PERDIDOS'

   Garzón ya advertía en el auto de noviembre al poder judicial "la obligación" de investigar lo sucedido a los 'niños perdidos' y destacaba que el "número indeterminado" de menores en estas circunstancias "dura hasta la fecha".

   El juez reflejaba en aquella resolución los datos recopilados por el historiador catalán Ricard Vinyes que aportó en su Juzgado junto a diversas transcripciones de conversaciones que, en opinión del magistrado, "apoyan la investigación".

   Indicaba que la "sustracción sistemática de niños" de padres que eran considerados "no aptos para asumir su cuidado y protección" por su ideología, constituye un crimen contra la humanidad que no está prescrito ni amnistiado ya que las víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas.

   "Estos son los hechos y desde las instituciones, el Ministerio Fiscal y los jueces competentes se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare a las víctimas", decía el juez que indicaba que es necesario ofrecer la posibilidad a aquellos que están vivos y que hoy en día superan los 60 años, de obtener la recuperación de su identidad.

   Según los datos que obran en el sumario la cifra de niños y niñas, hijos de presas y tutelados por el Estado, alcanzó entre 1944 y 1955 casi 31.000, según la información que el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas elevó al mismo Francisco Franco.

   La sustracción de menores adquiría diversas formas por lo que existen 'niños perdidos', hijos de reclusos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen y cambios en la identidad de niños repatriados y abandonados que "los rojos obligaron a salir de España" y que fueron después devueltos.

   Estos menores eran asignados a familias "de reconocida moralidad y adornados de garantías" que aseguraran la educación de los huérfanos en ambiente familiar irreprochable desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional".

   "Se dieron casos de alteración de datos al nacimiento para impedir que los padres (...) recuperaran a sus hijos y perjudicaran las adopciones consumadas", recordaba el juez. Garzón mencionaba también a los hijos de mujeres presas violadas en las cárceles y ejecutadas después de dar a luz y reflejaba la existencia de un plan emanado del régimen franquista y dirigido a la "captura" de menores repatriados en países como Rusia.

   INFORME DE LOS PERITOS

   En su nuevo auto Garzón menciona además la existencia de un informe llevado a cabo por la comisión de expertos que nombró él mismo para agilizar la investigación sobre las desapariciones y muertes y cuya elaboración se cerrará hoy, dice el juez.

   El magistrado asegura que los cinco peritos que componen el grupo le han presentado un avance de este estudio "en el que apuntan un balance provisional de víctimas que cifran en  un número que se centra entre los 136.062 y los 152.237".

   Garzón acuerda, además, remitir testimonio literal de las actuaciones digitalizadas a los Juzgados territoriales y comunicar a estas dependencias judiciales cuales son las partes personadas en este procedimiento.