En un auto notificado hoy, el juez Fernando Grande-Marlaska acuerda la apertura del juicio oral, lo que pone fin a más de dos meses de instrucción, e impone a cada uno de los militares la obligación de abonar en el plazo de 24 horas una fianza de dos millones de euros en concepto de las indemnizaciones que la sentencia pudiera asignar a los familiares de los fallecidos por daños morales y materiales, y de la que el Estado se haría responsable con carácter subsidiario.

   El magistrado también da diez días a la representación legal de los tres acusados para que formulen su escrito de defensa y propongan las pruebas que consideren oportuno practicar durante el juicio, que se celebrará ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que preside el juez Javier Gómez Bermúdez.

   La Fiscalía pidió una condena de cinco años de prisión para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y cuatro y medio para los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.

   Al general Navarro también le solicita una multa de 50 euros al día durante 20 meses (30.000 euros) y una inhabilitación especial durante cinco años, mientras que a los otros dos mandos les reclama una cuota diaria de 50 euros durante 16 meses (24.000 euros) y un periodo de inhabilitación de cuatro años.

   De igual forma, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, solicita indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges o personas unidas con análoga relación de afectividad, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea.

   Por su parte, la representación legal de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 y otros grupos de familiares de las víctimas solicitaron que las multas ascendieran a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente, y que entre los beneficiarios también estuvieran los hermanos de las víctimas.

   De la causa está excluido el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que fue imputado por la representación legal de los familiares de las víctimas pero no por el fiscal ni por el juez. Beltrán dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos.

   En su escrito, el teniente fiscal detallaba la relación de 30 militares a los que presuntamente se les asignó una identidad arbitraria, tal y como corroboraron los análisis de ADN que se realizaron con posterioridad. En este sentido, solicitó que se incorporen al juicio como prueba pericial los informes que a este respecto elaboró el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses.

   Burgos reitera de este modo los argumentos que defendió en la vista de apelación que se celebró el pasado 15 de abril, en la que solicitó la reapertura de la causa, que había sido archivada por Grande-Marlaska el 22 de noviembre de 2007. El juez reabrió la investigación el 29 de abril "por mandato de la superioridad" y apenas unas horas después de que la Sala de lo Penal le obligara a adoptar esta medida.