El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha multiplicado sus salidas al extranjero en sus primeros 100 días de gobierno, en comparación con el arranque de la primera legislatura.

   Si entre abril y julio de 2004, el jefe del Ejecutivo tan sólo realizó un viaje oficial a México, en los primeros meses de su segundo mandato este número ha aumentado a tres, con desplazamientos oficiales a Dinamarca, Grecia y Marruecos.

   A ellos hay que sumar la visita de trabajo que realizó a Brasilia en mayo y la asistencia del presidente a cinco cumbres multilaterales: la V Cumbre América Latina-Caribe y UE, celebrada en Lima en mayo; la conferencia de la FAO sobre seguridad alimentaria de Roma en junio; el Consejo Europeo de junio en Bruselas, la IV Cumbre CARICOM-España en julio en Madrid y la Cumbre que el fin de semana pasado lanzó en París la Unión por el Mediterráneo.

   Precisamente en la cumbre de la FAO, Zapatero mostró ante el resto de la comunidad internacional que su Gobierno mantendrá su compromiso con la ayuda al desarrollo a pesar de la actual crisis financiera. Allí anunció que su Ejecutivo destinará 500 millones de euros de aquí a 2012 para combatir la crisis alimentaria e instó al resto de potencias económicas a que no reduzcan la ayuda que destinan a los países pobres como consecuencia de la situación actual de la economía.

   Zapatero ha mantenido además 27 encuentros bilaterales con otros tantos Jefes de Estado o de Gobierno y ha recibido en La Moncloa a 12 mandatarios o personalidades políticas relevantes. Representantes de su Gobierno se han desplazado además a Washington para entrar en contacto con los candidatos a próximos presidentes de Estados Unidos, con el objetivo de normalizar las relaciones una vez que George W.Bush termine su mandato.

   Para presentar sus prioridades en materia de política exterior, Zapatero pronunció el pasado 16 de junio la conferencia 'En interés de España: una Política Exterior Comprometida', en la que anunció tres giras por África, tres viajes a Asia y otro a Oriente Próximo para los próximos cuatro años.

   El Ejecutivo se enfrentó en estos primeros 100 días de Gobierno a la primera crisis de calado fuera de nuestras fronteras: el secuestro del atunero vasco 'Playa de Bakio' durante seis días en abril pasado por parte de piratas somalíes.

   La liberación del barco y sus 26 tripulantes se resolvió sin daño alguno, tras el presunto pago de un rescate por parte del armador. El Gobierno nunca aclaró si agentes del Centro Nacional de Inteligencia entregaron el dinero a los piratas, como apareció publicado en el diario 'El País'.

   A partir de este episodio, el Gobierno español se movilizó para crear con otros países una fuerza naval disuasoria y de protección frente a la piratería en aguas de Somalia. De momento, Francia es el país que más se ha implicado en el proyecto, que el Ejecutivo desearía ver hecho realidad para finales de este mes o principios de agosto.

   España, además, se ha ofrecido para asumir el mando del primer despliegue, una vez que los países participantes diseñen un sistema de mando rotatorio.

   La diplomacia española también resolvió satisfactoriamente la detención en Gambia el pasado 31 de mayo de dos ciudadanos españoles, acusados de haber realizado proposiciones homosexuales. Tres días después del arresto y fruto de la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, los dos ciudadanos españoles fueron puestos en libertad sin cargos y repatriados a España sin daño alguno.

   En cuanto a las medidas acordadas por el Consejo de Ministros, el Gobierno remitió en estos primeros 100 días de legislatura el Tratado de Lisboa a las Cortes para su ratificación. Eso sí, de no ser por la intervención de CiU y posteriormente otros grupos, el proceso de ratificación, según el calendario que manejaba el Ejecutivo, no se hubiera completado hasta octubre, lo que hubiera convertido a España en casi el último país en ratificar el tratado.

   Finalmente, se habilitó una sesión extraordinaria el pasado 15 de julio en la que el Senado dio su luz verde definitiva a la ratificación del Tratado, lo que ha convertido a España en el vigésimo tercer país en completar el proceso de ratificación.