Redacción Madrid. 2 de marzo.

    El Gobierno ha decidido aprobar las medidas que venían discutiéndose en el diálogo social, sin contar con el respaldo de sindicatos y empresarios, quienes en general consideraron que las medidas se quedan cortas y resultarán insuficientes para frenar la destrucción de empleo.

   Tras reunirse la comisión de seguimiento del diálogo social, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, compareció ante la prensa para explicar las iniciativas de las que el Gobierno piensa informar en el Consejo de Ministros del próximo viernes, cuyo coste ronda los 1.500 millones de euros y que entrarán en vigor dentro de "un par de meses".

   Corbacho explicó que algunas de estas medidas necesitarán instrumentación legal, vía decreto-ley y con tramitación de urgencia, por lo que deberán ser convalidadas en el Parlamento. El ministro, que admitió que no se ha alcanzado un acuerdo, recordó que el Gobierno se comprometió a no adoptar medidas sin el consenso de los agentes en el caso de reformas laborales, pero no en el resto de iniciativas laborales.

   "El Gobierno entiende que ya ha habido suficiente debate y por eso no sometemos estas medidas al acuerdo. Las sometemos a la Comisión de Seguimiento, cuya valoración global es positiva", recalcó el ministro, que precisó que la agenda del diálogo social está "abierta" para trabajar en aquellas medidas y temas que se estimen convenientes, aunque, de momento, dijo, en el orden del día no está la discusión de una posible reforma laboral.

EL PARO SE CONVERTIRÁ EN UNA BONIFICACIÓN

   Entre las medidas que adoptará el Ejecutivo se encuentra la de eliminar los periodos de espera entre el fin de la prestación contributiva por desempleo y el cobro del subsidio asistencial, y facilitar la contratación indefinida de trabajadores en paro que cobren prestación (tanto contributiva como asistencial) para utilizarla como una bonificación dirigida al empresario que contrate a estos trabajadores.

   Así, la empresa que contrate a estos trabajadores podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, hasta alcanzar un máximo equivalente al importe de la prestación que el parado tuviera pendiente de recibir a la fecha del contrato, con un límite para la bonificación de tres años y con la obligación de mantener en el empleo al trabajador contratado durante al menos un año (si le despide antes, la empresa tendrá que devolver las bonificaciones de las que se hubiera beneficiado).

   Esta medida, vigente para 2009 y con posibilidad de prorrogarse, será voluntaria para el trabajador que, en cualquier caso, no perderá sus derechos, pues si al año de contrato ve extinguida su relación laboral "recuperará íntegramente" los derechos que tenía en el momento de ser contratado.

   Otra de las iniciativas que llevará a cabo el Gobierno es la de reponer, con un límite de 120 días, las prestaciones por desempleo a los trabajadores a los que se les haya suspendido el contrato de trabajo por causa de un expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal que deviene en definitivo, es decir, que acaban siendo despedidos.

   La reposición de las prestaciones por desempleo será de 90 días en el caso de aquellos trabajadores que hayan agotado la prestación durante un ERE de suspensión temporal de empleo (que posteriormente no termina en despido). También en el caso de los ERE temporales, los empresarios que reciban autorización para suspender contratos o reducir jornada tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERE, con un máximo de seis meses.  

   Estas tres últimas medidas afectarán a los ERE presentados entre el 1 de octubre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 y serán revisadas a finales del presente ejercicio para analizar su posible prórroga por un año. 

   Asimismo, se favorecerá el mantenimiento del empleo mediante la concesión de aplazamientos en los pagos empresariales a la Seguridad Social. Otra iniciativa que, según explicó Corbacho, ayudará a que las empresas tengan mayor liquidez será la creación de una nueva línea ICO dirigida sólo a medianas empresas, de cuya concreción se está encargando el Ministerio de Economía y Hacienda.

   En materia de contratación a tiempo parcial, se implantarán bonificaciones para fomentar esta figura contractual, escasamente utilizada en España. Dicha bonificación será un 30% superior a la jornada pactada en el contrato, sin que en ningún caso pueda superarse el 100%. De hecho, para que el contrato reciba la totalidad de la bonificación, la jornada del contrato a tiempo parcial deberá ser equivalente al 70% de la jornada completa.

   Por último, el Gobierno se ha comprometido a mantener y actualizar las plantillas de los servicios públicos de empleo, con la incoporación temporal de 900 personas este año, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo. Además, se ha decidido dejar de manera permanente a los 1.500 orientadores contratados en 2008 para ayudar a los desempleados en la búsqueda de empleo.  

   Corbacho cifró el coste de estas iniciativas en unos 1.500 millones de euros, a los que habrá que añadir los 10.000 millones de euros que el Ejecutivo se ha comprometido a aportar para garantizar el pago de las prestaciones por desempleo.

LOS SINDICATOS, MOLESTOS CON LA PATRONAL

   A CC.OO. y UGT no les convencen todas las medidas que piensa adoptar el Gobierno, sobre todo las relativas a bonificar las cuotas de las empresas a la Seguridad Social. "Con las bonificaciones no se crea empleo, sólo se reducen los costes de las empresas", denunció el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz.

   En la misma línea, su homólogo de UGT, Toni Ferrer, cree que, a cambio de dichas bonificaciones, debería existir un mayor compromiso empresarial en favor del mantenimiento del empleo. "Hay que examinar cada euro que se les da a las empresas", dijo.

   Para Górriz, el resultado de este proceso, dirigido a la adopción de medidas urgentes y de coyuntura, debe suponer un "punto y seguido" para el diálogo social, a fin de abordar un paquete de medidas "más amplio" en el que Gobierno, empresarios y sindicatos "concerten y concentren sus esfuerzos en la consecución de un acuerdo sobre empleo, protección social y modelo productivo".

   Por su parte, Toni Ferrer consideró que las medidas que aprobará el Ejecutivo van en la buena dirección, aunque subrayó que deberían perfeccionarse en el diálogo social durante las próximas semanas. No obstante, no parece que esto vaya a suceder, porque el Gobierno ha dado por finalizado el debate en torno a estas cuestiones. Los dos dirigentes sindicales, en un claro mensaje a la patronal, recharazon que la solución a la crisis esté en una reforma laboral y en el abaratamiento del despido.

LA CEOE PIDE REFORMA MÁS AMPLIA

   Desde CEOE y Cepyme, el secretario general de la patronal española, José María Lacasa, lamentó que el diálogo social no sea "más ambicioso" y no entre a abordar reformas estructurales que contribuirían a frenar la destrucción de empleo, lo que, según admitió, sólo ocurrirá de manera puntual con el paquete de medidas del Gobierno.

   Lacasa calificó como "positiva" la línea ICO para medianas empresas, tachó de "interesante e innovadora" la conversión de la prestación por desempleo en una bonificación, y consideró "correcta pero insuficiente" la bonificación empresarial en los ERE de suspensión. La CEOE insistió en que hace falta abordar una reforma laboral que aborde el despido, el absentismo laboral y la rebaja de cotizaciones.