A.Daudet. En ocasiones uno llega a pensar que está desvariando o que le ha invadido la demencia senil o que si, a copia de escuchar a los políticos mentirle, ya se ha acostumbrado a ello y se ha hecho inmune a sus pertinaces incumplimientos de promesas. En todo caso, se pudiera pensar que, en circunstancias de crisis, en caso de una hecatombe económica por la que hemos pasado y seguimos pasando; cuando la economía privada se ha llevado la peor parte y los trabajadores han sufrido uno de los más sonados recortes salariales, los más afortunados, y han perdido sus puestos de trabajo, los que peor lo han pasado; puede resultar hasta insultante que, el Gobierno y los gobiernos autonómicos, que a todos ellos les corresponde su parte de culpa, hayan sido incapaces de poner la tijera en el tema del sector público si, por el contrario, tan dispuestos, tan prestos e implacables han sido cuando se ha tratado de aplicarla a sectores tan vitales como: la Seguridad Social, la Sanidad, la Enseñanza y las mismas pensiones, amén de otros sectores que sería largo detallar. No se han atrevido o no han tenido la visión necesaria para enfrentarse a una tarea que un día deberá acometerse.

He tenido ocasión de leer un artículo de un conocido periodista en LD, en el que se nos recuerda que esta promesas, una de ellas, la que PP nos hizo a sus votantes cuando las elecciones del 20M del 2011 fue, precisamente, meterle mano a fondo a esta enorme parafernalia en la que se ha convertido la estructura del Estado, incluyendo en ella la que corresponde a los gobiernos de las comunidades autónomas, unas más que otras, que se ha convertido en una de las cargas más onerosas para los ciudadanos que, aparte de verse afectados en sus emolumentos por los zarpazos de la recesión, se han visto obligados a contribuir, con sus elevados impuestos, a que una plantilla desorbitada y a todas luces innecesaria, siga manteniéndose a pesar de que, en el caso, por ejemplo, de los entes públicos que se han ido creando en todo el Estado (como un medio de ejercer unas tareas que no podían ser asumidas por los entres públicos); se hayan convertido en un enorme reservorio de enchufados de los distintos partidos políticos.

Lo cierto es que, por raro que pueda parecer, a pesar de las sonadas protestas de los funcionarios, como las de Sanidad y Educación, resulta que, aunque se congelaron salarios y se suprimieron algunas pagas extras, los menos afectados por la crisis han resultado ser el colectivo de empleados públicos. Las quejas y denuncias que, de forma tan notoria y reivindicativa, se vienen repitiendo por los que han resultado ser los más privilegiados de los españoles, no parece que tengan otra justificación que intentar conservar los privilegios de casta, sin tener en cuenta que los que mayores tarascadas se han llevado han sido, precisamente, los empleados de empresas privadas. Según la EPA, Encuesta de Población Activa, elaborada por el INE; en el tercer trimestre del año 2007 se alcanzó en España el máximo nivel de empleo con 20’5 millones de personas empleadas. Sin embargo, al cierre del 2013 su volumen se situaba por debajo de los 16’8 millones. Ello comportaba la desaparición de 3´7 millones de puestos de trabajo, el 18’3% de aquella punta de empleo.

Mientras, en el sector privado, las pérdidas de puestos de trabajo fueron de 3’6 millones de trabajadores, en el sector público apenas afectó a 136.000 efectivos; o sea un 20’6% de los empleados privados contra un 4’6% en el sector público. Habría que preguntarse, por lo que respecta a las recientes manifestaciones “blancas”, de Sanidad o “verdes”, de Educación, qué tanto por ciento había en cada una de ellas de interés por la salud de los ciudadanos o por los derechos de los estudiantes, y que tanto por ciento de miedo a perder gabelas, privilegios, complementos salariales o beneficios sociales, cuando no defensa de tipo corporativa. Es muy útil utilizar a enfermos o desvalidos o estudiantes de baja extracción económica, como coartada para ocultar intereses de tipo económico de médicos, sanitarios y enfermeros o de catedráticos, profesores o asimilados; temerosos de que el progreso o las exigencias requeridas para poder ejercer sus profesiones se eleven, en beneficio de los educandos o de los pacientes, de modo que, en muchos casos, estén por encima de sus capacidades actuales como docentes.

Hay que decir que, las escasas reducciones que se han producido entre el personal del funcionariado, han tenido lugar en aquel sector de los empleos eventuales o interinos (contratos temporales), de modo que el número de temporales en las administraciones públicas ha descendido en 214.000 personas desde finales del 2007 y, por el contrario, el número de indefinidos ha subido en 78.000. Aquí queremos hacer mención a un dato curioso. En Catalunya, la comunidad más endeudada de España, el afán de crear una administración paralela para sustituir a la del Estado español en caso de separación, la ha convertido en la comunidad donde se ha incrementado más el número de funcionarios desde que comenzó la crisis, con un 7’6% de incremento; seguida de Navarra con un 6’9%; todo lo contrario que en el caso de Madrid, que han disminuido en un 14’6%. Alguien debería dar explicaciones del porqué de estas diferencias abismales.

Otro dato llamativo. A pesar de su difícil situación de endeudamiento y su déficit público, la arisca comunidad catalana también es la que más ha aumentado el número de asalariados públicos con un incremento del 21’3% de indefinidos, bajando el volumen de temporales en un 38’8%. Todo ello tiene un explicación que entra de lleno en la lógica de los separatistas, que intentan amarrar a aquellos funcionarios que les son fieles para constituir la base de un futuro gobierno independiente. En el sentido contrario, al referirnos al sector privado, se ve como en todas las autonomías, desde que comenzó la crisis, se ha ido destruyendo este tipo de empleo. Como ha ocurrido en otros aspectos, también en algunas de las CC.AA se han producido mayor pérdidas de empleo privado que, en el conjunto nacional es del -21’5%; así ocurre en Andalucía (-28%) Castilla y León (-24’3%) y la misma Catalunya (-23’1%).

Cuesta entender como el PSOE del señor Rubalcaba y la señora Valenciano, que tan incisivos se muestran en temas como el aborto o la corrupción, no hayan hecho hincapié en un tema tan sangrante como es el del excesivo gasto público en España. Claro que tiene un doble explicación: la primera, el hecho evidente de que todo lo que signifique fortalecer al Estado, darle poder sobre la economía del país y controlar a los ciudadanos va a favor de sus políticas estatalizantes y, en segundo lugar, que la mayoría de los funcionarios empleados en la empresas públicas y en las administraciones locales, están ocupados por socialistas a los que se les han dado cargos en compensación a sus servicios prestados. Una entente que ni el PP (que también tiene sus propios enchufados)ni el PSOE tiene demasiado interés en romper.

Suena un poco a deja vú lo de los recortes, la austeridad y los sacrificios, cuando una de las recomendaciones que se nos siguen haciendo desde Bruselas, la de entrar a fondo en la reducción del apartado del Estado, siga siendo el verso suelto de esta política de contención del gasto en que parece estar empeñado el gobierno del señor Rajoy. Una muestra más de que hay cuestiones que, la mojigatería de los políticos del PP, han declarado como vudús, sobre los que pasan de puntillas, ante la posibilidad de que, si se levanta la tapa de esta Caja de Pandora, el revuelo que se pueda producir, puede herir de gravedad a la gaviota cargada de votos que piensan que ya está volando en dirección a las urnas de las próximas legislativas. O así es, señores, como desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos este timo de la “intocabilidad” de de los funcionarios.