Miguel Massanet Bosch. Como era de esperar el separatismo catalán no puede permitir que, el incendio independentista que han conseguido provocar en toda Cataluña, se extinga; que toda la propaganda que, durante años, se han dedicado a propalar entre el pueblo catalán, deje de tener efecto y que todas cuantas mentiras, engaños, quejas, proclamas, invenciones y demás invectivas contra España y los españoles, llegara un momento en que, por no mantener encendida la brasa revolucionaria, acabase por convertirse en meras cenizas.

No les han hecho falta excusas ni ha sido necesario que el Estado aplicase el Artº 155 de la Constitución para poner orden en esta comunidad que, si por algo se viene caracterizando, es por su constante victimismo, por su incesante descontento respecto a la parte que le corresponde aportar para la solidaridad entre autonomías y por su inconformismo ante cualquier Ley que, el Estado, pueda dictar que ellos consideran que coarta sus facultades de gobierno; cuando la verdad es que le tenemos que “agradecer”, al señor Rodríguez Zapatero, que les concediese un estatuto de autonomía que ,superaba con creces, a cualquier otro de los vigentes en nuestra nación e, incluso, que concede mayores facultades y privilegios que los que se les concedieron a los mismos länders de la República Federal Alemana.

Cuando el señor Artur Mas se arma un lío al hablar de desobediencia es, sencillamente, porque no existe otro modo de calificar lo que su grupo CDC y todo el resto de partidos que, como ERC, la CUP o los demás corpúsculos y agrupaciones como la ANC o el Omnium Cultural, han estado haciendo desde que anunciaron que su objetivo era independizarse de España. Todas las sentencias de TS o las resoluciones del TSJC o del mismo TC, han sido desoídas, pasadas por alto o, simplemente, se han negado a cumplirlas.

Cuando la señora presidenta del Parlamento catalán leyó un acuerdo de la sala, en virtud del cual declaraban claramente su intención de seguir trabajando para la independencia de Cataluña, emitiendo leyes y creando infraestructuras destinadas a albergar al nuevo gobierno de la República Independiente Catalana, lo hizo a sabiendas de que, con ello, estaba incumpliendo flagrantemente nuestra Carta Magna y, lo mismo, ocurrió cuando, el 9N, la Generalitat prestó apoyo a la convocatoria de un referéndum en Cataluña por “el derecho a decidir”, que no tenía la conformidad del Estado y sí el rechazo expreso de las Cortes españolas. El mismo señor Mas y sus acólitos Homs, Ortega, Rigau y la señora Forcadell están imputados por prevaricación y desobediencia y, ninguno de ellos, puede alegar desconocimiento de que sus actos, de que aquellas decisiones por las que los tribunales los van a enjuiciar, incumplían la legalidad vigente.

Mas, en el caso del tema del 9N, admitió que asumía todas las responsabilidades por aquel acto de rebeldía. La democracia se basa precisamente en el cumplimiento de unas normas de convivencia, de unos deberes y unas obligaciones que los ciudadanos se comprometen a acatar para asegurar la seguridad, el entendimiento y la prosperidad de todos los miembros de la comunidad y evitar que algunos ejerzan la fuerza, el poder o la amenaza en contra de los demás; para lo cual se establecen unas fuerzas de orden público y unos tribunales de Justicia encargados de garantizar que las leyes se cumplan, que los deberes se realicen y que los derechos de los ciudadanos sean salvaguardados.

quí no valen subterfugios, martingalas o argumentar derechos imaginarios o pretender que, un grupo determinado, se atribuya para sí privilegios, prerrogativas, mejoras fiscales, donaciones o financiaciones de forma que se establezca una diferencia con el resto de los que forman parte de aquella comunidad. España en el año 1978 aprobó, mayoritariamente, una Constitución que fue votada por todos los españoles; en consecuencia, todos los deberes, obligaciones, reglamentos o leyes que los ´órganos especializados de la nación: ejecutivo, legislativo, y judicial, han promulgado, han ejecutado y han garantizado que se cumplan; deberán ser aceptados por todos los ciudadanos españoles y residentes en el territorio nacional.

No hay democracia cuando un grupo de ciudadanos se juntan para rechazar lo que todos acordaron; no hay democracia cuando unos pocos, por su cuenta, deciden no cumplir las leyes que deben ser respetadas por todos; no hay democracia si quienes han sido nombrados para cargos públicos, de acuerdo con los principios constitucionales y, una vez en el cargo, deciden rebelarse en contra de aquella Ley que los encumbró en sus puestos: no hay democracia si, para cambiar cualquier parte de la Constitución, no se producen los supuestos previstos en la misma Constitución y no se siguen los procedimientos legales previstos en las leyes.

Estos días hemos sentido verdadero bochorno cuando, después de una campaña de apoyo a los encausados por desobediencia a la normativa vigente, de haber encendido, una vez más, el fuego de la discordia y el vitriolo de la rebelión en contra del gobierno legítimo de la nación; unos miles de catalanes siguen saliendo a las calles para insistir en sus torpes demandas, apoyando a quienes son los verdaderos culpables de que Cataluña se haya convertido en un grave problema para la nación española.

No hacen nada que no hayan venido anunciando desde hace meses, mientras desde el Gobierno y el Parlamento han estado jugando al juego de los despropósitos, para ver qué partido de los que se juegan el gobierno, iba a conseguir llevarse el gato al agua. Los tribunales, que han actuado de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, son lentos en la tramitación de los juicios, son pausados en admitir pruebas y comprobar los hechos, son respetuosos con la presunción de inocencia y son meticulosos en tomar decisiones. Todo ello hace que, desde el momento en el que se sigue la pista a un presunto infractor hasta que se le imputa (o se le investiga) y se comienza el juicio oral, pueden pasar meses o años.

Esta circunstancia facilita que aquellos políticos, que sienten cerca el peso de la Ley, busquen su salvación en la presión del pueblo; en la fuerza de las multitudes guiadas por agitadores; en la charanga callejera o en los destrozos y agresiones. Entonces es cuando se habla de “judicializar la política”, como si la justicia no estuviera siempre en manos de fiscales, jueces y magistrados como encargados de evitar que los delincuentes se salgan con la suya, sean políticos o civiles. ¿Qué quieren dar a entender con esta expresión que algunos se inventaron? Pues, con toda seguridad, lo que pretenden es que cualquier político (¡Y estos son los que se quejan de los aforados!) o grupo de ellos, puedan saltarse las leyes con impunidad.

Estos separatistas se quejan de falta de diálogo por parte del Gobierno, cuando lo que pretenden es que se les conceda la independencia de España. No quieren ya más financiación ni un trato mejor ni, por supuesto, mejorar las relaciones con el resto de España; ellos sólo quieren que el Estado se rinda, les entregue Cataluña y además que sigan construyendo obras públicas a cargo del erario público o financiándoles mejor, pero... ¿para qué? Pues para seguir trabajando en crear un estado propio y esto, señores, cuesta mucho dinero y, por eso, se lo piden al Gobierno. ¿Se judicializa la política cuando a unos políticos les da por incumplir las leyes y piden la independencia?

Yo diría que, si no fuera así, si el Estado y el poder Judicial no actuasen para evitar que tales irresponsabilidades, prevaricaciones, desobediencias, ilegalidades y actitudes desafiantes se pudieran cometer impunemente, entonces estaríamos ante una situación de ingobernabilidad de la nación, de desorden institucional, de ruptura de la unidad de España y de un caos tal que, ningún país democrático que pretenda preservarse como estado de derecho, podría aceptar que, en su territorio, se produjesen actos semejantes de ruptura de su unidad.

Sólo quienes no tienen otros argumentos mejores para defender sus propuestas, pueden pretender que actos tan graves, de tanta trascendencia, de tanto fanatismo y de semejante sectarismo debieren ser tolerados y no reprimidos con todos los medios que, un Estado democrático, dispone para hacer valer su Constitución y conservar su unidad contra quienes pretendan acabar con ella. Lo curioso de toda esta locura independentistas es que, quienes la están fomentando, siguen empeñados en mantener que, en caso de separación de España, el estado catalán resultante de tan ilusoria pretensión, podrían permanecer en Europa. Por el contrario, en manera alguna podría pretender seguir manteniéndose dentro de la UE.

No lo consienten las leyes comunitarias ni hay país alguno que esté dispuesto a aceptar que, este precepto, pudiera ser incumplido o que se hicieran excepciones para permitir la aceptación de los catalanes. No ´solo no podrían ingresar en la CE, sino que se convertirían en una nación que debería pagar aranceles, que no podría disponer de las ayudas comunitarias, que no podría obtener subvenciones ni del BCE, ni del FMI ni del BIE ni, por supuesto, emitir deuda porque los bonos emitidos por Cataluña ( en ese caso avalados por el estado español) está considerada, por las tres agencias de rating, como “bonos basura”; lo que supone que ningún inversor, público o privado, se atrevería en invertir en semejantes valores o, incluso en el caso de que se atrevieran a hacerlo, sería a un tipo de interés tan alto y una prima de riesgo tan elevada que resultaría prohibitiva para las autoridades económicas catalanas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, todavía no hemos llegado a entender que, ante una situación tan evidente en el país catalán, ante la serie de desafíos de los separatistas y vistos los fracasos de los múltiples intentos por parte de los sucesivos gobiernos de España para hacerles entrar en razón, no se hayan decidido a tomar la sartén por el mango y poner, de una vez, el aparato constitucional en marcha, para acabar de una vez, cueste lo que cueste, con una situación que si se permite que se siga empeorando y que los separatistas vayan dando pasos hacia su independencia, es muy posible que, cuando se quiera poner remedio, va a ser preciso apelar a medios que, hasta ahora, no se habían previsto, pero que existen y así lo contempla la Constitución.