Miguel Massanet Bosch. Es cierto que, en esta especie de hecatombe política, económica y de valores por la que está pasando nuestro país, los ciudadanos no hemos podido hallar consuelo en la supuesta imparcialidad de la Justicia, en la parcialidad en la forma de administrar justicia por una parte significativa de los magistrados, jueces y fiscales que, en muchas ocasiones, voluntariamente o influidos por sus ideas políticas o, en algunos casos, por su particular forma de interpretar las leyes en un intento de ajustarlas, en los casos en los que debe aplicarlas, a su especial concepto de lo que debiera ser y decir y no a lo que en verdad es y dice.

En estos momentos la nación está pasando por una etapa en la que se está jugando su porvenir desde el momento en el que llevamos ya tres votaciones sucesivas para intentar encontrar quien presida y forme un nuevo gobierno que se ocupe de los importantes problemas que padece la nación y que, van pasando los meses, ya estamos en diez, y seguimos sin que, ni remotamente, seamos capaces de vislumbrar en lo que va a acabar esta lucha absurda entre los distintos partidos políticos que, en lo único en que son capaces de poner de acuerdo es precisamente en no ceder en su tozudez y no dar el brazo a torcer para que se acabe esta interinidad que no anticipa, precisamente, ninguna solución razonable para España y los españoles.

Aparte del hecho de que el número de partidos que hoy existen en nuestra nación ha aumentado sensiblemente con la aparición de algunos provenientes de otros países, con la única misión de crear el desorden, la desorientación, el enfrentamiento entre la ciudadanía y el propósito de volver a instaurar en este país aquellos modos, desórdenes, odios, enfrentamientos y crímenes que existieron a partir del mes de febrero del año 1936, cuando el Frente Popular impuso su ley, que fue la de la anarquía, la persecución de las derechas, la venganza, la anarquía y el desprecio por la vida de las personas y el respeto por la autoridad y las leyes, que condujo a los asesinatos, torturas, robos y asaltos, que fueron la causa del levantamiento del 18 de julio de 1936 por las tropas del general Franco.

Lo cierto es que parece que hemos entrado en una espiral de desencuentro, de incomprensión, de falta de cintura política y de posiciones inmovilistas, provocada por unas izquierdas que pretenden pintar el estado de nuestra nación bajo el prisma de la mentira, el engaño, la desvergüenza, la historia inventada y los más abyectos propósitos de conducir al pueblo español hacia una situación, que ya estuvimos a punto de vivir, en la que por meros intereses partidarios, por un odio inverosímil hacia la derecha y por el simple deseo de echar por tierra todo lo que en unos pocos años se ha conseguido en cuanto a los avances conseguidos durante estos cuatro años pasados, en los que, con sacrificio, con restricciones, con recortes y con mucho esfuerzo se ha ido consiguiendo remontar, paso a paso, aquella situación límite que dejó el señor Rodriguez Zapatero cuando, en noviembre del 2001, cedió al mando a su adversario el PP.

No obstante, si la amenaza del progreso de las izquierdas, representadas mayormente por la irrupción del comunismo bolivariano en el terreno de la política nacional; la verdad es que estamos enfrentados a otro problema, quizá de mayor enjundia y peligrosidad, provocado por algunas autonomías, especialmente la catalana, en el que se está poniendo en juego la unidad de nuestro país, se está amenazando con la ruptura de los lazos de la comunidad catalana con España y se está practicando, sistemáticamente, la doctrina de los hechos consumados con la que, los políticos separatistas, están consiguiendo ir avanzando en sus propósitos secesionistas mientras el Estado, se limita a seguir los procedimientos legales acudiendo a los tribunales para intentar evitar, por el camino de la legalidad, lo que la parte contraria viene atajando utilizando el sistema del incumplimiento reiterado de las leyes del Estado y de las sentencias y requerimientos de la justicia española de la que, por cierto, hace ya tiempo que no hacen caso ni acatan.

A medida que se van sintiendo más seguros, que comprueban que sus desafíos no tienen la adecuada respuesta por parte de las autoridades estatales y se cercioran de que van quemando etapas, en su proyecto de alcanzar la independencia de las tierras catalanas, sin que, por parte del gobierno de la nación, de la Justicia y de determinados partidos políticos, que todavía parece que tienen en mente valerse de los catalanes separatistas para conseguir el quorum necesario para poder formar un nuevo gobierno de tendencia ultra izquierdista; se haga más que utilizar palabras grandilocuentes los unos y buscar soluciones que significan una traición a la nación española, pero que para los que intentan estos métodos, les puede significar alcanzar el poder, al que tanto aspiran, en nuestra nación. Lo malo es que la experiencia nos enseña que, en el caso de estos grupos comunistas, cuando alcanzan el control de una nación ya acaba para ellos la democracia y empieza el sistema totalitario en el que, como ocurre en Venezuela, no hay quien les arrebate, por métodos democráticos, el poder en el que se han instalado.

Hoy hemos conocido una noticia que puede que sea una de las peores que los españoles podrían conocer. Antes recordaremos una noticia del pasado mes de septiembre del 2015 que aparecía en los siguientes términos: “El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado recientemente una proposición de Ley Orgánica «para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho», que introduce en la Ley Orgánica del TC (LOTC) un nuevo art. 82.4.b), en virtud del cual si «las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares», en el plazo que se les fije, incumplen total o parcialmente las resoluciones del Tribunal, éste podrá «[a]cordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsables del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal», pudiendo «el Tribunal... requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones» [art. 82.4.c)]

Evidentemente esta nueva facultad que abreviaba los trámites de tener que acudir al Gobierno para poder, a través de la fiscalía del Estado, llevar a cabo el procedimiento de ejecución de sentencias, no fue del gusto de los separatistas que se opusieron a ella ni tampoco del resto de partidos que preferían que el tema catalán se eternizase para tener en sus manos un triunfo con el que jugar como baza electoral, como parece que pudiera suceder si, al señor Sánchez del PSOE, sus compañeros socialistas le permiten que negocie con los partidos de PDC y sus compadres de ERC, que parecen dispuestos a ceder en sus inmediatas reivindicaciones con tal de sacarse de encima a su pesadilla de la Moncloa, el señor Mariano Rajoy.

Sin embargo, parece que a los señores magistrados del TC esta facultad, que en puridad debiera de haberles alegrado, ya que les confería un poder más inmediato para que sus sentencias se cumplieran con mayor rapidez, no les agrada demasiado, quizá debido a que tienen que retratarse, tomar la iniciativa y convertirse en el brazo ejecutor de las resoluciones que deban emitir. Cuando ya hace unos meses que disponen de esta facultad, de repente les han entrado los escrúpulos y, por ello, parece que no quieren hacer frente al tema Forcadell y seguidamente los temas de Homs y Mas por lo del 9S, el referéndum ilegal del que ellos fueron responsables, aunque quisieron ocultarlo negándose a admitir su participación en semejante acto.

En definitiva, no asumirán la responsabilidad de juzgar a aquellos infractores de las leyes españolas, cuando ya hace más de un año de aquellos hechos, e intentarán rechazar su responsabilidad hasta que hayan resuelto sobre la constitucionalidad de aquella LO, lo que, si tenemos en cuenta la velocidad con la que suelen dirimir las cuestiones que se les plantean ( hablemos de la Ley del Aborto, recurrida por el PP hace ya años, que duerme el sueño de los justos en alguna oficina de tan alto tribunal mientras, en España, cada año se asesinan, impunemente, a más de 100.000 fetos) pueden pasar años antes de que se decidan a tomar la oportuna resolución.

¿Qué justicia es esa que tiene tanto escrúpulos (o deberíamos decir tanto miedo) en poner en el sitio que se merecen a unos sujetos cuya intención, declarada por ellos mismos, es cometer un delito de secesión y para ello no tiene el menor pudor en poner en marcha e invertir dinero de los contribuyentes para hacer leyes, crear organismos administrativos, estudiar una Constitución catalana y negarse a obedecer las leyes españolas? ¿Me quieren ustedes decir para que sirve un TC que, cuando llega el momento de exigir que se cumpla la Constitución se dedica a buscar excusas para que no se diga que ellos han sido los que han provocado el conflicto con los catalanes? O es que, ¿preferirían que llegara el momento en que los militares tuvieran que cumplir con el artº 8 de la Carta Magna? ¿Así es como piensan que los españoles confiemos en nuestra justicia?

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos como cada día nuestras instituciones van dando muestras de más debilidad, como si cuando tienen que asumir con su deber para con los españoles, les entraran las cautelas y los miedos que tan impropios resultan en personas tan encumbradas y protegidas.