Miguel Massanet Bosch. Poco a poco, así como la “tenia saginata” va expeliendo porciones de su inacabable cuerpo segmentado, mezclados entre las heces de su huésped; este serial en el que se ha convertido el famoso “process” del independentismo catalán, va marcando cada día nuevas y más procaces etapas, en su intento desnortado de buscar los medios para llevar a cabo su propósito, descabellado, de separar un pedazo de nuestra nación del resto, con el que lleva unida por su geografía, por su historia y por sus relaciones de más de cinco siglos con el resto de ciudadanos de esta gran nación, a la que, los romanos, decidieron bautizar como Hispania y que ahora, en pleno siglo XXI, todos conocen como España.

En esta locura a la que nos arrastró la gran crisis del 2008, de la que se han venido aprovechando todos aquellos que luchan contra la normalidad, la paz, el entendimiento entre todos los españoles, los proyectos de avances tecnológicos, de superación de obstáculos o de lograr una sociedad en la que, el progreso vaya a la par del pleno empleo; de una sana convivencia, del entendimiento entre las fuerzas políticas en todas aquellas cuestiones que vayan a favor de la ciudadanía, de la unión del país y de todo aquello que redunde en beneficio de la nación que, es evidente, tiene más posibilidades de conseguir sus objetivos si todos sus ciudadanos, en lugar de dividirse y luchar los unos contra los otros, se mantienen unidos en pos de aquellos logros que saben que van a redundar en bien de toda la comunidad.

Por desgracia, los factores que nos han llevado a esta situación en la que actualmente nos encontramos, de esta incertidumbre acerca del porvenir de nuestra nación, al peligro de que una parte de ella se separe del resto o la posibilidad de que, los emisarios de regímenes que ya se daban por caducados, perdidos en las nieblas del pasado, agotados por su propia falta de solidez y rechazados por su totalitarismo, los comunistas entrenados en Venezuela, financiados por aquella dictadura y acogidos en nuestra nación por los descontentos de siempre, los nostálgicos del Frente Popular y aquellos, cuyo rencor los ha convertido en incapaces de aceptar que aquella Guerra iniciada en 1936, acabó hace más de 80 años, y que no son capaces de entender que, un día u otro, ha de dejar de ser un motivo de enfrentamiento entre la sociedad española.

El otro factor de discordia corre a cargo de aquellos miembros de la comunidad catalana que, empleando términos forenses, se podría decir que, han venido preparando “durante días o meses concienzudamente la comisión de un delito” o “por motivos racistas” ya que mucho de ello hay en la ojeriza de algunos independentistas hacia el resto de españoles a los que desprecian o “por abuso de confianza” la que depositó la Constitución en los cargos públicos catalanes, de la que se han valido para intentar atentar contra la unidad de España o, por el mismo “carácter público de las personas” que manejan los hilos de la rebelión y se han constituido en los responsables. Cualquiera que tenga alguna noción de derecho sabrá que nos hemos referido a las circunstancias agravantes, al menos a algunas de ellas, que califican la gravedad de un delito aumentando, cuando alguna de ellas concurre en la comisión del ilícito penal, dándole un carácter todavía más preocupante y digno de una mayor sanción.

Sabemos, por las noticias que nos llegan de la prensa, que los acontecimientos se vienen precipitando y, una de las facetas que se ha aclarado por las declaraciones del mismo Pablo Iglesias, ha sido la del grado de involucración que su formación política ( anteriormente daba la sensación de que no querían que Cataluña se separase de España pero que, no obstante eran partidarios de permitir la consulta) cuando su líder Iglesias se ha pronunciado en favor de que España reconozca la “plena soberanía catalana”. El antifaz ha caído y la actitud equívoca que ha venido manteniendo Podemos sobre este tema parece que se ha aclarado. Ahora, a quienes les va a tocar manifestarse va a ser a los socialistas y, en especial, al combativo señor Pedro Sánchez, su secretario general, que tan propicio se ha venido mostrando a mantener una relación más íntima con Podemos con la clara finalidad de preparar una moción de censura contra el señor Rajoy. ¿También el PSOE, a pesar de haberse manifestado en contra de la rebelión independentista catala

na, va a seguir apoyando o negociando con un partido, ¿Podemos, que apoya incondicionalmente la ruptura catalana con España? O, simplemente, se trata de otra de las añagazas del señor Sánchez, acostumbrado a jugar con dos barajas, para salvar las apariencias de cara al 1 de octubre, pero, por otro lado, ir preparando el ataque que viene planeando para deshacerse de Rajoy, empleando las mismas armas con las que intentó ganarle las elecciones pero, en esta ocasión, ya ha aprendido algo: que no se pueden utilizar aspavientos, berrinches de chaval o insultos y ya sabe que debe disimular para sacar el fruto apetecido de su plan.

Si esta semana hemos conocido que, los principales dirigentes de los partidos secesionistas, han venido mintiendo acerca de una información que les había llegado de los servicios de Inteligencia norteamericanos, dándoles la razón a los sindicatos policiales y de la Guardia Civil, que se quejaron de haber quedado excluidos y desinformados de las actuaciones de los mossos catalanes y, especialmente, de sus directivos; entre ellos, de este especial señor Trapero, que tampoco tuvo empacho alguno en negar lo que, después, ha resultado ser una evidencia.

Resulta impensable que, habiendo recibido informes de los más poderosos servicios secretos del mundo sobre la posibilidad de atentados en Barcelona, despectivamente y sin profundizar en el tema, incluso sin pedir aclaraciones a la información recibida de sus comunicantes; decidieran despreciar el informe y, ni siquiera, tomar las más indispensables medidas, como hubiera sido pedir a la alcaldesa Colau la instalación de unos maceteros o unos bolardos en lugares tan evidentes como las ramblas y otras avenidas, en las que la posibilidad de un atentado por medio de vehículos fuera evidente.

Pero vean el grado de atrevimiento, osadía y de desvergüenza de estos señores que, mientras siguen con su proceso separatista, vienen reclamando del Gobierno español que les paguen cantidades que afirman que se les adeudan, que se siga invirtiendo en el Corredor Mediterráneo, que se les continúen financiando sus, cada vez más preocupantes, deudas millonarias y, el colmo de los colmos: que España apoye que los mossos, un cuerpo policial limitado a la autonomía catalana, aunque dependiendo del Gobierno de España ( al menos confiamos que esto sea, en la práctica, cierto), entre a formar parte de un organismo internacional de seguridad, conocido como EUROPOL, un organismo donde solo se aceptan a representantes de cada nación y no, por supuesto, de una simple autonomía que forme parte del Estado, como sería el caso de un länder alemán.

La mera posibilidad de que al señor Rajoy o su equipo de gobierno hayan tenido la idea de permitir que esto sucediera ya nos pone el vello como escarpias, teniendo en cuenta que, aparte de constituir una excepción, en modo alguno justificada, a la regla, sería tanto como reconocer, implícitamente, que Cataluña goza de unos privilegios distintos al resto de autonomías del país. El presidente de la Sociedad Civil Catalana pidió al Estado español medidas preventivas (nosotros, dentro de nuestra modestia, hace muchos meses que estamos pidiendo al Gobierno que tenga en cuenta a los cientos miles de españoles que, aun siendo catalanes, no compartimos en modo alguna estas ideas secesionistas y queremos seguir siendo españoles), entre las cuales han sugerido la posibilidad de que, ante la amenaza de la votación del 1 de octubre, se declarara en Cataluña “ el estado de sitio” teniendo en cuenta de que no hay duda, y así lo ha advertido el TC, de que cualquier ley o medida encaminada a poner en marcha dicha votación será considerada ilegal.

Hablan de lo que se está intentando es llevar a cabo un “golpe de Estado” con un desacato a los tribunales; lo que justificaría que, ante una situación tan evidente se llevaran a cabo actos preventivos para garantizar la seguridad, que puede ser puesta en entredicho en el caso que se tenga que actuar en el último momento, cuando las urnas se sitúen en los locales, previamente escogidos para la votación, por los insurgentes. No estamos en condiciones ni nos corresponde valorar las medidas que el Gobierno deba poner en práctica para evitar lo que pudiera ser una confrontación no deseada, una discriminación entre los que acudieran a votar y los que no lo hicieran; una posible represalia basada en los censos que, al parecer, ya están en poder de los separatistas, lo que les permitiría establecer quienes formaban parte del grupo de los que votaban sí a la independencia y aquellos otros que no habían acudido a las urnas para evitar incurrir en un acto ilegal y anticonstitucional.

Sin embargo, si podemos hacer constar nuestra opinión de que, esperar al último momento, exponerse a no llegar a tiempo a impedir la apertura de los colegios electorales, aunque posteriormente quedaran anuladas las votaciones, ya significaría una victoria para aquellos que se han comprometido, pese a las prohibiciones que pesan sobre ello, a que se pueda decir que “Cataluña ha votado”. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, ante la evidencia de que, en menos de un mes, vamos a vernos envueltos en una situación de la que, lo menos que se puede decir, es que es desagradable y no carente de peligro.

A nadie se le oculta que, uno de los modos que permitirían descabezar (metafóricamente hablando) a los organizadores de la consulta popular, sería mantenerlos confinados en sus casas o en algún lugar adecuado para evitar que pudieran llevar a cabo sus designios ilegales. Nos queda la duda de lo que va a suceder los días después al fijado para el referendo, y lo que les va a suceder a los que integran el Parlament catalán, que se han comprometido a firmar todas las leyes de desconexión que están a punto de promulgar. Un ataque a la unidad de la nación, una conducta dirigida por funcionarios públicos y políticos que forman parte del Estado español, que prevariquen y se rebelen en contra de las leyes a las que tienen la obligación de defender y hacer cumplir; les hará merecedores de castigos penales más graves que los que, hasta ahora, se han venido aplicando a los impulsores de esta amenaza a la unidad del país, consistente en meras incapacitaciones para ocupar cargos públicos. No obstante, la experiencia nos advierte de que, el politiqueo y el pactismo, suelen ser los que finalmente se imponen y no nos deberá extrañar el que, al fin y al cabo, todo acabe diluyéndose, como ha ocurrido con los ERES andaluces, convirtiéndose en un proceso inacabable sin mayores consecuencias. Sin duda, sería lo peor que pudiera pasar para seguir garantizando la unidad de España.