Miguel Massanet Bosch. España ha sido, durante muchos años, territorio de reivindicaciones formuladas de forma sangrienta; lugar de asesinatos alevosos injustificables, no sólo porque en este mundo nada hay que pueda avalar la muerte de un semejante, sino por la ignominia añadida de que se ha pretendido justificarla bajo la pretensión de convertir un pedazo de España en independiente, basándose en espurias pretensiones localistas, no por medio de la democracia de las urnas, no por la convicción de tener la razón y no por vengar una injusticia, que tampoco sería una excusa válida, sino por ir en contra de las leyes, de la libertad de las personas, de la voluntad mayoritaria de una nación y, para los cristianos, del precepto de “no matarás” aunque, cuesta decirlo pero es verdad, algunos cristianos e incluso religiosos, no han dudado en interceder a favor de los criminales, darles cobijo y participar, olvidando que están al servicio del Señor, como encubridores.

Durante años cientos de personas, la mayoría de ellas ajenas a la política, encargados del orden público o miembros del Ejército, han caído bajo las balas de una banda que escogió el camino de la violencia, la extorsión, la tortura y la eliminación del adversario político; como medio de atemorizar, chantajear, doblegar y expulsar de su tierra natal a miles de vascos, sólo por el hecho de considerarse, además de vascos, españoles y no comulgar con los expeditivos procedimientos de la banda terrorista ETA. Hubo momentos en que las víctimas, las familias de aquellos que fueron masacrados por la sinrazón de unos criminales que actuando fríamente, inmisericordes, sin tener nada en contra de la víctima de su locura exterminadora; pensaron que la Justicia estaba de su parte; llegaron a confiar en el famoso espíritu de Ermua, cuando se estableció una frontera (como su etimología vasca indica), entre la pasividad, la conformidad y la resignación y el grito de ¡basta ya!, que cientos de miles de voces españolas elevaron al Cielo, pidiendo que aquella locura acabase y que, el Estado, concluyese de una vez con semejante lacra.

Es posible que hubiera un tiempo en que las naciones que nos rodean sintiesen algunas simpatía por la causa etarra; la falta de información y una propaganda de determinados sectores de la sociedad vasca, consiguieron dar una falsa imagen del problema vasco fruto, todo hay que decirlo, de la obsesión nacionalista de un orate conocido como Sabino Arana. Un insensato que, con toda seguridad, si hubiera sabido las consecuencias sangrientas de sus paranoias independentistas para la nación vasca, es muy probable que, como Judas Iscariote, se hubiera colgado de la rama de un árbol.

La falta de una legislación específica que ajustara las penas a la magnitud de los crímenes cometidos por ETA, permitió a muchos etarras disfrutar de unos beneficios penitenciarios, unos acortamientos de condena y un trato que en nada se compadecía con los cientos de años a los que habían sido condenados. Muchos de ellos salieron a la calle sólo con unos pocos años de encarcelamiento de modo que, los familiares de las víctimas se vieron obligados a sufrir la tortura de ver a los asesinos de sus parientes pasear libremente por las calles de sus ciudades, todavía galleándose de las tropelías cometidas. Alguien, un indeseable seguramente, recurrió a Luxemburgo, para que la doctrina Parot, que hacía prolongarse el tiempo de permanencia en prisión al  encadenar las distintas condenas; consiguió que unos jueces, sin duda confundidos y mal informados, considerasen que la doctrina Parot era contraria a los Derechos Humanos  ¿Cuáles, los de unos criminales que, por motivos mafiosos, mataban sin consideración ni diferenciación entre hombres, mujeres y niños? O los de las personas decentes, padres de familia, trabajadores y niños que, por desgracia, no estaban en condiciones de comparecer ante tan alto Tribunal para pedir justicia para ellos.

Más tarde, en una  Decisión Marco de la Unión Europea, se decidió que las sentencias que los presos cumpliesen en un país de la UE también  contaran para ser descontadas de las que pudieran decretar los tribunales de otros países de la misma. Una vez más la injusticia planeaba sobre Europa y las personas decentes, cumplidoras de la ley y amantes de la Justicia, tuvieron que ver como unos criminales irredentos salían a borbotones de las cárceles españolas, sólo porque nuestra Audiencia Nacional, trufada de jueces progresistas, partidarios de que se olviden los crímenes de ETA y de que los asesinos se integren, con toda normalidad, en las instituciones españolas; consideraron que debían apresurarse a poner en libertad a los reclusos que pudiesen acogerse a la nueva disposición que los favorecía antes, incluso, de que el TS o el TC se pronunciasen al respecto. Nunca esta  Administración de Justicia española, en ocasiones tan lenta, tan garantista, tan dada a mirarse el ombligo y a olvidarse de aquellos que, desde fuera, piden que se trate a los terroristas como se merecen y se imparta verdadera Justicia y no remedos y parches, como ocurre con demasiada frecuencia; dio muestras de tanta celeridad en decidir cumplir las normas de la CE.

Pero, cuando el TS decidió que, la Decisión Marco del Consejo de Europa, no era aplicable a nuestra legislación en el caso de terroristas y que las penas que se les impusieran por sus delitos en otras naciones no son deducibles de las penas impuestas por los tribunales españoles a los delitos de terrorismo. En consecuencia, las condenas debían cumplirse íntegramente. Hete aquí que, a los señores jueces de la AN les cogió el télele justiciero y su sentido de la “responsabilidad” de modo que los ha impulsado a buscar, de nuevo, un apoyo en el tribunal europeo que favorezca a los etarras, permitiéndoles permanecer menos tiempo en las cáceles, acortando sus condenas; para oprobio de la Justicia y desesperación de aquellos a los que les privaron de la vida o mutilaron a un familiar, cuando ven, con horror, como unas asesinos, en unos pocos años, apenas 2 por asesinato, pueden reintegrarse a la sociedad. Es curioso que, por otros delitos que causan menos alarma social, muchos reclusos deban permanecer más años encerrados.

Ahora un grupo de seis magistrados de la Audiencia, entre ellos el señor Conde Pumpido de tendencia progre, ante lo que, para ellos, pudiera ser “la duda” sobre cómo aplicar la Decisión Marco del 2008 veían “lógico” plantear una cuestión prejudicial de urgencia ante el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo. Nueve jueces de la Audiencia han votado en contra de esta iniciativa, por lo que el magistrado Marlaska ha decidido que debía ser el Pleno (19 magistrados) el que aborde esta cuestión.

Una vez más vemos los efectos evidentes de la politización de la Justicia española. Hace años que, con la aparición de nuevas generaciones de jueces, imbuidos de las ideas de que la interpretación de la norma debe hacerse en función de sus convicciones políticas y personales y no de una buena hermenéutica que sirva para todos, de modo que los encausados no dependan del juez o magistrado que les toque en suerte, para que se les aplique la ley tal y como quiso el legislador y fue aprobada en las Cortes. Nos preguntamos si, estos señores tan preocupados por los derechos de los etarras y de su comodidad, no sería mejor, por ejemplo, que activasen la acumulación de causas que tienen pendientes de resolver para así agilizar esta Administración de Justicia anquilosada y embarrancada en tantos trámites burocráticos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos con gran preocupación como hay jueces que se ocupan más de los condenados que de los perjudicados por sus crímenes. España, señores, no va bien.