9 N: ¡Justicia para España!
Josele Sánchez. Ganador del Concurso Literario Fuerzas Armadas por su obra "Viva la Muerte". En cualquier democracia seria Artur Mas ya estaría en prisión. El delito de sedición es la mayor traición al país y el más grande de los quebrantos del ordenamiento jurídico que cualquier gobernante puede llegar a realizar. Pero es que, además del delito de sedición, el presidente de la Generalidad debería estar ya acusado de los delitos de rebelión, desobediencia al cumplimiento de resolución judicial, usurpación de atribuciones y funciones, prevaricación, malversación de caudales públicos y atentado contra la intimidad de los ciudadanos. A fecha de hoy, cuarenta y ocho horas después de las pantomima secesionista llevada a cabo en Cataluña, el sedicioso Artur Mas no está imputado, todavía, por delito alguno. Pero que nadie se lleve a engaño: si Mas se ha comportado así es porque sabía de antemano que el gobierno de España iba a permitírselo.
El presidente Mariano Rajoy, que en su día prometió “cumplir y hacer cumplir la Constitución”, ha permanecido inmóvil ante la burla a España del movimiento secesionista catalán, ha cerrado los ojos y ha hecho oídos sordos a la reiterada y desafiante comisión de delitos por parte del presidente de la Generalidad que, no lo olvidemos es, por ende, la máxima autoridad del Estado en Cataluña. Mariano Rajoy ha hecho una evidente dejación de sus funciones y es, al final, el máximo responsable de que se haya producido el simulacro de referéndum independentista que ha causado un gravísimo perjuicio al interés general de España. Rajoy tenía en sus manos todos los instrumentos legales para hacer que se cumpliese la ley y no ha sabido o no ha querido usarlos. A mi juicio, ha infringido gravemente nuestro ordenamiento jurídico: el artículo 408 de nuestro Código Penal dice: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”
Así que, por mucho que les parezca desmesurado, el presidente de Gobierno debería ser imputado inmediatamente. ¿Qué debía haber hecho un presidente del gobierno de España? Impedir todo el circo separatista. ¿Cómo? Aplicando la Constitución. Nada más que eso. El artículo 155 de nuestra Carta Magna dice: ”1,- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2.- Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónoma.” Más claro, agua. Es decir que Rajoy, por pasividad, por miedo o por ineptitud ha sido incapaz de utilizar las armas que nuestro sistema le brinda para defender el interés general de todos los españoles y para impedir la imagen de república bananera que estamos ofreciendo al resto del mundo. Claro que ¿quién va a actuar contra Rajoy? Nuestro sistema judicial es un auténtico despropósito.
Por una parte, la Fiscalía General del Estado, tan pendiente como está de otros asuntos como el de la incomprensible defensa de la infanta Elena, no ha prestado atención alguna al mayor ataque a la integridad nacional sufrido en todas la historia de España. ¿Qué narices estaba haciendo el Fiscal General del Estado el pasado domingo, comer plácidamente con la familia? Y si hablamos de la judicatura es, como dicen en mi pueblo “pa mear y no echar gota”: tres magistrados de Barcelona, Badalona y Tarragona rechazaban dictar medidas cautelares para detener la consulta ilegal por considerar que “sería una medida que no guardaría proporcionalidad” ¿Con qué no guardaría proporcionalidad, con la magnitud del acto delictivo contra España o con el tamaño de la cornamenta de los responsables de la patochada de la consulta? Parece obvio que la única respuesta judicial posible debería haber sido ordenar el desalojo y cierre de los colegios electorales por parte de las fuerzas policiales con el uso proporcional de la fuerza, si fuera menester, en caso de resistencia", la incautación de los medios materiales que se usan para "cometer el delito" como las urnas y papeletas y la detención de los autores y cooperadores necesarios incluyendo a los funcionarios que desobedeciendo la resolución del Tribunal Constitucional participaban en este quebrantamiento de la ley.
Así las cosas ¿cómo condenar la actuación de cinco ciudadanos que irrumpiendo en un colegio electoral de Girona intentaron destrozar las urnas? Parece hecha para esta ocasión la frase de José Antonio Primo de Rivera cuando decía que, “en algunas ocasiones, el mejor destino de las urnas es ser rotas”; resulta el mejor ejemplo de lo mal que se ha interpretado siempre al fundador de la Falange. Cuando se produce una ausencia del Estado, cuando el gobierno no cumple con sus obligaciones legales, políticas y morales, cuando ni la judicatura ni la fiscalía defienden la legalidad vigente y el interés general de los españoles ¿Cómo condenar a quienes, ante el vacío legal y ante el fragante delito, actúan por cuenta propia tratando de imponer el cumplimiento de la ley? ¿Va a procesarse a estos ciudadanos o deberían ser propuestos para una medalla?
Sé de sobra que las tortas me lloverán de canto por este artículo pero asumo todo lo que se me venga encima. ¡A la mierda con eso de ser “políticamente correcto”. Este articulista se siente profundamente español; orgulloso de ser español a pesar de gobernantes amariconados, de jueces y fiscales inútiles y de separatistas disfrazados de demócratas. Y no puedo permanecer callado ante una agresión de tal magnitud a la soberanía y la integridad de mi patria.
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