Manuel Parra Celaya. Cuando escucho latiguillos y lugares comunes del calibre de esto es un Estado de Derecho o todos estamos sometidos a las leyes por igual, me acometen, cada vez más, unas irresistibles ganas de reír, solo atemperadas por una permanente sensación de pena, como ciudadano español de a pie.
    Por si fuera poca la lenidad que han venido mostrando hace décadas las autoridades del Estado hacia los desafueros separatistas, con la consiguiente impunidad de sus autores (llamarla tolerancia es un eufemismo infumable e irritante), en este momento ya se lanzan amenazas directas, algunas con plazos fijos, que son desoídas por quienes deberían tenerlas en cuenta en razón de sus obligaciones y cargo.
    Ahora, en Cataluña, se ha creado una legalidad paralela, que tiene como objetivo principal amedrentar a quien no obedezca las órdenes de los titulares del segregacionismo; así se desprende, por ejemplo, de una declaración de Puigdemont, acogido a sagrado permanentemente, que echa la culpa de los actos de violencia a quienes desoyen las pautas del procés.
    Ya lo sabe, pues, la pobre señora que recibió un puñetazo de un exaltado separatista en el Parque de la Ciudadela de Barcelona: ella es convicta de lesa patria, por haber arrojado a una papelera los plásticos amarillos en pro de los golpistas del otoño pasado. El cinismo de Rufián se ha vuelto a poner de manifiesto al afirmar que la trifulca no obedeció a motivos políticos; y se quedó tan pancho, el angelito…
    Otrosí: el Ayuntamiento de Arenys de Munt (recuerden: donde se celebró hace años impunemente el primer referéndum) multa a quienes retiren los lazos de marras, y el Alcalde de L´Ametlla de Mar envió una nutrida fuerza de los Mossos y de la policía local para identificar y asustar a unos determinados bichos (textual; Quim Torra prefiere la palabra bestias) -entre ellos, Arcadi Espada-  que habían osado pintar una bandera española sobre otro lazo amarillo colocado, para más inri, sobre un monumento público. Y suma y sigue…
    Me entero de que la Fiscalía Superior de Cataluña por fin se ha despertado y quiere investigar los motivos concretos que tiene la policía autonómica para fichar a los presuntos delincuentes antiseparatistas y qué criterios sigue en esta tarea encomendada por la legalidad paralela de la Generalidad. Por supuesto, el Govern se ha rasgado las vestiduras y se opone a esta investigación: ¿habrá una nueva bajada de pantalones?
    Entretanto, en el ámbito nacional, estos despertares tardíos son moneda corriente: el Ministerio de Justicia, tras una férrea oposición, accede a defender al juez Llarena de la demanda interpuesta contra él en tierras belgas por los presuntos golpistas, y ahora ha caído también en la cuenta de que el texto de dicha demanda estaba manipulado por un error de traducción…
    Pedro Sánchez, por su parte, aplica una norma añeja y casi desconocida para otra rectificación, que consiste en devolver a los migrantes-invasores de las costas de Andalucía; también ha caído del guindo acerca de que el asalto a la valla y la violencia contra la Guardia Civil fueron planificados por unos (presuntos también) delincuentes. No se engañen: no se trata de política de Estado, pues a estas medidas seguro que seguirán nuevos gestos demagógicos, también necesarios de posterior rectificación.
    Empezamos a estar acostumbrados los españoles a este diletantismo absurdo de los poderes públicos y de la fragilidad de nuestros códigos legales. Sabemos, así, que ha desaparecido, en la teoría y en la práctica, la presunción de inocencia, lo cual, humana y jurídicamente, me parece gravísimo. De este modo ocurre con los llamados delitos de violencia de género, donde el acusado debe aportar pruebas de su inocencia; conozco un par de casos concretos en que incluso la jueza amonestó a los Mossos por amanillar y fichar a un pobre hombre, incapaz de levantar la voz, por una acusación falsa de una completa bruja 8y no me retracto del calificativo).  No obstante, el doble rasero está ahí: de un sexo a otro, violencia de género o violencia doméstica, a discreción de la cambiante legislación.
    No hace falta ahondar en asuntillos tales como las paralelas de Hacienda, que obligan a demostrar que no se ha defraudado, el decreto-ley sobre la profanación de tumbas o los juicios televisivos, con manifestaciones y escraches a los jueces…
    Esperemos que no se llegue a las patrullas de control, que te paren en la calle para exigirte el carné de afecto o te detengan por llevar corbata, que, como reconoce Manuel Azaña en La velada de Benicarló, constituía en tiempos lejanos un reto insolente…