Manuel Parra Celaya. La noticia la saben todos ustedes, aunque un servidor se enteró de refilón: el Comité Antiviolencia, a propuesta de la Liga de Fútbol Profesional, estudia el cierre parcial y temporal del estadio Benito Villamarín, por un cántico, tildado de machista, que entonaron algunos seguidores del equipo bético en apoyo de un jugador acusado de malos tratos y amenazas a su novia. Lógicamente, el Betis ha protestado de la presunta sanción, mientras el presidente del susodicho Comité asegura, en apoyo de su propuesta de castigo, que el cántico desencadenó “una gran alarma social”.
    No seré yo quien arremeta contra cualquier medida que se adopte para erradicar la violencia en los estadios de fútbol, antes al contrario; por supuesto, tampoco me considero en absoluto machista, ni conozco el intríngulis de los problemas entre el jugador y su novia; en todo caso, ese es un asunto personal sobre el que aspiro a no leer nada… Sin embargo, como ciudadano de a pie, creo que aquí se está planteando un sangrante agravio comparativo, en lo tocante a las leyes y, en concreto, a esa Ley de Leyes que es la Constitución vigente.
    Si un cántico machista en el estadio del Betis suscita una “gran alarma social”, ¿cómo se puede calificar el tipo de alarma que se origina entre los ciudadanos cuando, en otros estadios y cuando juegan otros clubes, se profieren cantos o estribillos antiespañoles, se silba el Himno Nacional o al Rey en su calidad de Jefe del Estado?  Creo recordar que, en esos casos, las televisiones que retransmiten el partido se limitan a quitar el sonido, acaso para que no se despierte otra alarma social…Cierto juez –cuyo nombre no tengo necesidad de recordar- afirmó que todo eso era legítimo, como muestra de la libertad de expresión.
    A lo  mejor es que, en la Constitución, hay un articulado de dos categorías: el de obligado cumplimiento y el que se puede cualquiera pasar por el arco de triunfo. Porque leo el artículo 14 que establece que “no puede prevalecer discriminación aluna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia” y no por ello dejo de leer el artículo 2º que asegura que, precisamente la Constitución, “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
    Reconozco que no me gusta el fútbol y que soy incapaz de ver u oír un partido, y ello por varias razones: creo que en él prevalece el negocio por encima del deporte; por otra parte, no lo entiendo; en consecuencia, me aburre, y, sobre todo, porque soy terriblemente alérgico a las expansiones de la masa, incapaz de reconocer los fallos propios o los aciertos del adversario, movida por instintos quizás tribales o atávicos, apasionadamente irracional y entregada al aplauso, al pateo, al silbido, al insulto o al conformismo según le dicte el fanatismo de unos colores o le indiquen los jefes de la claque.
    Más o menos, idénticas sensaciones experimento ante el espectáculo de los otros partidos, los políticos. Por ese motivo, tampoco fui capaz de seguir el debate del estado de la Nación y me limité a leer, a posteriori, algunas pequeñas crónicas, que no me descubrieron nada nuevo: al parecer, todos quedaron como triunfadores, los malvados eran los otros y los nuestros nunca se equivocaron…
    Descontados el Parlamento y el Estadio entre mis aficiones, alguno se preguntará qué es lo que me queda en cuanto interés, querencia, vocación y posible fuente de alegrías o tristezas; mi respuesta solo es una: España y los españoles, su unidad solidaria, su libertad, su búsqueda de los caminos de la justicia. Y, en cuanto a la noticia con la que he comenzado estas líneas, me preocupa más la sinrazón del odio  promovido entre amplias masas de mis conciudadanos y paisanos que el machismo de unos cuantos cenutrios en el Villamarín.