Manuel Parra Celaya. Hace pocos días, las páginas de Diario Ya se hacían eco de la política del Ayuntamiento de Barcelona tendente a convertir a los ciudadanos en soplones de oficio a través de delaciones sobre sus vecinos; pues bien, ahora parece que la recluta de confidentes va a llevarse a cabo a través de la red del llamado entramado social, que suele nacer por impulso oficial y mantenerse mediante generosas subvenciones.

Vean el caso. Nou Barris es un distrito barcelonés de extracción trabajadora, poblado por gentes procedentes en su mayoría de otras tierras españolas donde el trabajo escaseaba o no respondía a las expectativas que iban surgiendo conforme avanzaba en aquellos años la mentalidad del desarrollismo y se iba creando en España una clase media inexistente antes. Esas buenas gentes lograron, a base de esfuerzo, unos modos de vida digna y no solo eso: comprarse su utilitario, levantar en sus pueblos de origen una segunda residencia y, sobre todo, proporcionar estudios a sus hijos.

El Estado –aquel malhadado Estado franquista- edificó, como en otras muchas localidades, viviendas sociales, que fueron adquiridas por quienes no contaban con otras rentas que las de su trabajo y el ahorro consiguiente. En la actualidad, satisfechas sus necesidades y contando con su jubilación, muchas de estas personas no dudan en cumplir con el supuestamente apacible papel de abuelos-guardería, sobre todo porque la crisis actual ha abierto brecha en las siguientes generaciones. Pues bien, parece que la penúltima medida sorprendente del Ayuntamiento –siempre nos maravillará la señora Colau con otra innovación- para aliviar los efectos de esa crisis ha sido encargar a la denominada Asamblea de Parados de Nou Barris el recuento, detección y soplo consiguiente de las placas que colocó el Ministerio de la Vivienda en aquellas casas; lo más grave del caso es que aparecen orladas con las cinco flechas y esto no pueden consentirlo nuestros talibanes populistas.

El argumento del Consistorio es que se trata de pisos construidos durante la dictadura. De momento, se han detectado 232 de dichas placas, supervivientes de la razzia de la memoria histórica en nuestra ciudad. Añade el Ayuntamiento que si el experimento responde a lo que se espera de él, la medida se extenderá a otros barrios y distritos donde también se construyeron esas viviendas y se colocó la nefanda placa con el emblema de marras. Ante todo, es de agradecer a la señora Colau que se conforme con esta solución y no pretenda la demolición de las viviendas, herencia de ese pasado oprobioso en que se edificaron y en el que se podía trabajar y llevar a los hijos a la Universidad para que, a su vez, tuvieran mejores empleos, sueldos y posición social que la de sus esforzados padres. Vean la paradoja: los hijos o nietos de aquellos que se vieron favorecidos por la creación de viviendas en la oprobiosa dictadura son los encargados de convertirse en confidentes irredentos, con el fin de borrar todo vestigio de quienes favorecieron socialmente a sus padres y abuelos.

La siguiente medida puede ser denunciar a quienes, ya ancianos, manifiesten simpatías por aquella obra… ¿Podríamos recurrir al psicoanálisis para encontrar las raíces del hecho en una forma de rebelión contra el padre? ¿Se trata simplemente de una contestación generacional propia de una adolescencia retardada? ¿Es exclusivamente un toma y daca de los estómagos agradecidos de los componentes de ese entramado social? Mucho nos tememos que una gran parte de aquellos abuelos o padres favorecidos por el nefasto franquismo no osarán opinar en contra de la retirada de las placas ni siquiera explicarán a sus descendientes, hoy en paro, la alegría que sintieron al saberse propietarios de una vivienda en Barcelona; eso de ser señalados con el dedo de la presión social es duro y, a ciertas edades, nadie quiere hacer el papel de héroe; en otros casos, se comprobará que la ingratitud es un defecto humano extendido, y más entre los españoles como está suficientemente comprobado.

De todas formas, no hace ninguna falta sentirse franquista –anacronismo a estas alturas de la película- para tener memoria, aunque nos la quieran borrar, al modo soviético, con leyes, decretos o normas municipales.