Miguel Massanet Bosch. Cada una desde una postura completamente antagónica, a partir de un punto de vista diametralmente opuesto pero, sin duda, con la misma intención y con idéntico propósito, estas dos señoras han pretendido jugar al juego del despiste cuando, por coincidencia y por similitud de circunstancias, ambas han tenido que manifestarse respecto a la postura personal y de su respectivo partido respecto al actual problema creado por el desafío nacionalista; lanzado por una parte de los catalanes en contra de la unidad de España, materializado en forma de la amenaza de convocar un referéndum por el llamado “derecho a decidir”. Es evidente que no resulta cómodo tener que dar una respuesta concreta cuando, la pregunta que se les formula, tiene componentes que exigen pronunciarse a favor o en contra, sin que se pueda esquivar la respuesta, de forma que uno pueda decantarse hacia una fórmula evasiva, menos comprometida.

La señora Colau, como representante un tanto singular de la corriente política Podemos, tiene muy difícil apoyar una consulta que ha sido desacreditada por la mayoría de partidos parlamentarios, declarada ilegal por el TC y por todas las instituciones no catalanas que se han ido pronunciando sobre la legalidad de acudir a tal recurso. Su jefe de filas (al menos hasta que se pueda producir la ruptura definitiva de su proyecto de nuevo partido con el cordón umbilical que la mantiene unida a Podemos) no está de acuerdo con un apoyo directo al referendo, aunque tampoco ha escurrido el bulto manifestando su apoyo moral a la consulta. La postura de Colau es la propia de aquel que no quiere comprometerse, pero tampoco quiere quedar mal con aquellos con los que, en varias ocasiones, se ha mostrado de acuerdo con la celebración de la consulta.

El recurso para evitar enfrentarse a la prohibición expresa del TC y de las Cortes y, de paso, evitar quedar mal con los catalanistas independentistas, consiste en admitir como útil la consulta, pero evitando darle el carácter que pretenden los nacionalistas, de constituir un medio legal para, si saliera mayoritario el sí, darle carácter vinculante, lo que niegan considerándolo una simple consulta informativa, sin ninguna consecuencia jurídica ( para esquivar el enfrentamiento con el TC) y, si quienes vencieran fueran los del no, entonces pedirían una elecciones generales, lo que si entra dentro de las facultades del actual gobierno de la Generalitat. Difícil perder, si se juega con dos barajas. No obstante, como en todos los inventos con los que se intenta saltarse las leyes, la señora Colau se ha comprometido para que, desde el Ayuntamiento, se den las facilidades precisas para que se pueda celebrar el llamado referendo.

Da la casualidad de que, el TC, ha advertido, expresamente, de que cualquiera que facilite medios y colabore en la preparación de esta consulta, será responsable de desacato a lo dispuesto por dicho alto tribunal. Quiera o no la alcaldesa de Barcelona, llegará un momento en el que se verá involucrada y que tendrá que hacer frente a sus responsabilidades, por tratarse el suyo de un cargo público, integrado en el régimen administrativo español lo que, a diferencia de su etapa como agitadora profesional, la sitúa en una posición que le hace difícil eludir las consecuencias de una actividad delictiva, cuando se comete a sabiendas de las consecuencias de las decisiones que se toman.

Pero, donde más nos duele es en lo que está sucediendo en el partido de derechas, por tener lugar precisamente en el seno de una formación a la que hemos votado en todas las ocasiones que se ha presentado a los comicios, el PP del señor Rajoy, en el que, precisamente por haber entrado en una espiral de desconcierto, de olvido de los valores y principios que siempre, durante la época de Fraga, lo caracterizaron; se están dando una serie de circunstancias que han llevado a los populares a caer en una división interna claramente definida; de manera que, por una parte, podríamos hablar de los partidarios de la vicepresidenta Sáez de Santamaría, con la que podríamos alinear a Cristóbal Montoro, Fátima Báñez, Álvaro Nadal o Iñigo de la Serna y, por la otra, los partidarios de la señora Cospedal entre los que se encuentran J.I Zoido, Rafael Catalá, García Tejerina y Dolors Montserrat. A este grupo, entendemos que seguramente se podría añadir el ministro de Economía, señor De Guindos, por sus conocidas diferencias con Montoro.

Evidentemente las simpatías de don Mariano Rajoy, están claramente inclinadas hacia el grupo de su brazo derecho, la señora Sáez de Santamaría, la rival directa de la señora Cospedal que, como ha quedado evidenciado, parte de opiniones evidentemente distintas de las de la vicepresidenta y partidaria, en el caso del desafío catalán, de no andarse con paños calientes, si se llega a producir la declaración de independencia y, en consecuencia, actuar con la contundencia necesaria para acabar, de una vez, con tantos años de concesiones, tolerancias e intentos de comprar a los secesionistas mediante subvenciones, en perjuicio de las otras autonomías.

Soraya ha dejado clara su intención de ir manteniendo la política de concesiones, de subvenciones y de politiqueos con los nacionalistas, cuando, en unas recientes declaraciones ha pronunciado dos palabras clave, que nos dan la información acerca de una postura de transigencia, chalaneo, falta de firmeza y oscuras intenciones que contrastan con algunas de sus manifestaciones públicas, donde se habla de la aplicación estricta de las leyes. La vicepresidenta ha dicho que, en ningún caso habrá “sobreactuación”, algo que nos parece contradictorio si se trata de aplicar estrictamente la Ley, lo que supone ajustarse a la legalidad lo que nunca podría entenderse como una sobreactuación del Gobierno, ya que siempre estaría en manos de la Justicia el fijar la sanción oportuna o, como también ha mencionado la señora Sáez, de “sobrerreacción”, a la que se le podrían oponer las mismas consideraciones, ya que, en un Estado de Derecho, es la Justicia la que establece lo que es delito o lo que no lo es, las formas de participación en una ilegalidad y las sanciones que, en cada caso, corresponden a los condenados.

Como gobierno sólo le correspondería, a través de los cuerpos de seguridad del Estado, el hacer que las penas se cumplieran en sus propios términos. Lo que no entendemos es que se hable de la aplicación estricta de la Ley, pero no nos dicen qué tipo de Ley es la que el Ejecutivo piensa reclamar para el caso que nos ocupa: si el artículo 155 de la Constitución, un artículo al que, incomprensiblemente, parece que los partidos constitucionalistas le han cogido miedo o bien se baraja la posibilidad, como informó Fernando Lázaro, de utilizar la Ley de Seguridad Nacional del 2015. Lo que si queda en evidencia es el miedo o la inquietud que afecta al Ejecutivo ante lo que pueda pasar, no el día 1 de octubre, sino la reacción de una parte de los catalanes ante las actuaciones que se puedan llevar a cargo por la Administración Central, para impedir que el referéndum ilegal pudiera llevarse a cabo. Creo que es obvio que, llegados a este punto, ante una reacción levantisca y violenta, o una actitud incívica de las masas; al Gobierno no le va a quedar otro remedio que actuar con la fuerza necesaria y la contundencia para evitar que las turbas se apoderen de las calles y consigan su objetivo de crear el miedo en aquellos ciudadanos que no hayan querido colaborar en semejante payasada.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos preocupa que, después de tantas garantías de que no se va a celebrar la consulta, de que se va a aplicar la Ley y de que, los sediciosos, no van a conseguir ninguna ventaja de su órdago al Estado y de afirmar que los separatistas no van a conseguir ninguna ventaja de su desacato a la Constitución y al Estado español; amparados en la conveniencia de buscar acuerdos con los nacionalistas, en aras de una posible “reconciliación” o bajo pretexto de evitar males mayores, se acabe cediendo en materias como la enseñanza toda en catalán; la aplicación del catalán como lengua única oficial en Cataluña o que los impuestos sean recaudado íntegramente en Cataluña para que ella se autofinancie con el dinero de los españoles que seguimos viviendo en esta comunidad, puede que acompañado del traspaso integral de la Administración de Justicia a la autonomía catalana. No sabemos lo que pensarán en la calle Génova, ni cuáles serán los planes de Rajoy y de su brazo derecho, la señora Santamaría, pero de lo que si estamos seguros es de que, de producirse lo que nos imaginamos, este cronista y su familia dejaremos de votar al PP, aunque no tengamos otro partido al que votar.