Francisco Torres García. Seguramente alguien, como ha sucedido en estos días, podría objetar a mis palabras no haber leído con detenimiento la extensa sentencia del caso de “la manada” (larga por el voto particular de uno de los magistrados); solo una reveladora lectura en diagonal. Dejando a un lado el contenido y la tipificación de los hechos -recordemos que los artículos del Código Penal vigente son resultado de la reforma socialista-, lo cierto es que en la sentencia más que error judicial lo que hay es una derrota judicial de la instrucción, la acusación y la fiscalía; probablemente todos ellos en exceso confiados en la “pena del telediario”, en unos hechos que ya estaban masivamente tipificados por la opinión pública, pero es que la defensa también juega el partido. Más valiera a la acusación, ante los recursos anunciados, armar mejor el caso que confiar en la presión popular precedente y en la protesta desatada.

Los grupos feministas, que son un lobby muy heterogéneo, más sociológico que militante cuando se dan casos como este, se han echado a la calle apoyados por la lógica indignación ante los insuficientes 9 años de prisión de condena y la tipificación de los hechos; en su cola llevan su alineación con la izquierda, con los podemitas y la siempre oportunista y demagógica palabra de Pedro Sánchez (recordemos a Sánchez que lo que quiere reformar es obra de PSOE).

He contemplado una de esas manifestaciones pletóricas de las frases usuales y las he seguido por televisión, pero... ¿qué reivindican? Desde mi punto de vista lo que conviene, lo que es políticamente correcto y en concordancia con las tesis penales de la izquierda y de parte del centro derecha en consonancia con el “espíritu” de la cada vez más viejuna Constitución de 1978. Solo definiciones teóricas y abstractas... pero poca o ninguna referencia a las penas y a la consideración de la misma como elemento disuasorio, y es aquí donde radica una de las bases del problema. No por el juicio de “la manada” sino por el incremento de los delitos sexuales en general y de las violaciones en particular (un incremento del 6% en los últimos datos anuales conocidos).

No he visto entre las reivindicaciones peticiones de endurecimiento de las penas, ni de cumplimiento íntegro de las penas en esas manifestaciones, ni en todo el aparato mediático-propagandístico que las acompaña. Orgánicamente, los manifestantes, más del sexo femenino que masculino, son los mismos que están contra la prisión permanente -que en el fondo es un brindis al sol porque, al ser revisable, hecha la ley hecha la trampa-.

Es lógico que más allá de la sentencia, ante lo que se conoce de los hechos, no pocos españoles estén indignados; pero hubo delito y los integrantes de “la manada” han sido condenados a 9 años de prisión, algo que se está obviando. Defensa y acusación ya han anunciado un recurso que se iba a producir de todas maneras: unos, ahora contando con el poderoso, desde un punto de vista jurídico y mi particular lectura, voto particular, para conseguir reducir la pena o incluso la absolución (que pudiera darse si la acusación es inferior a la defensa); la acusación, para cambiar la tipificación del delito y dar peso a los agravantes, consiguiendo, en función de la vista, unos pocos años más de condena. Y que nadie se sorprenda si ahora comienzan a filtrarse fotos que al no tener voz pueden ser un arma terrible.

Más allá de ello, de este caso en particular, lo que nadie saca a debate es que en España este tipo de delitos tiene las posibles condenas que tiene. De forma muy escueta, apuntemos que el abuso, el atentado a la libertad sexual y la violación se castigan con penas de 1 a 12 años (las agravantes las pueden ampliar). Así pues un violador puede ser condenado a una mínima de 6 años, a menos si no llega a penetrar,  y a 15 en la máxima si hay penetración y pocos agravantes. Pero se trata de penas irreales porque ya se sabe cómo es el cumplimiento real en España; pero en el caso de este tipo de delitos el tercer grado, a partir de 5 años, solo se alcanza tras cumplir la mitad de la condena. Y lamentablemente todos tenemos en la memoria cuáles han sido las condenas de violadores en serie o cómo han sido puestos en libertad para volver a violar (pero en estos casos en vez de sacar a la calle la indignación se ha guardado silencio).

Los autores del delito, porque la sentencia indica que lo hubo, los individuos de “la manada”, han sido condenados a 9 años en vez de a 15 o 16, por lo que pasarán 5 años en prisión. Y esto es lo que de verdad produce indignación, aunque se tenga buen cuidado a la hora de ocultarlo: la sensación que tienen los españoles de que, más allá de este caso, nuestro modelo fomenta la sensación de impunidad, de que el delincuente tiene más derechos que la víctima en nuestro Código Penal y en las disposiciones penitenciarias. Impunidad que es un acicate para el delincuente al perder la pena parte de su carga disuasoria.

El caso de “la manada” tiene ese otro componente, para mí fundamental, sobre el que nadie se pronuncia y es el grado de depravación, de embrutecimiento y de destrucción del andamiaje moral del individuo y la sociedad que, más allá de la tipificación y de cómo sucedieron los hechos, este caso muestra. Y en ese camino no estamos en el final sino en el principio por lo que los delitos, denunciados o no, se incrementarán. Ante ello de poco vale rasgarse las vestiduras por la sentencia de un caso, montar protestas según qué casos, para, al mismo tiempo, mirar para otro lado cuando se señalan las causas de que hayan manadas o individuos o cuando algunos sostenemos que no todo es moralmente aceptable como normal independientemente de si el consentimiento existe es pasiva o es fruto de la coacción voluntario (concepto este último que recomiendo que revise la acusación).