Redacción. El Lunes comenzó el juicio contra exdirectivos de las antiguas cajas de ahorros. Cuatro exdirectivos de Caixa Penedès, acusados de haberse adjudicado pensiones millonarias a través de pólizas que contrataron a espaldas de los órganos de control de la entidad por valor de más de 31,6 millones. Las cobrarían al abandonar sus puestos.

La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el exdirector general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y tres años para los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas, y reclama que devuelvan las cantidades percibidas fraudulentamente y que se les inhabilite para el ejercicio de cargos directivos en el sector bancario. Entre los exgestores envuelto en la trama, se encuentra el ya fallecido y responsable de Recursos Humanos Jaume Jorba, quién según Pagès, se encargaba de transmitir al Banco de España todos los datos.

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorbà 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

El exdirector general de Caixa Penedès ha defendido en el juicio celebrado en su contra en la Audiencia Nacional su gestión al frente de la entidad: "Nunca he intentado perjudicar a la caja y mi actuación siempre ha sido de total honestidad". "Siempre he actuado con honestidad". Los acusados también defendieron la legalidad de las jubilaciones millonarias fijadas para la directiva

Pagès ha afirmado que las jubilaciones millonarias que se fijaron para él y otros cuatro exdirectivos eran legales y contaban con el visto bueno de los órganos de dirección.

"A partir de la aprobación de esos contratos estaba ya todo aprobado por los órganos de gobierno de la caja y siguiéndolos se fijan las dotaciones anuales de las pólizas de seguros", ha indicado, y ha precisado que desde que cumplió los 60 años en 2007 y hasta su cese en 2011, con 64, la caja se embolsó debido a las condiciones de su póliza 1,3 millones de euros.

El exdirector general, que asumió las funciones de presidente durante unos meses en el año 2011, antes de jubilarse, ha precisado además que tanto los contratos como las aportaciones realizadas anualmente a las aseguradoras eran auditadas anualmente por Deloitte.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled defiende que Pagès diseñó junto al resto de impurtados "una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse a él mismo y a sus más cercanos colaboradores una desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo por cualquier motivo, desbordando el marco de su contrato laboral y enmascarando su actuación frente a los órganos colegiados de la misma, que ni conocieron ni por supuesto autorizaron la actuación de los acusados".

La fiscalía anticorrupción considera que los acusados se valieron de la suscripción de una póliza de seguros con la compañía Axa, de forma opaca, "para de este modo lograr atribuirse beneficios económicos que sus contratos de trabajo no amparaban".