Miguel Massanet Bosch. Hay actos que ya llevan implícita en sí mismos la obscenidad, la antijuridicidad y la temeridad y que, al propio tiempo, implican una conducta voluntariamente provocativa contra lo que significan los principios de convivencia, solidaridad y respeto por las normas constitucionales. Este, sin duda, es el caso, el hecho realmente preocupante y evidentemente provocativo, consistente en el desafío, con intenciones espurias y desestabilizadoras de la democracia que, con toda impunidad y ante la más que evidente pasividad de las autoridades administrativas y las estancias judiciales;  se está perpetrando, por los grupos separatistas, en tierras catalanas. Al parecer, fue la vicepresidenta del Gobierna, señora de la Vega, la que, con su habitual gesto adusto y como si lo que dijera desde la altura de su poltrona, fuera dogma de fe; quiso tranquilizar a la ciudadanía quitando importancia a lo sucedido en Arenys de Munt que, como ya es de dominio público, consistió en un referendo ilegal celebrado puenteando la ley para concluir que, lo que deseaban la mayoría de los habitantes del municipio, era independizarse de España. La señora De la Vega nos dijo que dicho acto no tenía ningunas consecuencias jurídicas, ni vincula a nadie ni, por supuesto, para ella, tenía la menor trascendencia. Siento diferir, modestamente, de la señora De la Vega, algo que, por supuesto suele ocurrir con frecuencia con la apagafuegos del PSOE.

Llevando el tema a los extremos me gustaría conocer la opinión de esta señora si a alguien se le ocurriera hacer referendos, en diversas localidades, para decidir si a los señores alcaldes de cada municipio se los debía colgar por el cuello de las astas de las banderas de los edificios consistoriales o, por contra, dejarlos en su poltrona para que siguieran ejerciendo de alcaldes. ¿Absurdo, no? Me imagino al pobre alcalde llamando a la policía, acudiendo a los juzgados, pidiendo la intervención urgente del Delegado del Gobierno y atrincherándose en su casa para defenderse, por todos los medios a su alcance, frente a la posibilidad de una votación que lo perjudicase. No le importaría al señor alcalde si la ciudad tenía un censo de 100 habitantes o de 50.000 porque, en ambos casos, su vida pendía de una votación, ilícita, por supuesto, pero que podría tener consecuencias fatales para su integridad física.

Es decir, que el tamaño del municipio no restaría, en absoluto, la ilegalidad del acto y los efectos de que se hubiera permitido por la Administración, por activa o por pasiva, que se celebrase un referendo de dicha naturaleza no dependería de la importancia del municipio, sino de los efectos, letales para el alcalde, de una votación adversa; fuera por cien votos o fuera por 50.000. Sé que es algo impensable pero, sin duda, nos ayuda para ilustrar los efectos que se pudieran derivar para España y la propia Catalunya si, como parece ser, esta estrategia, mimada por ERC y por la propia CIU, se fuera extendiendo y lo que ha empezado por un pueblo de pocos habitantes, a fuerza de repetirse en cientos o miles de localidades catalanas, con votaciones amañadas o no, llegara a inducir a los ciudadanos de Catalunya que, en efecto, el sentimiento separatista de toda la comunidad tenía tanta implantación que la separación del resto de España era una cuestión de interés nacional para los catalanes.

¿Se podría en tal caso entender que el Gobierno se desentendiese del caso, dejando que el populacho linchase a los señores alcaldes, sin hacer nada para remediarlo?, ¿se hablaría de si los resultados vinculaban al Gobierno o a la Justicia? El ilícito penal está planteado, el hecho en si tenía las connotaciones de un delito, como, a mi entender, el sólo planteamiento, organizado y sin duda dirigido por los partidos interesados en crear un clima favorable para la secesión, lo tiene; porque, el pronunciarse en contra de los preceptos de la Carta Magna, ley fundamental para la nación y, en particular en contra de aquellos que definen a España como una nación única e indivisible constituye una sedición y una traición. Por ello, el llevar a cabo acciones encaminadas a minar esta unidad y e intentar lograr, por acumulación de referendos, los fines sediciosos que se proponen –que consisten en la secesión de Catalunya de España – constituye en sí, y sin paliativo alguno, un acto de traición y los que, de alguna manera, colaboran en ellos o dejan que se produzcan, sin poner los medios adecuados para evitarlos; no merecen ser llamados españoles ni que se les respete u obedezca, porque han infringido con su pasividad  lo dispuesto en nuestra constitución de 1978 y han incurrido en deslealtad a la patria.

¿Cómo impediría la señora De la Vega, si lo ha permitido en Catalunya, que esta pandemia de referendos se extendiese por toda España y llegase un momento en el que, la mayoría de los ciudadanos, se pronunciasen a favor de que la nación se cuartease en comunidades, en veguerías, en acumulación de municipios o en cantones como ocurrió en su día, con Cartagena? Tengo mis dudas y se las voy a confesar, porque he visto tantas cosas impensables en mi larga existencia que ya nada me puede maravillar. Y ¿sí a los socialistas lo que, de verdad, les interesara fuera que España dejara de ser España?, no podemos negar que dentro del PSOE muchos abogan por una España federal. La Constitución no lo permite pero ante tantas voces, tantos pueblos, tantas regiones interesadas en cambiar la estructura del Estado ¿se podría mantener la Constitución incólume? ¿Podemos imaginarnos el guirigay que se armaría y lo que pensarían nuestros vecinos de allende los Pirineos? No obstante, todo este tinglado no es nada nuevo en este país, porque ya, los señores Maciá y Companys, estuvieron a punto de conseguir lo que ahora, por otros medios, intentan partidos como ERC y CIU.

La estrategia está clara, salvo para aquellos a los que no les interese percatarse de ella. Estamos en recesión, hay problemas que preocupan más a España que lo que piensan o hacen los separatistas. Por otra parte, tenemos pendiente que el TC emita su fallo respecto a la constitucionalidad del Estatut; Zapatero pende de un hilo y sabe que, si se crean más problemas en el país, puede que su Gobierno se vaya al traste por lo que va cediendo a cada chantaje que los separatistas le hacen, en una palabra, lo tienen cogido por los cataplines y saben que nunca más van a tener otra oportunidad más propicia para avanzar al galope en pos de su objetivo, ¡independizarse de España! Se empieza por algo insignificante pero, si sale bien, y ellos ya saben lo que han de hacer para que así sea; entonces sale el señor Puigcercós, –que se cree muy listo, pero que hasta un niño le leería en este cerebro tan simple y diáfano –, y propone que otros once municipios repitan la prueba, ¡si nada más se trata de una consulta no oficial, la propia señora De la Vega así lo ha considerado, nadie debe preocuparse por ello! Lo que sucede que, detrás de los once ya hay más de cincuenta municipios que se han ofrecido a repetir experiencia y… luego, cuando hablemos de miles, ¿quién será que le podrá el cascabel al gato? Puede que sea un empecinado en que ocurrió en el año 1936 y puede, también, que uno recuerde la serie de sucesos que precedieron a la contienda civil y puede que uno sufriera, metido en un refugio, el miedo de sentir sobre su cabeza como los aviones tiraban bombas; por tanto no soy de aquellos, como la Bibiana Aído o la Leire Pajín a los que les han llenado la cabeza de mentiras y falsas heroicidades de las izquierdas. Pero algo va mal en España y algo puede suceder si, quien tiene que la obligación de parar esta deriva, se dedica a mirar al techo mientras los que conspiran contra la nación van alcanzando sus metas.

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