Redacción Madrid. 9 de febrero. El Estado francés prestará un total de 6.000 millones de euros durante un periodo de cinco años a los dos principales constructores automovilísticos franceses --Renault y PSA Peugeot-Citroën--, que se repartirán este importe al 50% a cambio de determinadas contrapartidas, como frenar las deslocalizaciones y moderar la distribución de dividendos.

   Este plan de ayuda masiva a uno de los sectores más afectados por la crisis económica será detallado por el primer ministro francés, François Fillon, y, según informa hoy la prensa económica gala, después de haber barajado toda una serie de instrumentos financieros consistirá finalmente en un préstamo directo del Estado por valor de 6.000 millones de euros, incluso un poco más si se incluye al constructor de camiones Renault Trucks, igualmente en crisis, y en manos del sueco AB Volvo. El propio Fillon ya había adelantado el pasado 20 de enero que el Estado barajaba una ayuda de entre 5.000 y 6.000 millones de euros.

   Esta cantidad se unirá así a la prima de 1.000 euros para quien lleve al desguace su coche y se compre otro, una medida que, de momento, tampoco ha hecho milagros en las ventas de los dos constructores galos, según relata la prensa. El sector se ha beneficiado igualmente de 1.000 millones de euros de préstamos garantizados otorgados el pasado diciembre a sus filiales de crédito.

  Los 6.000 millones que se destinarán ahora tendrán como contrapartida el compromiso de los constructores de destinar parte de este dinero a sus múltiples proveedores, para evitar que se multiplique los planes sociales de reducción de empleo. También se prevé desbloquear otros recursos a través del Fondo de Modernización de Equipamiento para el Automóvil.

   Aunque las necesidades de financiación de Renault parecen superiores a las de PSA, la decisión gubernamental es que a cada uno de ellos vaya destinada la misma cantidad, es decir, 3.000 millones, y que el préstamo sea de larga duración para poder planificar futuras inversiones. No obstante, la ayuda no irá acompañada de la entrada del Estado en el capital de PSA ni de un aumento de capital estatal en Renault, donde el Estado francés tiene el 15 % de las acciones.

   La operación contiene una cláusula de revisión en caso de que las condiciones mejoren y tendrá un tipo de interés algo más bajo del que encontrarían los dos grupos en el mercado (del 6 % al 7 %), pero no más, para evitar que la Comisión Europea ponga reparos a la misma. La tasa de interés se indexará sobre el resultado operativo y será en cierto modo variable. Este préstamo podrá devolverse parcialmente a partir del segundo año.

   Como lo anunció el presidente francés, Nicolas Sarkozy, al anunciar la intención del Estado de acudir en ayuda del sector, esta inyección de capital tendrá que verse acompañada de una serie de contrapartidas, sobre todo en el terreno industrial.

   Dado que la normativa comunitaria impide una "relocalización", de ciertos fabricantes en Francia, el Estado tendrá que conformarse con obtener de los constructores garantías de que no deslocalizarán sus fábricas en los próximos años y que adquieren el mismo tipo de compromiso los fabricantes de equipamiento para coches, que se han visto obligados a deslocalizarse durante los últimos años para reducir costes.

   Así pues, cada decisión industrial será a partir de ahora objeto de un examen detallado del Estado como se hará, por ejemplo, con el proyecto de creación de un polo industrial dedicado al coche eléctrico, para el que hay tres núcleos posibles en diversas localidades francesas. Más allá del plano coercitivo, el plan de ayuda busca sobre todo crear las condiciones que permitan desarrollar el sector del automóvil en Francia.

   Otra regla del juego afectará a los bonos de los directivos y a los dividendos de los accionistas. En este último caso, los poderes públicos no quieren prohibirlos porque se enviaría al mercado una mala señal, pero sugiere que se moderen.