José Luis Orella
Hace poco asistíamos a un hecho vergonzoso, con 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones, el parlamento europeo daba cobertura a las instituciones europeas para que activasen por primera vez el Artículo 7 contra Hungría, un estado miembro de la UE. El informe elaborado por una europarlamentaria holandesa de ideología radical de izquierda, Judith Sargentini, cuya formación proviene del viejo Partido Comunista que apoyo la invasión de Hungría de 1956. Las preguntas para ejercer un castigo así contra el país magiar y su primer ministro, serían, quien es Viktor Orbán y que medidas ha propiciado desde su ejecutivo.
Viktor Orbán fue un estudiante de Derecho de la Universidad Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest, que fundará con otros jóvenes, en 1988 la Federación de Jóvenes Demócratas, (Fidesz), que defendía un discurso democrático, europeísta y anticomunista. Después de una estancia en la Universidad de Oxford, en 1993 Orbán fue elegido presidente del partido. En 1998 el joven político ganará las elecciones, y será quien consiga la adhesión de Hungría a la Unión Europea y la OTAN. En aquel mandato apostará por la reducción de impuestos, ayudar a las pequeñas y medianas empresas y reforzar la protección social de los más débiles. También respaldará la entrega de la nacionalidad del Estado húngaro a las personas de etnia magiar en el extranjero, siempre que pudieran probar su descendencia de húngaros y su conocimiento del idioma.
Con respecto a las medidas de su gobierno, citemos datos. Desde el 2010 el déficit del gobierno fue del 1,9 por ciento del PIB y la relación deuda / PIB va declinando. Según los datos del crecimiento del PIB de la Oficina Central de Estadística húngara, la economía húngara creció un 4 % en el 2017, un dato que no se había alcanzado en los últimos doce años. Esta mejora de la economía ha redundado en un aumento salarial del 12.8 %, que supone un 54 % superior a lo que se cobraba de media en 2010. Del millón de puestos de trabajo prometidos en el 2010 por el Fidesz, se han creado 736.000, reduciendo el desempleo a un mínimo histórico del 3,8 %. La población ha aumentado en setenta mil personas por el incremento demográfico. Los matrimonios han aumentado un 46 % por la mejor situación laboral. Los magiares han dejado de emigrar, y la necesidad de mano de obra está atrayendo a ucranianos y balcánicos en gran número. Con respecto a la fuerte presencia internacional desde la privatización tras la caída del comunismo, más de la mitad de los medios de comunicación son propiedad de capital magiar, y del mismo modo las entidades bancarias, eliminando el problema del endeudamiento en otra moneda.
A nivel exterior, el gobierno magiar es proeuropeo y es favorable a tener una fuerza de defensa común, pero es fiel al espíritu fundacional europeo nacido en el Tratado de Roma de 1957 y que fue defendido por los presidentes De Gaulle y Adenauer, estableciendo una Europa basada en una alianza de naciones libres que tienen en común su herencia cristiana. El 78% de los magiares son favorables a defender la cultura y tradición cristiana de su nación. En una decisión difícil por la presión de la Unión Europea sobre la política de llegada de refugiados, el gobierno realizó en el 2016 un referéndum que daba respaldo social a la decisión del gobierno de reforzar el control de fronteras del país ante la llegada masiva de millones de refugiados.  El ejecutivo se mostró favorable a revertir competencias a los Estados soberanos, para un control más democrático y eficaz de la gestión. Este punto de vista coincide con el resto de los miembros del grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa) que es la región que más ha crecido económicamente de la Unión Europea, que más ha reducido los niveles de pobreza y que mantiene en cero el número de atentados por terrorismo de origen yihadista.
Estas naciones tienen en común la recuperación en 1989 de su libertad, desean vivir su democracia política y defender la herencia cultural de sus antepasados. Una visión muy diferente a la defendida por las autoridades de la Unión Europea, no refrendadas por el voto popular, aunque si cuenten con el apoyo de magnates como George Soros que parece contar con más aceptación que los antiguos luchadores por la libertad de la Europa del Este.