La banalización de las instituciones: Lo cutre se impone en política
Miguel Massanet Bosch. Tenemos la extraña sensación de que, en España, hemos entrado en una especie de delirio, de pesadilla de entreveradas maldades o, si lo prefieren, de disloque de sobrevenidos personajes políticos, empeñados en convertir el país en un campo de pruebas en el que ensayar o experimentar con nuevos métodos, sistemas u ocurrencias, aplicables a nuevos o renovados tipos de gobierno; muchos de los cuales, por desgracia, ya fueron experimentadas en otros lugares y épocas de la Historia del mundo, con resultado de fracaso, muerte y miseria.
La muestra más fehaciente de esta degradación que estamos experimentando en esta España del, mal llamado “cambio”; la tenemos, sin duda, en este espectáculo bochornoso, que representaron algunos grupos de la izquierda con motivo del juramento de los nuevos parlamentarios; con total protagonismo de las huestes de Podemos, que aprovecharon la ocasión para demostrar su falta de respeto por el pueblo español, su innata predisposición al auto bombo y su singular forma de entender la democracia que, por lo visto, para ellos debe identificarse con la mala educación, la horterada, la falta de consideración por el resto de parlamentarios de la cámara y el desprecio por los más elementales modales, tanto en cuanto a la forma de expresarse como por los atuendos e imágenes de algunos de ellos, que más parecían que iban vestidos y peinados para asistir a un festival de funky jazz, que para presentarse en una sesión solemne del máximo órgano de representación ciudadana.
Ya ha sido una mala noticia el hecho, insólito en nuestra democracia, de que haya aumentado, por la atomización del voto, el número de partidos que se están disputando, a cara de perro, el conseguir situarse en lugar preeminente dentro de la batalla por alcanzar el poder. Tampoco ha ayudado la circunstancia de que nos encontramos en uno de los momentos de mayor inestabilidad en la comunidad europea, motivado por el desmoronamiento del gigante Chino, la invasión que las naciones europeas han recibido o tienen pendientes de recibir de los inmigrantes procedentes de Siria, Afganistán, Irak y todos aquellos países que están afectados por los conflictos que se vienen desarrollando en los países afectados por la invasión del EI y por las rencillas pendientes entre opositores a los regímenes establecidos y sus dictadores que, para mayor complicación, también tienen que enfrentarse con los yihadistas de Isis.
Es evidente que nuestro Parlamento se ha visto ante un cambio que, sin duda alguna, a los ojos de la ciudadanía, ha perdido una parte de la confianza que inspiraba; ha tenido que aceptar, por la fuerza de los votos, a grupos de políticos que, anteriormente, eran minoritarios o no existían, pero que ahora, a la vista está, tienen una presencia notable en el hemiciclo de la cámara. La invasión de una izquierda extremista, de claro color antidemocrático, que presenta visos de intentar emplear su peso en la cámara, para desestabilizar el país e implantar, a poco que el resto de partidos constitucionalistas se descuiden, un sistema de gobierno que sea capaz de acabar con la inmadura democracia que tenemos en España, ocupando las instituciones, desarbolándolas e implantando lo que ya han ensayado en otros países, como ha sido el caso de Venezuela, donde trabajaron para que el gobierno de Maduro que, aparte de dejar en ruinas a los venezolanos, se haya convertido en un dictador que, a pesar de la evidente y cuantiosa victoria de la oposición, se las viene ingeniando para mantener su dictadura en toda la nación venezolana, contando para ello con el apoyo del Ejército que, parece claro, está dispuesto a mantener a toda costa al dictador chavista en la cresta del poder.
Lo que está ocurriendo en las capitales que han conseguido gobernar, gracias al apoyo de los otros partidos, que no parecen enterarse del peligro que, una postura tan acomodaticia con esta extrema izquierda, puede llegar a suponer para los españoles e, incluso, para el futuro de sus propias formaciones políticas. En Madrid y en Barcelona, para citar los ejemplos más significativos, los gobiernos de Manuela Carmena y de Ada Colau ya han dado la medida de lo que puede ocurrir en toda España si, estos activistas bolivarianos, pudieran conseguir poner en práctica, en toda la nación española, sus sistemas intervencionistas y sus modos poco democráticos de aplicar, a la ciudadanía, las trabas a sus libertades, restringiendo, poco a poco, sus libertades y recortando, en nombre de sus políticas sociales, el derecho constitucional de la propiedad, como ya han empezado a aplicar en ciudades como Barcelona, en las que las restricciones a los desahucios los hacen prácticamente imposibles, con grave deterioro del derecho hipotecario que faculta a los propietarios a poder cobrar las amortizaciones y los intereses del préstamo que concedieron.
Tampoco los alquileres han quedado fuera del afán, de los nuevos gobernantes, de intervenir en el derecho privado, cuando en los planes de Podemos y en los de la misma señora Colau o de la alcaldesa de Madrid, se piensa evitar el desalojo de los inquilinos que no paguen sus alquileres, creando organismos de control que puedan evitar, en determinados casos en los que juzguen que los inquilinos puedan tener dificultades en ocupar otra casa o los alquileres para acceder a otra vivienda sean superiores a los que venían pagando o fuesen personas muy mayores, o enfermos o estuvieren en paro etc. Todo ello, como es natural, significará que, con toda probabilidad, el mercado inmobiliario vaya a pasar por otra fase de crisis; en este caso, debido a los inconvenientes e intromisiones de la Administración pública en aquellas parcelas del derecho que, durante años, han conseguido mantener una cierta libertad de contratación. Lo curioso es que, en lugar de utilizar los miles de locales y edificios públicos que son propiedad del Ayuntamiento, para los fines indicados, se prefiere utilizar métodos coercitivos o intervencionistas que impidan a los propietarios de inmuebles, sean estos quienes fueran, su derecho a utilizarlos libremente para los usos que sus dueños los tuvieran destinados, sin verse obligados a sujetarse a impedimentos burocráticos limitativos de su libre voluntad.
Es obvio que, el sentido social de la propiedad, no puede convertirse, sin más, en un método de la Administración para que los particulares, además de pagar sus impuestos por las actividades que desarrollan, deban convertirse en colaboradores necesarios, con sus propios bienes, de una función que, evidentemente, debe corresponderle a los gobernantes que, para ello son los que cobran los impuestos y los distribuyen entre las diversas necesidades de la nación, incluida la de las distintas obras sociales, que deben estar comprendidas en los PGE o de las entidades autonómicas. Este espíritu incautatorio que parece que forma parte de los objetivos de todos estos grupos comunistas o anarquistas, va en contra del espíritu de la Constitución española; pretende establecer una doble tributación sobre la ciudadanía, que se ve agobiada por el afán de los políticos que confunden el servir al pueblo con el de esclavizarlo y atentar contra los derechos de los españoles de hacerse con unos ahorros ( cada cual es libre de escoger el sistema para hacerse con ellos) o de utilizar los inmuebles como un producto de comercio o, en su caso, como un medio de conseguir una renta para poderla distribuir entre los socios de una sociedad.
Todo ello, perfectamente lícito y dentro de lo previsto en el ordenamiento jurídico de nuestra nación. Personas incompetentes, gobernantes antidemocráticos, antisistema, desarraigados a los que la política les da poder y comunistas fanáticos empeñados en aplicar viejos sistemas que pretenden ser una fórmula eficaz para conseguir la igualdad y que, estamos en un mundo de personas y no de santos, lo único que han conseguido es engañar a los que confiaron en ellos, matar todo espíritu de superación, ambición de mejorar o afán de progresar en una sociedad que, gracias a los emprendedores y los universitarios puede aspirar a una vida mejor. Nunca se podrá evitar que haya tontos y listos, inteligentes y zoquetes, trabajadores y vagos, sanos y enfermos…
Los mismos que propugnan un sistema igualitario, se cuidan muy mucho de reservarse para ellos los puestos de mando desde los que aplican, con más o menos efectividad, sus teorías. Lo malo es que, cuando fracasan (siempre estos sistemas han fracasado en las naciones donde se han ensayado) siempre tienen un lugar donde irse a vivir, un rincón donde tienen un ahorro con el que vivir sin problemas y un grupo de “camaradas” con el que iniciar una nueva singladura para esquilmar a otros incautos que vuelvan a creer en sus prédicas. No seamos nosotros los que caigamos, inocentemente, en sus garras, al menos, sin luchar para impedirlo.