Redacción Madrid. 16 de diciembre.

  El presidente del Consejo de Administración de la Clínica Ruber Internacional, Javier Bergaz Pérez, negó hoy durante su declaración como imputado en el 'caso Guateque' que se haya realizado un pago de 30.000 euros al ex funcionario de Gerencia de Urbanismo Fernando Ruiz Torrejón a cambio de recibir un trato de favor en la obtención de una licencia para reformar las instalaciones del centro sanitario de la calle Juan Bravo.

   El nombre de la afamada clínica aparece en una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil a dos de los imputados, al empresario Santiago Castillo, propietario de la sociedad AC93, y a Ruiz Torrejón, en la que pactaban supuestamente el reparto de 30.000 euros por la autorización de unas obras de reforma en las instalaciones del distrito de Salamanca.

   En la citada conversación, Castillo ofrece a Ruiz Torrejón repartirse la mitad de los 30.000 euros procedentes de la licencia de obras del Ruber. No obstante, los investigaron no han hallado ninguna prueba que certificara tal pago. El propietario de AC93, una de las sociedades investigadas por actuar de intermediaria, se encuentra en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros, mientras que Torrejón está libre bajo fianza de 60.000 euros. Ambos estuvieron encarcelados casi tres meses.

   También estaba citado a declarar el director financiero de la Clínica Ruber, Carlos Lastra, quien falleció hace unos meses. Por ello, el juez deberá remitir un certificado al registro para comprobar su defunción.

   En su declaración, de la que salió "muy contento", el presidente de la Ruber aseguró que "todo está en regla" e insistió en que "nunca recibió peticiones de dinero a favor de ningún funcionario". "Mi cliente no conoce a ninguno de los imputados", manifestó su letrado al concluir la comparecencia, en la que presentó las facturas que acreditan la legalidad de los trámites seguidos para realizar las obras.

   "Todo está con sus facturas y pagado el IBI. ¡Los cohechos no se pagan con IBI!", exclamó. Además, el abogado hizo hincapié en que tardaron cuatro años en obtener el permiso para realizar las obras. En concreto, la licencia se solicitó en 2003 y se concedió en 2007.

   A lo largo de la mañana, declararon los dueños de varios locales, situados en Concha Espina, Orense y Pintor Juan Gris. Todos ellos negaron haber pagado por acelerar los trámites de la licencia de sus expedientes de licencia.

SEGUROS OCASO

   Mañana, comparecerán como imputados dos cargos de la compañía Ocaso y como testigo un funcionario de la Gerencia de Urbanismo. El juez mantiene ya como imputados a otros directivos por un delito de cohecho. Son Carlos Ruiz, Javier Zumalacárregui, Ramón Boticario de Zulueta y Máximo Agustín Cabanas. A la compañía se la investiga debido a que adjudicó el proyecto del cambio de uso del edificio de su oficina central a AC93, investigada por el juez.

   Ese día, el instructor interrogará además al responsable de la cervecería Cervantes, en la plaza de Jesús. La imputación del dueño de esta cervecería se debe a la comisión de delitos urbanísticos por producción de alteraciones y obras sin licencia en edificios protegidos ubicados en la calle Santa Lucía, Flor Baja y Piamonte. En este apartado, el juez amplía las imputaciones a otros empresarios por su relación con el anterior local.