José Luis Orella
El 1 de abril, día de Jueves Santo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, hablaba la necesidad de una cooperación entre los gobiernos europeos para tener un renacimiento europeo. El político magiar se identificaba con el compromiso atlántico, los valores de la libertad, la dignidad, el cristianismo, la familia y la soberanía nacional. Desde entonces, sus movimientos han incrementado los ataques políticos contra los países del Grupo de Visegrado que defienden el mantenimiento de una Unión Europea basada en los principios de libertad firmados en el Tratado de Roma, y que en este momento son violados de forma constante desde las instituciones europeas.
Uno de los instrumentos del ataque ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que supeditándose a las conclusiones de la Comisión Europea, emitió otra decisión sobre medidas provisionales relativas al sistema judicial polaco. El tribunal de la UE obliga a Polonia a "suspender inmediatamente" la aplicación de las disposiciones nacionales relativas a la Sala de Disciplina del Tribunal Supremo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Polaco dictaminó que la disposición del tratado de la UE, sobre la base del cual el Tribunal de Justicia de la UE obliga a los estados miembros a aplicar medidas provisionales con respecto al poder judicial, es incompatible con la constitución polaca. En la justificación de la sentencia del Tribunal Constitucional, se indica que la Unión Europea no puede reemplazar a los Estados miembros, elegidos democráticamente, en la creación de regulaciones sobre el sistema de tribunales y la garantía de la independencia de los jueces.
La decisión reciente de la Comisión europea, no elegida democráticamente, abre expedientes sancionadores a Polonia, por lo citado anteriormente, aunque en realidad por las importantes ayudas sociales a las familias, acusando a su gobierno y al de Hungría, de adoptar medidas discriminatorias contra la comunidad LGTB. En el caso magiar, la Ministra de Justicia de la República de Hungría, Judit Varga, explicaba que la Ley de protección infantil, atacada por las instituciones europeas como discriminatoria, en realidad se enfocaba en garantizar los derechos de los padres a proteger a los menores de edad para que no accediesen a contenidos que pudiesen contradecir los principios educativos que sus padres eligieron enseñarles hasta que ellos mismos se conviertan en adultos. Sin embargo, el derecho de los padres a proteger a sus hijos de amenazas, como la pederastia, no fue reconocida, mientras el gobierno húngaro era atacado por el eurodiputado  socialista, Cyrus Engerer, quien había sido condenado, aunque se suspendió la condena, a dos años de cárcel por distribución de pornografía en el 2014, como se hizo eco  el Times of Malta (2021-07-06).
Desde hace tiempo las instituciones europeas Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han atacado a los países de Visegrado, defendiendo la superioridad de las instituciones europeas sobre las nacionales, especialmente en los casos de ingeniería social, que pretenden eliminar los principios cristianos de la sociedad europea. Estos ataques pretenden desgastar a los gobiernos del grupo de Visegrado para que puedan ser sustituidos por políticos permeables a los intereses de las influencias dominantes en la UE
En diciembre de 2019, apadrinados por el oligarca George Soros, se reunieron los alcaldes de Budapest (Gergely Karácsony), Varsovia (Rafal Trzaskowski), Praga (Zdenek Hrib) y Bratislava (Matus Vallo), quienes recibirían su apoyo mediático y financiero, liderando plataformas de oposición a sus gobiernos soberanos. La UE ha iniciado un nuevo periodo que consiste en enterrar definitivamente los principios que un 25 de marzo de 1957 firmaron los europeos occidentales.