“El totalitarismo será siempre una tentación, las decisiones se toman más rápido que en democracia”. Albert Jacquard
¿Es ilegal que quienes tengan la mayoría absoluta la ejerzan para gobernar un país?

Miguel Massanet Bosch. Los ingleses la llaman absolute mayority y para los que creemos que la democracias es, con todos sus defectos y salvedades, uno de los mejores medios para gobernar, entendemos que queda evidenciado que, cuando una formación política a través de unas elecciones o comicios legalmente convocados, consigue un número de votos que supere en más del 50% la totalidad de votos conseguidos por el resto de partidos que han concurrido a las elecciones; entonces el partido que lo consigue superar al resto de los demás en votos es el que tiene la “mayoría absoluta”. Esto significa que, en la cámara de representación popular (Parlamento o Senado) en la que, el vencedor de las elecciones, tenga una mayoría de escaños superior al 50% de los miembros de la cámara, tiene la posibilidad de aprobar leyes con los votos de su mayoría aunque el resto se oponga a ellas. ¿Es democracia o no es democracia? Pues señores, según nuestra Constitución es perfectamente democrático y también, desde el mismo sentido común, sigue siéndolo aunque el resto de partidos en bloque se oponga a ello.

 ¿Es ilegal que quienes tengan la mayoría absoluta la ejerzan para gobernar un país?, en absoluto y se puede decir que, en el caso de que el país esté pasando por graves riesgos, suele ser cuando los ciudadanos, descontentos con los resultados de un gobierno anterior, se deciden a otorgarla a otro grupo político cuyas ofertas políticas les parezcan mejores y les merezcan más confianza. Claro que, también es posible formar mayorías absolutas a base de acuerdos con otras formaciones con las que se tengan mayores similitudes ideológicas, aunque, en determinados temas no coincidan plenamente. Este fue el caso del gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero que, gracias a acuerdos, en ocasiones contra natura, con otros partidos y a costa de importantes cesiones (como fue el caso de permitir a los catalanes aprobar un Estatuto que, sin duda, se extralimitaba en cuanto a facultades y traspasos por parte del Estado, concediéndoles unas prebendas de las que carecían todos los otros estatutos autonómicos) consiguió algo de lo que parecen haberse olvidado los dirigentes del PSOE de la actualidad.

 Por lo visto, el señor Pedro Sánchez, no ha incluido entre sus conocimientos el repaso de lo que ocurrió en los últimos años en los que, el señor Rodríguez Zapatero, gobernó España. Aparte de ser el culpable de las dificultades por las que hemos tenido que pasar los españoles consiguió, de hecho si no de derecho, gobernar con una suerte de mayoría absoluta cuando, por el llamado Pacto del Tinell (14 diciembre 2003), tanto los separatistas catalanes como los partidos de izquierdas acordaron el famoso cordón sanitario por el cual se marginaba al PP de cualquier posible intervención en la política del país. ¡Y así fueron las cosas! Suena a déjà vu, sólo que propuesto por los antecesores del ahora crítico Sánchez, cuando los socialistas en el 2.008 propusieron una reforma de la ley electoral para que se pudiera hacer “la elección directa de los alcaldes”. No ha pasado tanto tiempo para que ahora hayan decidido, sólo porque lo propone el PP, oponerse a ello y, todavía peor, acusar de antidemocrático que un partido, que cuenta con suficientes votos en la Cortes Generales, pretenda aprobar una reforma para la que está perfectamente legitimado aunque, al resto de formaciones, conchabadas de nuevo contra la derecha o centro derecha, se opongan a ello.

 El escuchar decir al ínclito y malhumorado señor Llamazares, de IU, sandeces del calibre de que su partido va a “boicotear” la propuesta de reforma electoral y que “llamarán a movilizaciones contra una reforma que, a su juicio en un golpe de mano” hace dudar de que este señor puede ser un parlamentario capaz de ocupar su escaño.

¿Es que este señor tiene alguna idea sensata?, porque sus intervenciones parlamentarias más bien se pueden calificar de sectarias, totalitarias e impregnadas del comunismo más casposo de la era estaliniana. Pretende insinuar que el PP pretende “meter mano en la urna para cambiar la voluntad popular”. ¡Absurdo y demencial, don Gaspar! Yo diría que, quienes intentan cambiar la voluntad expresada en las urnas por los españoles el 20 de noviembre del 2011, son precisamente ustedes, las izquierdas que no han sabido digerir la derrota que sufrieron en dichas elecciones. Lo cierto es que tanto IU, como el PSOE, como los separatistas catalanes tienen un concepto muy particular de las reglas de la democracia; diríamos que, para su gusto, los que disponen de mayoría absoluta por voluntad del pueblo, deberían hacer lo que ustedes harían si estuvieran en el poder, porque, en caso contrario, les tachan de antidemocráticos, totalitarios y reacios al diálogo. Vaya, que ganen unos u otros, para la izquierda lo que importa es que sigan ellos ostentando el poder. A esto se le llama, para entenderse, la “ley del embudo”

Si de algo nos quejamos los de derechas del gobierno del señor Rajoy es, precisamente, de que haya querido a toda costa lograr consensos con el resto de partidos del arco parlamentario; olvidándose de que dispone de votos suficientes para sacar adelante muchas leyes que, los que los votamos, estamos esperando que saque y que no lo hace por miedo a la reacción de sus oponentes. Una de ellas, como recordaba en su día el Foro Historia en Libertad y reiterada estos días por tres historiadores que han vuelto a recordar al PP la necesidad de eliminar la Ley de Memoria Histórica, un infame intento de tergiversar la verdadera Historia. Cuando hablan de que el PP “no busca ningún acuerdo” no hacen más que mentir una vez más, a no ser, que para esta izquierda que tenemos en España, negociar quiera decir aceptar, de pe a pa, todo lo que ellos quieran proponer.

Claro que, el proponer que el alcalde salga de la lista más votada, siempre que concurran otros requisitos que deberán determinarse, parece que sea lo más sensato ante la experiencia de que, en ocasiones,  los que han obtenido mayor número de votos, aunque no sean mayoría, se ven desplazados de la alcaldía por el conjunto del resto de partidos que se unen para elegir un alcalde de entre ellos, aunque los partidos que lo han elegido no compartan ni ideas ni programas de gobierno con lo que, al final, todo acaba redundando en perjuicio de la ciudadanía, que es quien deberá sufrir los desacuerdos entre ellos. El doctor De Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la  Autónoma de Barcelona, comparte su rechazo a que el alcalde pueda salir de entre las minorías y propone lo que se hace en Francia, la doble vuelta en el caso de que el partido ganador no sobrepase el 50% de los votos porque, si lo sobrepasa, será la lista más votada la que podrá nombrarlo directamente.

 
Pero los hay que, en su antidemocrática concepción de lo que es la democracia, como es el caso de la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, dice que va a llevar al Parlamento Europeo la “ antidemocrática” reforma electoral que propone el gobierno del PP para que los alcaldes sean elegidos de la lista más votada. Por lo visto, el grupo de liberales y demócratas en el Parlamento Europeo “están muy preocupados”. No lo estuvieron cuando el contubernio de partidos en contra del PP, en tiempos de Zapatero, logró llevar a España al borde del default ni tampoco cuando, gracias a ellos, la nación perdió varios cientos de miles de empresas y llevó al paro cerca de cuatro millones de trabajadores. Se olvidan de que, el sistema de democracia a la carta, que pretenden para España aquellos que fueron causantes de la gran crisis, no sería entendido en ninguna parte del mundo, salvo, claro está, en aquellos países totalitarios, absolutistas, comunistas o dictatoriales, donde las leyes sólo favorecen a aquellos que quieren enriquecerse o someter a la esclavitud a sus ciudadanos. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, denunciamos a quienes pretenden abolir el Estado de Derecho.