Por José Luis Orella
La Historia siempre es presentada como una madre que enseña el pasado para evitarnos la repetición de los errores en un futuro próximo. Los hechos históricos siempre serán como fueron, pero la interpretación de ellos, en su contexto, para su comprensión, es la difícil faceta del historiador, cuya profesionalidad debe estar por encima de sus afinidades personales, aunque le ayuden a un mejor conocimiento del hecho tratado.  No obstante, el mal uso llevado por algunos movimientos políticos, que pretenden la eliminación o reinterpretación del pasado para sus objetivos electoralistas han obligado algunos gobiernos a tomar parte en ello.
En Polonia, la nueva ley sobre el Holocausto, castiga penalmente toda interpretación que acuse a la nación polaca de colaboración de los judíos en los campos de exterminio que los alemanes construyeron en su país, durante su ocupación. Las protestas del ejecutivo israelí a esta ley, sorprenden más, cuando deberían estar preocupados por la defensa de la verdad histórica, y no en buscar puntos de colisión con el actual gobierno polaco.  A nivel académico, el compromiso polaco en la ocultación de sus conciudadanos judíos, ha quedado demostrada, con obras como la de Grzegorz Górny y Barrie Schwortz: Oblicze prawdy. Zyd, ktory zbadal. Calun Turynski. Miles de polacos fueron ejecutados por tal albor, y se conoce  el caso de más de siete mil que ayudaron al ocultamiento. El colaboracionismo con los nazis quedó centrado en la policía judía de gueto (jüdische Ordnungsdienst) y los alemanes étnicos, miembros del (Jungdeutsche Partei in Polen), quienes pasaron, estos últimos, a ser con la ocupación, ciudadanos del Reich. En cuanto a la colaboración de la policía del gueto, quedó demostrada por la documentación sobre la vida en el gueto de Varsovia, del historiador judío-polaco, Emanuel Ringelblum, quien fue fusilado junto a la familia polaca que lo escondía en 1944. La ignorancia de estos hechos puede dar a malas interpretaciones, como ocurrió con el anterior presidente estadounidense, lo que obligó a la aprobación de esta ley, para preservar la verdad histórica.
Con respecto al caso español, la propuesta socialista de Ley de Memoria Histórica, es el caso contrario. Para evitar investigaciones históricas que pudiesen generar opiniones favorables al régimen del general Franco, se ha buscado la penalización de los profesionales, y eliminación de los vestigios informativos que puedan relacionarse con él, como son nombres de calles, placas de viviendas de protección social de aquella época, incluso nombres de personas o instituciones, que por afinidad política, ideológica o religiosa no representen los principios defendidos por el Frente Popular de aquella época, aunque fuesen de época anterior a la guerra civil. La idealización de una de las partes de la cruenta guerra civil, y la resurrección con motivos políticos de un acontecimiento que sólo debía pertenecer al estudio de los historiadores, corresponde a una forma de adoctrinamiento político en plena democracia, que se traduce en un ataque a la libertad de expresión, de cátedra y al fomento del odio. En una sociedad plural, los historiadores tienen su campo, el estudio del pasado, y los políticos, otro diferente, solucionar los problemas del presente.