Manuel Parra Celaya. No envidio la labor del historiador, especialmente cuando se campo de acción se centra en la época contemporánea. Además de atenerse a la posible deontología que exige su profesionalidad (búsqueda de fuentes y datos, fidelidad, interpretación de los mismos con criterios científicos, máxima objetividad, variedad de enfoques…), debe velar porque el resultado de sus trabajos sea acorde con las verdades oficiales y no se aparte ni un ápice de las instrucciones -tácitas o expresas-a modo de consignas de obligada publicación, que se decía en tiempos; a veces, la apertura de un asomo de duda de tales verdades oficiales puede acarrearle ostracismos más o menos duraderos.
 Esta servidumbre no se circunscribe, incluso, a la investigación de épocas próximas o sucesos recientes, sino que las versiones políticamente correctas de lo que tiene que haber sucedido y el imperativo legal-oficioso correspondiente alcanzan a las lejanías más remotas del pasado; así, la Edad Media, con las consiguientes negaciones de una reconquista y de la conciencia de la España perdida en el imaginario popular medieval; o la valoración de los monasterios como primeras piedras de la europeidad… No digamos para aquellos parajes donde se ha impuesto por doquier el totalitarismo separatista, pues tendremos la oportunidad de comprobar cómo ha desaparecido por ensalmo toda la Monarquía Visigótica o cómo se denuesta íntegramente nuestro fructífero siglo XVIII.
 Se me argumentará que siempre ha ocurrido otro tanto, y es lógico reconocerlo; en efecto, todas las ideologías y regímenes han pretendido justificarse con un pie en el pasado y han impuesto su pequeña o gran censura, con las consiguientes magnificaciones o desvalorizaciones; recuerdo a algunos profesores de Instituto que, acaso para evitarse presuntas complicaciones, ralentizaban su programa para llegar hasta la I Restauración a final de curso y dejaban al albur del alumno el seguimiento de las anodinas o encomiásticas valoraciones del presente de entonces. Y es que la norma general siempre ha sido que la política  siempre ha interferido en la ciencia histórica; véanse, si no, cómo  las interpretaciones liberal y tradicionalista sacaban punta a toda la historia de España a partir del siglo XVI, llevando las ya sosegadas aguas a sus respectivos molinos.
 Pero la actualidad ha sobrepasado todos los ejemplos de intervencionismo y censura históricos, incluidas versiones apasionadas decimonónicas o triunfantes franquismos, lo cual es, por lo menos, paradójico en épocas de democracia, libertad de expresión y libertad de cátedra proclamadas urbi et orbi sin limitaciones. No hace falta recordar el tratamiento de que han sido objeto historiadores que se alejaban de la verdad oficial en toda Europa y, concretamente, en España; es sintomático el caso de Ricardo de la Cierva -proscrito en cualquier universidad española- o el más reciente del profesor Luis Suárez, por calificar a Franco de gobernante autoritario en lugar del obligado calificativo de totalitario.
 No importa que se aporten datos fidedignos o documentos que sustenten sin lugar a dudas los asertos del historiador. La larga sombra de lo políticamente correcto o de la memoria histórica planea sobre cualquier trabajo con encarnizamiento inquisitorial. Lo que importa es que llegue un mensaje único y sin fisuras que dé soporte al pensamiento igualmente único a los niños y adolescentes que pueblan las aulas; todo ha de estar en consonancia: ideas-fuerza, valoraciones, pasado, presente…
 El gran consuelo que nos queda es que, por mucho que se esfuerce la censura del Sistema, el futuro no está escrito todavía.