Fidel García Martínez España se encuentra en una situación política muy delicada porque, según informaciones solventes, el PSOE no está dispuesto a pactar la Ley de Presupuestos de la Nación, de absoluta necesidad para que la economía no sufra una parálisis que supondría una grave dificultad para todos los españoles, especialmente pensionistas, parados, investigación en I+D y otros medidas necesarias. Mariano Rajos ha apostado por el PSOE como socio preferente para no prorrogar los presupuestos, pero el PSOE está de nuevo por el No es No, de tan nefastas consecuencias para el propio PSOE y para todos los españoles.

Rajoy ya tiene el sí de Coalición Canaria Ciudadanos, Foro Asturias pero le faltan aún 39 escaños, para poder estar tranquilo y no tener sobresaltos innecesarios. Es la hora de la responsabilidad de Javier Fernández y de la Gestora que dirige. Mientras tanto en el PSOE ha estallado la guerra por la Secretaría General a la que aspira el míster No es NO, lo que impide dar a Mariano Rajoy un balón de oxígeno para que la aprobación de los presupuestos se produzca antes que finalice marzo, para evitar la prórroga o lo que es mucho peor nuevas elecciones. Todo lo contrario de lo que está haciendo el PP oxigenando continuamente al PSOE.

Las condiciones que pone el PSOE de Fernández son inasumibles, porque entre otras propuestas está la de asignar 1.000 millones de gastos para la renta social mínima, con esto el PSOE pretende, obsesionado como está con Podemos, paraque no le arrebate la bandera de la demagogia social y sobre todo que se le acuse de formar la gran coalición con el PP, con lo que tendría la manos libres, para presentarse como el defensor de los indignados, lo que ahora no han hecho porque solo se preocupan de ellos y de cómo repartir el poder entre pablistas y errojonistas.

Tiene razón Javier Fernández cuando sostiene que se debe denunciar el populismo y la demagogia de Podemos. Pero el problema lo tiene también en casa porque si se aprueban los 1000 millones que quieren el PSOE los pagarían los pensionistas, los parados, la investigación y otros servicios sociales necesarios.