Redacción Madrid. 20 de abril.

El nuevo Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Frank Pearl, reconoció hoy que la ley de Justicia y Paz, uno de los hitos del gobierno de Alvaro Uribe, es una normativa ambiciosa pero mejorable ya que algunos paramilitares del total de cerca de 34.000 desmovilizados han vuelto a delinquir.

Pearl hizo estos comentarios durante un debate organizado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) en la Casa de América en el que también reconoció que las extradiciones de ex jefes paramilitares a EEUU, como Salvatore Mancuso o Macaco, han "interrumpido" los casos que la justicia colombiana tenía contra ellos.

No obstante, se mostró a favor de continuar con ellas porque, según dijo, favorecen a que se conozca la verdad.

El juez Baltasar Garzón, presente durante el debate, rebatió esta tesis ya que, en su opinión, las extradiciones han conllevado un "parón importante" en la recogida de testimonios y consideró que para que la Ley de Justicia y Paz tenga credibilidad debería suscribirse algún acuerdo entre Colombia y EEUU para que se pudiera aplicar la normativa a los extraditados que, de otra manera, en los tribunales estadounidenses solo se enfrentarán a delitos menores. "La ley tiene un límite -añadió- respetar la justicia penal internacional" que persigue los delitos de lesa humanidad.

Además, destacó que dos asignaturas pendientes de la normativa son que haya una reparación "auténtica y verdadera" de las víctimas, que en muchos casos casos reclaman tierras y este tema es "peliagudo" por la falta de titularidad de las mismas; y que se considere víctimas también a quienes lo fueron a manos del Estado y no solo de los grupos de paramilitares.

Pese a estas carencias, algunas de ellas incluidas en el informe presentado hoy por el CITpax, este documento considera que la restitución de la justicia y el reconocimiento a las víctimas son los mayores beneficios de una Ley que fue muy criticada por algunas ONG que consideran que premia la impunidad ya que los 'paras' desmovilizados solo se enfrentan a penas de ocho años por delitos de lesa humanidad si piden perdón, no vuelven a delinquir y cuentan la verdad.

Según los datos ofrecidos por Pearl, la ley ha permitido que se denunciaran 22.000 hechos, se han registrado 6.889 confesiones, localizado 2.055 cadáveres y más de mil fosas.